El Constitucional da la razón en el último mes a tres personas que denunciaron malos tratos policiales o penitenciarios
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es clara: se exige una investigación judicial exhaustiva en los supuestos de denuncias "creíbles" por torturas o tratos inhumanos o degradantes cometidas por agentes de la autoridad. Pero en tres de los últimos recursos de amparo que ha estudiado el Alto Tribunal español las investigaciones que archivaron las denuncias no fueron todo lo efectivas que debieron.
Así, el TC en poco más de un mes ha dictado tres sentencias que han supuesto un auténtico varapalo para las audiencias provinciales de Badajoz, Granada y Madrid por haber desestimado los recursos de tres personas denunciantes de malos tratos; y ordena retrotraer las investigaciones a su origen.
En el caso de Gustavo C. el Constitucional considera que su denuncia cayó en saco roto. El interno de la prisión de Estremera (Madrid VII) presentó el 18 de mayo de 2018 un escrito al director del centro dirigido al juzgado de guardia afirmando querer presentar denuncia por torturas y malos tratos que decía haber sufrido dos días antes. El mismo día de la declaración de los funcionarios investigados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Arganda del Rey sobreseyó la denuncia por "no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito".
El interno, que cumplía entonces condena en la celda número 36 de aislamiento de la prisión de Estremera, relató al juez un escena escalofriante: "Los funcionarios le pusieron los grilletes antes de salir de la celda a través del pasaplatos pero que en vez de hacerle salir se metieron tres funcionarios en la celda. Uno de ellos le pegó en la cara con la mano abierta y le tiró al suelo. Que salió a gatas corriendo de la celda y se pone en el pasillo donde hay cámaras de vigilancia para que se le vea. Entonces otro funcionario le pone la rodilla sobre su rostro y su cuerpo", consta en la sentencia del TC, del 7 de febrero pasado.
Gustavo C. declaró además que "más tarde le pusieron sujeción mecánica y que cree que lo hicieron todo para disimular la paliza, negando que los incidentes tuvieran como motivo la inspección de su celda, sino que fueron a propósito a pegarle la paliza".
La ausencia de lesiones, según el forense, propició el archivo de la denuncia. Pero los magistrados del Tribunal Constitucional dicen que frente a la denuncia de torturas no se produjo una investigación judicial eficaz, ya que, "aunque se emprendió la investigación judicial y tuvo cierto contenido, se clausuró cuando persistían aún sospechas razonables de que el delito se había cometido".
Una pistola apuntando a la cabeza. Un número no determinado de porras impactando contra el cuerpo. Las rodillas clavadas seis horas contra el suelo. Todo ello con poca comprensión del castellano. Y todo ello a cargo de varios policías. Q. M. describió así su detención por parte de la Policía Nacional en junio de 2020 en Valencia. Según consta en un informe del Consejo de Europa, no fue el único que prestó un testimonio de ese calibre. Las miradas, una vez más, se dirigieron hacia el ministro Fernando Grande-Marlaska.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) recogió el caso de Q. M. y el de otros ciudadanos que alegaron haber sufrido torturas o tratos degradantes en manos de cuerpos policiales en 2020, con Interior bajo la jefatura de Marlaska. De hecho, el CPT se vio en la obligación de pedirle al ministro que transmitiese a los policías "un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes".
"Durante el mandato de Marlaska se están produciendo una serie de vulneraciones de derechos fundamentales que no son investigados por parte de la Administración. De hecho, el CPT en su última visita evidenció muchísimos casos concretos de graves vulneraciones de ese tipo", señalaron a Público desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Paliza policial sin investigar
El 28 de mayo de 2020, una mujer presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Granada exponiendo que cinco días antes varios agentes policiales, que no podía identificar, la habían agredido mientras se encontraba en una manifestación. En su declaración consta que "un agente de la Policía le agarra del cuello fuertemente, la zarandea, golpea y pellizca, causándole múltiples hematomas, dirigiéndose a ella de manera despectiva y diciéndole a gritos que se identificase".
La mujer alegó que se encontraba paseando con su perro y una amiga cuando coincidieron con una manifestación. En ese contexto, asegura que fue su encuentro con los agentes. Uno de ellos le manifiesta: "Estás arrestada, ahora vas al calabozo y a tu perro lo vamos a sacrificar", según consta en la denuncia; tras su queja por la agresión el policía le dice que "todavía no te he pegado, en comisaría te vas a enterar" y "esto te pasa por no respetar".
Todo el informe policial es una pura patraña, se lo saben muy bien tienen presunción de veracidad y abusan porque se lo toleran los jueces y los mandos.
Justicia para Sara B.
El Tribunal Constitucional también ha amparado a una mujer que denunció haber sido sometida en la Comisaría de Badajoz a un cacheo en el que se le instó a desnudarse de forma íntegra antes de ser llevada al calabozo.
El calvario de Sara B. comenzó el 10 de abril de 2019 cuando acudió al juzgado junto a su hija pequeña para recoger un documento. En pocas horas fue detenida como autora de un supuesto delito de desobediencia en el contexto de una denuncia de su expareja por la custodia de las hijas en común. No sólo eso: además fue cacheada y obligada a desnudarse completamente.
Sara B. había sido acusada por su expareja de secuestrar a las niñas y de estar en paradero desconocido, pese a que no se había movido de su casa. Un delirante caso, en el que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, según ha dictaminado el TC en una sentencia del 8 de febrero pasado.
Público y su periodista Marisa Kohan han informado profusamente de este caso de violencia institucional contra una mujer acosada judicialmente por su expareja en un contexto de violencia de género y de un proceso de custodia de las hijas en común.
Sara B. llevó a los tribunales la actuación de los funcionarios en la comisaría de Badajoz; denunció haber sido sometida a un innecesario y vejatorio cacheo con desnudo integral durante su detención policial. Pero su denuncia fue archivada prevaleciendo la versión policial de que no se le había instado a desnudarse íntegramente. No se tuvo en consideración la grabación de audio que la mujer había realizado de forma subrepticia desde que fue detenida hasta que ingresó en el calabozo policial, que demostraba que la agente policial le instó a "quitárselo todo".
Pero esa agente nunca llegó a declarar ante la juez. La defensa de Sara B. había solicitado un careo, que no fue admitido.
La sentencia del Constitucional ampara a Sara B. señalando que "era relevante intentar esclarecer si se practicó o no un registro corporal con desnudo integral y, en caso afirmativo, determinar con qué finalidad y hasta qué punto era una medida proporcionada a las circunstancias concurrentes". Es decir, el Alto Tribunal reprocha a la jueza instructora que concluya que no se puede acreditar el presunto atentado a la integridad moral que había denunciado la mujer si no se han practicado todas las diligencias posibles tendentes a esclarecer los hechos.
Y concluyen los magistrados recordando que esa modalidad de registro corporal "puede llegar a acarrear un sufrimiento de especial intensidad o provocar una humillación o envilecimiento del sujeto pasivo y constituir, por tanto, un trato vejatorio y degradante, prohibido por el artículo 15 de la Constitución".
La policia maltrata y tortura, los jueces miran para otro lado "lo dice el Tribunal Constitucional" y Grande Marlaska ministro del Interior pasará a la historia como el más grande de los miserables. Junto con Pedro Sánchez que lo ampara.
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