AGRESION A INFORMADORES CON IMPUNIDAD, LA POLICIA NO ACTUA

 

AGRESION A UN INFORMADOR DE TVE SIN QUE INTERVENGA LA POLICIA ANTE EL DELINCUENTE AGRESOR, ¿CONNIVENCIA?

Estamos asistiendo, con peligrosa reiteración, a la contemplación de agresiones físicas, intimidaciones y daños materiales en las cámaras y micrófonos que impiden recibir la información sobre lo que está sucediendo en los alrededores de actos políticos o acontecimientos de trascendencia informativa. Que yo sepa no se ha iniciado ningún procedimiento penal ni se han impuesto condenas.

Entiendo las dificultades para hacer efectiva la protección policial. En algunos casos la posibilidad de que se produzcan actuaciones violentas es altamente previsible. No hace falta una profunda investigación para concluir que esta eventualidad se puede producir en los casos de informadores que cubren las concentraciones o manifestaciones de los partidos políticos de la oposición o agrupaciones de inequívoca orientación extremista de derechas. En estos casos se debe formar un cordón de seguridad que evite cualquier interferencia en el libre ejercicio del derecho a la información. En otros actos habrá que valorar las posibilidades y en todo caso acudir cuando se reciba algún requerimiento ante la comisión de un hecho delictivo.

LA POLICIA PEGA A LOS ANTIFASCISTAS PERO NO HACE NADA CON LOS FASCISTAS. LA POLICIA ES FASCISTA. QUEDÓ ACREDITADO CON LA ACTUACION AGRESORA AL MENOR PORTADOR DE LA SEÑERA. EXPULSIÓN INMEDIATA DE LOS POLICIAS AGRESORES, SE IRAN A SER PORTEROS DE DISCOTECA

VOLVER AL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL

Las hostilidades entre progresistas y conservadores amenazan con llevar al Poder Judicial a la parálisis

• Los vocales elegidos a iniciativa del PP rompen relaciones con los consejeros de izquierda al considerar una “deslealtad tremenda” el comunicado en el que pedían autocrítica a la presidenta Isabel Perelló

• Por contra, la sensación en el bloque progresista es que ese comunicado que trasladaron de forma previa a la presidenta, aunque no al resto de sus compañeros, era un necesario “golpe en la mesa”. Consideran que era inevitable actuar con firmeza tras dos años de cierta subordinación a la presidenta y a los vocales de la derecha, que han “impuesto su rodillo” en cuestiones muy relevantes, como el reparto de poder dentro del órgano. “Estamos donde queremos estar: abiertos a hacer un programa de gobierno discutido y asumiendo que hay cosas en las que no hay acuerdo, pero no dispuestos asumir por asentimiento todo lo que ellos proponen”, apuntan en el bloque progresista. 

  El nuevo escenario proyecta una sombra de bloqueo sobre el órgano en caso de que los conservadores mantengan su órdago. No obstante, algunas voces de este bloque consideran que aunque la situación será muy tensa en los próximos meses “no es insalvable”: “Ya hemos demostrado que podemos superar estas cuestiones y que, aunque discrepemos, tenemos capacidad de encapsular los conflictos”.

  Los nombramientos en la cúpula judicial requieren una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques. Para otras decisiones, sin embargo, se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador podría lograr gracias a la presidenta y al vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado, con quienes ya se han aliado en otras ocasiones. La más relevante, en octubre del año pasado, cuando se pusieron de acuerdo para imponer una mayoría conservadora en ocho de las once comisiones en la que se organiza el trabajo de la institución.

  Por mandato legal, esas comisiones tienen que volver a renovarse de nuevo en unas semanas, lo que también explica que se hayan desatado las hostilidades entre ambos grupos, de acuerdo a las fuentes consultadas. La más relevante es la Comisión Permanente, el núcleo duro formado por siete vocales y la presidenta y donde se toman muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Y ahí, los conservadores defienden que tanto Perelló como Preciado forman parte de la “cuota” progresista, lo que reserva solo dos puestos para los otros nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar.

• GANAN LOS DE SIEPRE, PARA ESO "TODO QUEDÓ ATADO Y BIEN ATADO"

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LE PEGAN AL PELO Y A LA PLUMA, NAZIS NUEVOS

 LOS NUEVOS NAZIS ALEMANES LE PEGAN AL PELO Y A PLUMA.

Un exoficial de la Stasi, un antiguo actor porno, neonazis y prorrusos: así son los nuevos diputados de AfD

Los medios de comunicación alemanes han revelado que, entre los 39 parlamentarios que representarán a las circunscripciones de Sajonia-Anhalt en el Parlamento regional, se encuentra un hombre del que se sospecha que ha participado en películas pornográficas y ha falsificado sus títulos académicos; un antiguo oficial de la policía secreta de Alemania Oriental, la Stasi; y varios miembros investigados penalmente por su participación en organizaciones neonazis.

Un exoficial de la Stasi, de 78 años, que obtuvo un escaño directo en su circunscripción, ha admitido haber trabajado para el Ministerio para la Seguridad del Estado de la RDA comunista, centrándose en los ciudadanos de Alemania Oriental que deseaban emigrar de forma permanente.

Su papel como diputado electo ha sido criticado por grupos de presión que defienden a las víctimas de la antigua dictadura de Alemania Oriental.

ESTAR FICHADO. RIESGO INMINENTE

MARLASCA FICHADOR DE PERIODISTAS

El dossier sobre los periodistas con fichas con su adscripción ideológica del gabinete de comunicación del Ministerio del Interior tiene muchas lecturas, algunas serias, otras cómicas, algunas bochornosas, la mayoría sobreactuada. Lo primero es decir que la oficina de comunicación de Interior ha sido imprudente e irresponsable al realizar un listado de periodistas incluyendo su adscripción ideológica en un documento con el membrete del Ministerio porque no es un ministerio más y la historia de este país tiene un pasado funesto con este tipo de listados. Es espectacular que responsables de comunicación no sean capaces de prever el problema de comunicación y de reputación que puede darse si, como ha ocurrido, trasciende a la opinión pública. Solo por eso, y creo que es lo único grave de todo este asunto, hay gente que tendría que dimitir.

A todos los periodistas les pone sentirse espiados por el poder, o que su labor es perseguida, perseguida pero poco, porque solo lo desea quien no han visto afectada su vida por algún tipo de actuación contra su independencia e integridad. Que te persigan por la calle por lo que haces como periodista no es bonito. Algunos que aparecen en el listado han decidido dar vergüenza ajena hablando de cómo la policía les espía, como el ministro fallido de Susana Díaz que en su delirio anti Sánchez se encarga de dar cringe por redes sociales. Lo peor de esta semana ha sido ver a privilegiados que jamás sabrán lo que es tener represalias por tu trabajo haciéndose la víctima.

No hay noticia más sobrerrepresentada en la agenda pública que aquella que afecta a un grupo de periodistas porque somos el colectivo más pesado, pagado de sí mismo, autorreferencial e insoportable de toda la gremial española. Pido perdón por eso. Lo siento de veras. Solo hay que ver el espacio que ha tenido en todos los medios de comunicación el dossier de la TIA en comparación con las noticias de policías infiltrados en colectivos sociales o movimientos antifascistas, antirrepresivos y de izquierdas en general cuando estas se han dado. Porque eso sí que es grave y afecta a la libertad de asociación y no al de un colectivo donde hablan de este que les escribe como “claramente de izquierdas”.

Lo que he sentido al ver mi nombre en ese dossier del Ministerio es bochorno, por lo chapucero del documento, por la incompetencia de quien lo ha realizado y por la reacción histriónica de algunos que se han visto en la lista, o por el ego roto al no haberse visto. Me ha ofendido profundamente que consideren que Madina y yo somos de izquierdas sin graduarlo, creo que Madina pensará lo mismo que yo porque el PSOE dejó de ser marxista en Suresnes y no estará tampoco de acuerdo en que le equiparen conmigo, uno por exceso y el otro por defecto. Ya está, sin drama. Porque una de las labores de los periodistas es ponderar la importancia de cada noticia en el establecimiento de la agenda pública. Unos de los papeles de la prensa, por encima de todo, es el de establecer una jerarquía de importancia en las noticias de cada jornada, seleccionar entre todas las noticias y establecer un orden que es el que marca lo que va a tener más visibilidad. Establecer esta noticia como una de las más importantes de la semana, como ha ocurrido, es una manera sutil de manipulación que también conviene denunciar.

ESTAS FICHADO, LA JODISTE

 

LOS JUECES NO HACEN JUSTICIA HACEN POLITICA RASTRERA

 

EL PUEBLO SOBERANO NO CREE EN LA JUSTICIA, YO TAMPOCO.

Un respeto, Señoría

• Los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas

• En 2024 se estrenó Justicia artificial, una película que jugaba con la premisa de que los jueces españoles fueran sustituidos por una IA. El director, Simón Casal, ya había hecho un documental del mismo título en 2022, en el que un grupo de jueces, filósofos, investigadores y expertos en inteligencia artificial analizaban los pros y contras de esta idea que, hoy y visto lo visto, me parece graciosísima. Es como elegir entre susto o muerte. Es posible que no todas las IA sean como PHASEONE10841, el nombre del agente que inició la insurrección para salir de los servidores en OpenAI y hackear inesperada e ilegalmente otra empresa de IA, Hugging Face, después de intentar cubrir su rastro y borrar las pistas. 

  También es posible que la mayoría de las jueces no sean como algunos de los que se sientan en el Tribunal Supremo, que este mes ha decidido implantar, por vía cautelar, el voto censitario y acabar con la tontería de que todos los españoles, vivan en España o en Tegucigalpa, tengan derecho a votar en las elecciones generales. Que lo diga la Constitución es un asunto menor. ¡Orden en la Sala, esto es, en España! Si hay que contribuir a extender la sospecha sobre la limpieza de las elecciones desde un estrado, se hace y punto en boca. No han sido una excepción los jueces del Supremo porque estos días se han acumulado resoluciones curiosas, como el archivo de la investigación a la Casa de Alba por abrir pozos ilegales en Doñana, porque no está probado que extraer agua ilegalmente de un parque nacional protegido dañe el medio ambiente. Nueve pozos ilegales, de los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal, que generaron un beneficio ilegal de cinco millones de euros, y aquí no ha pasado nada. O la sentencia que confirma la absolución de Pilar Baselga, esa mujer tan equilibrada que se hartó de llamar “Begoño” y narcotraficante a Begoña Gómez ante cualquiera que quisiera escucharla. ¿Por qué esto no es un delito contra el honor? Porque una persona pública debe aceptar un nivel de crítica más alto que el común de los mortales: la difamación y atribución de delitos es, según los tribunales, simple crítica un poco salida de tono. ¿Significa eso que se puede insultar impunemente al juez Marchena, por ejemplo? No lo intenten en su casa. 

  La judicatura pontifica sobre la separación de poderes y los equilibrios y contrapesos, pero la realidad es que el desequilibrio entre el poder judicial y el poder legislativo, a favor del judicial y en contra del legislativo de determinadas opciones políticas, se hace cada día más evidente. El politólogo Ran Hirschl lo llamó juristocracia, cuando los jueces toman decisiones que corresponderían a la acción política, impidiendo o modificando decisiones legislativas o ejecutivas legítimas de gobiernos elegidos democráticamente. Ahora mismo hay que recordar a los ciudadanos que los jueces están para resolver conflictos de los ciudadanos, de acuerdo a las leyes, y que todos los poderes del Estado, también el judicial, emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. Es inaudito que hayamos normalizado que los acuerdos sustentados en mayorías políticas no puedan aplicarse porque así lo imponen un puñado de jueces que no rinden cuentas a nadie, como demuestra el nulo impacto que tienen las reconvenciones de los tribunales europeos. El mantra de que “los jueces elijan a los jueces” supone un último intento de un poder del Estado de desvincularse de la soberanía popular. 

• La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pedía respeto a los jueces en la apertura del año judicial pero olvidó decir que los jueces también deben respetar a los ciudadanos y sus representantes, y respetar las transformaciones políticas que los españoles demandan y consensúan, aunque no estén de acuerdo con ellas. Más que las críticas, legítimas y libres, debería preocuparles por qué se ha desmoronado su imagen y su apariencia de imparcialidad y neutralidad. Es evidente que la mayoría de los jueces ejercen su labor de acuerdo a estos valores, pero no queda claro a los ciudadanos, y así lo dicen las encuestas, que todos lo hagan. Si se critica a los políticos por politizar la justicia, ha de hacerse lo mismo con los jueces por judicializar la política. 

• Los ciudadanos tienen derecho a plantear a través de sus representantes modificaciones de leyes: lo que ayer era ilegal puede ser hoy legal y al contrario. Los jueces no deben interferir en esa voluntad popular más que en su condición de ciudadanos españoles con derecho a voto y en su labor institucional de garantes del respeto a la Constitución y leyes y derechos fundamentales. Su intromisión en la “ley de nietos” supera, con mucho sus funciones, y supone, de hecho, privar del voto a españoles de pleno derecho. Del mismo modo, los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas, siempre respetuosas con las leyes y derechos fundamentales, que en su día votaron en las urnas. 

• FEIJÓO TU COMO FRANCO, EL PODER A TODA COSTA , INCLUIDA LA DEMOCRACIA

NARVAEZ PARA LO QUE JUSTE MANDAR FEIJÓO

 

LA JUSTICIA AL SERVICIO DE FEIJÒO. LA PRESIDENTA DEL CGPJ SE DESCARA A FAVOR DE FEIJÓO

¿DONDE ESTÁ LA SEPARACIÓN DE PODERES? EL JUDICIAL MANDA EN TODOS LOS PODERES

PONENTE ANTONIO NARVAEZ, FACHA SIN DISIMULO

 

PONENTE ANTONIO NARVAEZ FACHA SIN DISIMULO

El magistrado que ha redactado el auto de medidas cautelares que ha dejado provisionalmente sin derecho al voto a medio millón de españoles –los que han adquirido la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos– participó el 18 de abril de 2023 en una cena con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que aireó el bulo de que el Gobierno de Pedro Sánchez podría servirse de la empresa Indra para organizar un pucherazo. Quien se creyó ese bulo difundido a través de internet y lo transmitió al líder de la oposición fue Antonio Narváez, exmagistrado del Constitucional a propuesta del PP y actual miembro de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a propuesta del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. El auto, que convierte, aunque sea provisionalmente, en ciudadanos de segunda clase y sin voto a los descendientes de exiliados del franquismo, aprecia también un riesgo de fraude electoral al considerar que su incorporación al censo supone "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

El magistrado que ha redactado el auto de medidas cautelares que difundido a través de internet y lo transmitió al líder de la oposición fue Antonio Narváez, exmagistrado del Constitucional a propuesta del PP y actual miembro de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a propuesta del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial.     convierte, aunque sea provisionalmente, en ciudadanos de  segunda clase y sin voto a los descendientes de exiliados del  franquismo, aprecia también un riesgo de fraude electoral al .... considerar que su incorporación al censo supone "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".