Era el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional –máximo cargo uniformado del cuerpo–, pero Eugenio Pino y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, transmitían sus correos electrónicos a través del mail pantalla de un funcionario de la Unidad de Asuntos Internos, que utilizaba el nombre clave de "Lionel" y la discreta cuenta ananas2014@gmail.com. Porque estaban cerrando una operación fuera de la ley: la compra opaca y con fondos reservados de Sprinter e InterApp, diseñados por el Grupo Rayzone israelí para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto". Lo que después se llamó Pegasus.
Era el año 2014, actuaban bajo instrucciones directas del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y pretendían utilizar esa alta tecnología israelí para que la brigada política del comisario José Manuel Villarejo espiase a los políticos soberanistas catalanes en lo que acabaría llamándose Operación Cataluña. Intenciones que quedan claras en uno de los e-mails obtenidos en noviembre de 2017 por Público y que explicaba a los técnicos israelíes:
En aquella época, el comisario-jefe de Barajas era Carlos Salamanca, socio y cómplice de Villarejo e imputado ahora con él en el caso Tándem, quien controlaba todos los mecanismos de seguridad aduaneros de ese aeropuerto y los utilizaba para cometer delitos como facilitar la entrada irregular de inmigrantes.
En ese mismo correo queda claro que la operación de compra de los sistemas secretos de grabación ya ha sido cerrada, porque especifica que se abonarán los tres pagos acordados para pagar los equipos en las siguientes reuniones de los días 3, 6 y 15 de septiembre de 2014. El mes anterior se han efectuado las pruebas de campo en España de esos sistemas de espionaje telefónico, como demuestra la siguiente carta –con membrete, sello oficial y firma del DAO Eugenio Pino–
El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional española bajo el Ministerio del Interior de Fernández Díaz utilizó como suministrador de los programas de espionaje que se emplearon contra políticos catalanes al mismo empresario israelí que en aquellos años violaba las leyes internacionales para suministrar ese software de ciberguerra a países bajo embargo estratégico.
Y Eugenio Pino realizó esa operación sin conocimiento ni autorización judicial –como es preceptivo para sistemas de interceptación de comunicaciones privadas protegidas por la Constitución, que las salvaguarda como un derecho fundamental–, porque la transacción no ha quedado registrada en la Dirección Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, como debería ser si se hubiera seguido el procedimiento administrativo correspondiente.
Un típica operación de las cloacas de Interior, cuyas operaciones no han sido investigadas por los tribunales españoles a pesar de que sendas investigaciones del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya dictaminaron que el ministro Fernández Díaz malversó fondos públicos y empleó ilegalmente recursos policiales del Ejecutivo para espiar y desprestigiar a partidos y personas que eran rivales políticos del Partido Popular o del Gobierno de Mariano Rajoy.
No cabe duda de que el espionaje de políticos catalanes desde Interior comenzó mucho antes. En 2015.
Mariano Rajoy, Fernandez Dáz y su tropa se tienen que sentar delante de un tribunal y dar explicaciones. En los años sesenta en Il Reino Unido se destapó el caso Profumo, ministro de la Guerra de su Majestad y tuvo que dimitir el primer ministro Harold Macmillan.
La policía de Mariano Rajoy ha actuado como si esto fuera la Rusia de de Stalin.
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