La garantía de una votación está perfectamente regulada. Lo primero "que las urnas antes de empezar a votar no tengan papeletas" y para eso deben ser transparentes y estar selladas. El censo de votantes debe ser real y no estar manipulado.El votante se debe identificar y estar en el censo. Se procede a tacharlo del censo para evitar la doble votación. El recuento debe ser publico. El control de todo esto se encarga a los interventores acreditados. Sin estos requisitos no hay votación fiable.(Presidente de mesa en varias ocasiones)
ESTAS URNAS NO VALEN, NO HUBO GARANTÍAS DE CUSTODIA, NO HUBO CONTROL. NO VALEN LOS RESULTADOS |
Ni los expertos que contrató la Generalitat consideran legal la consulta del 1-O
El informe de uno de los dos grandes grupos de observadores internacionales contratados por la Generalitat cuestiona abiertamente la "integridad" del resultado de la votación ilegal del 1-O. El denominado Equipo Internacional de Expertos Electorales Internacionales (IEERT), dirigido por la neozelandesa Helena Catt, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que obra ya en poder de la Justicia, mediante el que certifica que el referéndum ilegal no cumplió con los estándares internacionales y denuncia un sinfín de irregularidades.
Este grupo de 70 observadores que visitó más de 100 puntos de votación en Cataluña y que supervisó lo ocurrido entre las 05.00 y las 20.00 horas, concluye que el referéndum del 1-O no cumplió fielmente con ninguno de los imperativos legales de una consulta electoral.
Destaca inconsistencias en la comisión electoral, la elaboración del registro de votantes y su uso el día de la votación, la organización de los centros electorales, el acceso de los propios observadores el día de la votación, el personal de la mesa electoral, las garantías para el voto secreto, la cadena de custodia de las urnas o el recuento. Así, entre otras cuestiones, los observadores señalan que no pudieron observar "el recuento final de votos". Y por ello rechazan informar sobre la "integridad del resultado final".
Es más, según explica el informe de los expertos a sueldo del Gobierno catalán, se incumplió la obligación de que "al menos dos personas" custodiaran las urnas durante la votación y que "no hubo una comisión electoral en orden".
"En algunos casos nuestros observadores comprobaron cómo los miembros de la organización huyeron con las urnas para esconderlas en un lugar seguro hasta que se cercioraran de que la amenaza policial había cesado", detallan. Y concluyen que en estos supuestos "no hay manera de comprobar que la urna que regresó fue la misma, que ésta hubiera sido abierta o que se hubieran añadido nuevos votos en ella". En este sentido, "no se advirtió ninguna orden clara de preservar la cadena de custodia de las urnas".
Si la comisión de garantías contratada por la Generalitat y pagados con 200.000 € pone todas las dudas sobre el mínimo de garantías, no vale la pena seguir hablando de cifras.
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