martes, 3 de noviembre de 2026
DEFIENDEN A PINOCHET EL ASESINO DICTADOR. IDA Y KAST
lunes, 2 de noviembre de 2026
ESTO ES LO QUE TRAERA PP MÁS VOX
La agenda oculta de PP y Vox: recentralización, recortes sociales y alineamiento con Israel
La precampaña del 29N permite anticipar algunas de las prioridades de una derecha que promete legislar en favor de las empresas, cuestiona el modelo territorial y mantiene una estrecha sintonía con las posiciones de Trump y Netanyahu. Detrás de las consignas sobre libertad y eficiencia de Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) se dibuja un programa que afecta a los derechos laborales, el autogobierno y las políticas sociales.
Hay propuestas que permiten entender mejor a un partido que cien discursos de campaña, aunque ambos escondan algunas para no repetir los errores que les llevaron a quedarse sin el poder en 2023. La posibilidad de que las mutuas puedan dar el alta médica a trabajadores enfermos, los ataques a los fueros y la defensa de Israel, advertida en dirigentes como Ester Muñoz, Isabel Díaz Ayuso o el propio Abascal, son tres ejemplos de las prioridades que PP y Vox colocarán en el debate público si obtienen mayoría.
Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta a que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan conceder el alta médica en determinadas patologías. El presidente del PP no ha concretado qué enfermedades quedarían incluidas ni cómo se garantizaría la independencia de las decisiones. Actualmente, estas entidades pueden realizar el seguimiento de las bajas por contingencias comunes y proponer altas, pero la decisión corresponde al sistema público. En las enfermedades profesionales, en cambio, ya disponen de competencias específicas. La propuesta supondría ampliar su capacidad de intervención en los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común.
El debate no es menor. Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social vinculadas a asociaciones empresariales. Entregarles más poder para decidir cuándo una persona está en condiciones de regresar al trabajo plantea un evidente conflicto de intereses que los sindicatos CCOO y UGT han denunciado. Una baja médica no es un privilegio que se concede al trabajador ni una concesión que deba retirarse para aliviar los costes empresariales: es una decisión sanitaria que debe responder a criterios clínicos.
La propuesta se presenta bajo el argumento de combatir el absentismo y perseguir el fraude. Sin embargo, convertir las sospechas sobre determinadas bajas en el centro del debate corre el riesgo de trasladar al conjunto de los trabajadores la responsabilidad de un problema que también está relacionado con el envejecimiento de las plantillas, las condiciones laborales y las dificultades de acceso a la sanidad pública. Quien está enfermo necesita recuperarse, no afrontar la incertidumbre de que una entidad vinculada a los intereses empresariales pueda decidir que debe reincorporarse antes de tiempo.
LUEGO QUE NO VENGAN CON LLOROS. LOS FACHAS SON LOS FACHAS
POR LOS DEPORTISTAS DE ELITE NO COTIZABAN...
PERO LOS DIRIGENTES SE FORRABAN, CASO RUBIALES, Y OTROS MUCHOS.
Ocho Juegos Olímpicos y una jubilación sin garantías
Uno de los ejemplos que ha puesto sobre la mesa es el del marchador Jesús García Bragado, que participó en ocho ediciones de los Juegos Olímpicos y se retiró de la competición a los 51 años. Su trayectoria refleja las dificultades que puede encontrar un deportista para conseguir que toda una vida dedicada al alto rendimiento tenga un reconocimiento laboral.
"Jesús García Bragado, ocho veces en los Juegos Olímpicos, se retira con 51 años y aunque trabaje y esté dado de alta no le dan los años", ha denunciado Almudena Cid durante el programa. La exgimnasta ha utilizado este caso para ejemplificar las carencias del sistema de protección social de los deportistas, cuyas carreras profesionales suelen comenzar mucho antes que las de otros trabajadores y pueden terminar a una edad relativamente temprana.
En las federaciones cotiza todo el mundo. Menos los deportistas. “Somos el payaso del circo”. ALMUDENA CID
LOS DIRIGENTES FORRADOS CON SALARIOS MILLONARIOS
POLEMICA SOBRE MAO
MANDA HUEVOS CON LOS CHINITOS DE LOS COJONES
DIFERENTES COMPORTAMIENTOS ANTE LA TRAGEDIA
Cuando la tragedia se convierte en munición política: la fábrica de bulos de la derecha y la extrema derecha
Angrois: cuando Feijóo pedía prudencia y ahora reclama lo contrario
Hay otro antecedente ferroviario que resulta especialmente incómodo para Alberto Núñez Feijóo.
El 24 de julio de 2013, el descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela, provocó la muerte de 80 personas. Gobernaba Mariano Rajoy y Feijóo presidía la Xunta de Galicia.
La respuesta de la oposición socialista en las primeras horas y días fue muy diferente de la que estamos viendo ahora. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudió al lugar del accidente el 25 de julio acompañado del propio Feijóo y de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Allí trasladó las condolencias de todos los socialistas a las familias, expresó su tristeza por la tragedia y reconoció el trabajo de los equipos de rescate, sanitarios y ciudadanos que habían ayudado a las víctimas.
No aprovechó aquella primera comparecencia para llamar asesino al presidente del Gobierno, exigir la dimisión inmediata de la ministra o señalar culpables antes de que se conocieran las causas. Eso no significó que el PSOE renunciara a exigir explicaciones. Posteriormente, transcurridos 3 años, reclamó responsabilidades e impulsó una investigación parlamentaria.
Sin embargo, esta vez, dirigentes de Vox señalaron a Sánchez y Puente como responsables directos de la tragedia, los llamaron criminales y se escucharon consignas como “Puente, asesino” en una protesta que hicieron en la calle, mientras todavía se desarrollaban las tareas de rescate.
Pero la comparación verdaderamente reveladora está en Feijóo.
El 23 de enero de 2014, seis meses después del accidente de Angrois, el entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazó abrir una comisión de investigación en el Parlamento autonómico. La reclamaban BNG y AGE para esclarecer las causas del siniestro y depurar posibles responsabilidades políticas. Feijóo defendió que fueran los jueces quienes investigaran las nuevas informaciones y presentó la apertura de una investigación parlamentaria como un intento de utilizar la tragedia para atacar a un partido político.
Y añadió: “Si cada vez que hay una novedad, hay que intentar llevar al Parlamento para echar el dolor de las víctimas sobre un partido, conmigo que no cuenten”.
Qué diferente es el discurso del mismo dirigente cuando el accidente afecta a un Gobierno del que no forma parte. Ahora Feijóo reclama responsabilidades políticas inmediatas, señala al Ejecutivo y anuncia investigaciones parlamentarias. El mismo que pedía prudencia, que rechazaba convertir el dolor en confrontación y que vetó investigaciones sobre Angrois **considera ahora imprescindible exigir responsabilidades antes de que concluya la investigación. **La hemeroteca no tiene memoria selectiva. Los políticos sí.
El 11-M: cuando la mentira se convierte en estrategia política
España ya conoce las consecuencias de convertir una tragedia en una batalla por controlar el relato.
El 11 de marzo de 2004, diez bombas explotaron en varios trenes de Madrid. Murieron 193 personas y miles resultaron heridas. Durante las primeras horas, el Gobierno de José María Aznar sostuvo que la autoría correspondía a ETA, pese a que la investigación policial iba aportando indicios que apuntaban al terrorismo yihadista.
José María Aznar telefoneó personalmente a directores de medios de comunicación para trasladarles la autoría de ETA. El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, mantuvo públicamente esa línea mientras aparecían pruebas que apuntaban en otra dirección.
El 13 de marzo, víspera de las elecciones generales, Mariano Rajoy declaró en una entrevista que tenía la “convicción moral” de que ETA había sido la responsable de los atentados.
Pero la historia no terminó con las elecciones. La teoría de la conspiración sobrevivió durante años. En julio de 2004, Acebes todavía hablaba de la “sombra de ETA”. En 2006, el diputado popular Vicente Martínez-Pujalte seguía sugiriendo posibles vínculos entre los terroristas islamistas y la banda terrorista. La sentencia judicial no acreditó esa conexión.
Maldita.es reconstruyó en su investigación sobre los veinte años del 11-M cómo una versión que no se sostenía con las pruebas siguió alimentándose desde determinados ámbitos políticos y mediáticos.
El daño fue enorme. La tragedia que había golpeado a cientos de familias terminó convertida durante años en una batalla sobre la legitimidad del Gobierno surgido de las urnas. La pregunta dejó de ser exclusivamente quién había cometido los atentados y pasó a ser quién había mentido, quién había ocultado información y quién había llegado o no al poder por aquella tragedia.
El 11-M debería haber dejado una lección democrática: cuando los responsables políticos utilizan la incertidumbre de una tragedia para alimentar sospechas sin pruebas, el daño no termina con la publicación de una sentencia. Puede prolongarse durante décadas.
EL PP ES ASÍ Y NO PUEDE CAMBIAR, SUS ANCESTROS PROVOCARON UN FOLPE DE ESTADO Y LA GUERRA CIVIL CON LA CONSIGUIENTE DICTADURA DURANTE CUARENTA AÑOS.
FEIJÓO, EL FACHA, SE TRAGA A LULA Y PIERDE BOLSONARO
Estamos en tal situación que hasta Feijóo se enrrabieta porque Bolsonaro ha sido derrotado por Lula. Feijóo es de Bolsonaro, Trump y Netanyahu, hacen familia de canallas.
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