Nadie en su sano juicio creería posible que estén intentando derribar un gobierno, incluso hacer temblar al Estado, a través de la demanda de un individuo acusado de tres delitos fiscales cuya privacidad, dice, ha sido presuntamente invadida. Por la Fiscalía General del Estado, nada menos, el órgano que tiene encomendada la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera entendería que ese sujeto pudiera acceder a tan alta magistratura por un supuesto delito menor. Pero ocurre que este hombre es la pareja conviviente de la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ella dice que es un señor particular. A un señor particular no se le facilitan semejantes medios. Ella dice que “Moncloa ha orquestado un caso para intentar destruir a una rival política”, y lo dice como presidenta de una comunidad autónoma y obviando que fue su novio el que se orquestó a todo trapo, según le imputa la Fiscalía, tres delitos –dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental– al intentar evadir impuestos de sus millonarias comisiones. El señor particular de Ayuso, Alberto González Amador, lo admitió y ofreció pagar 350.951 euros e incluso aceptar una condena menor de cárcel que no implicara ingreso en prisión.
Y aquí llega el director de operaciones de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y envía a varios medios la historia al revés: en su versión es la Fiscalía la que le ofrece un pacto. La Fiscalía lo desmiente. Y el novio de la novia del PP siente vulnerada su intimidad. Y un juez del Supremo manda a la Guardia Civil a hacer un registro de 11 horas en la sede de ese órgano que vela por los derechos de todos y confisca ordenadores y móviles. Han dejado a la intemperie incluso asuntos que afectan a la Seguridad Nacional de España, como han advertido la Asociación de Fiscales, y varios juristas. Eso sí que es vulnerar intimidades a lo grande. Y con todo ello no han temblado los cimientos de este país. Es el novio de Ayuso, está dicho todo.
Es tan absolutamente desmesurado que la técnica merece tener un nombre propio. Recuerda, solo que al revés, lo sucedido con el capo de la Mafia Al Capone, en el Chicago de los años 30, cuando –tras incontables delitos– fue condenado únicamente por evasión de impuestos. En la técnica inversa, es la mafia la que consigue ejecutar legalmente por algo nimio. Fuente de inspiración similar al Robin Hood inverso, lo que concretamente Díaz Ayuso, entre otros, utiliza para dar a los ricos los recursos que detrae de los pobres. Llámenlo si quieren desproporción, flagrante desproporción.
El partido más corrupto de Europa, el que acusa de corrupción desde su sede en la calle Génova pagada con dinero sucio de su caja B, el que salda tantos de sus fiascos hasta con trágicos balances mortales, intenta tumbar al Gobierno por la sospecha de que los emails que han perturbado la intimidad del novio de Ayuso se hicieron públicos desde la Fiscalía y ni siquiera por la mano derecha de Ayuso: Rodríguez.
Los delincuentes –presuntos y convictos– tienen derechos, sin duda. Pero también los tenían los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica por el protocolo de la Comunidad de Madrid en pandemia: derecho al cuidado de su salud y sobre todo a la vida. Y ese tema no se toca. Ni siquiera la Fiscalía ha promovido la investigación judicial a pesar de las contundentes pruebas recogidas, los continuos llamamientos de las familias, de las Mareas de Residencias, de la sociedad civil que no aguanta tanta impunidad. Esa parte de la sociedad, porque a grandes sectores de la otra parece que le están convenciendo de que estos ataques bestiales están justificados. Y que no ha ocurrido nada más grave en el planeta Tierra desde su creación. Sin darse cuenta de lo que se juegan en democracia.
En la picota el fiscal general del Estado y cuantos deciden poner en las infames portadas y hasta en los telediarios de RTVE. No es proporcional abrir con la creencia sin pruebas de la culpabilidad –por favor, culpabilidad– del fiscal general y soltarnos a las Ayuso y las Cuca bramando y hasta a alguien de Vox. No, no, así no es.
Cada día es más evidente que son otros poderes los que mandan sobre los que elige la ciudadanía en las urnas, en una de las épocas más crudas en ese sentido. Miembros del Partido Judicial están operando sin la menor intención de ocultarse. No salimos del pasmo ante la serie de actuaciones alarmantes que se producen, incluida desde luego la investigación exhaustiva al fiscal general. Y el Consejo General del Poder Judicial, elegido tras casi seis años de secuestro del PP, no parece compartir esa alarma.
No sorprende, pues, que un juez como Eloy Velasco, que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y director general de Justicia de los gobiernos de la Generalitat Valenciana bajo las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, se permita una declaración política para cuestionar la legitimidad del Gobierno y con un repugnante clasismo hacia Irene Montero, y todas las cajeras de supermercado. Cómo una persona así puede impartir justicia ofrece grandes dudas.
Lo que sí está a la vista de todos es el papel que ostenta Isabel Díaz Ayuso en este tinglado. Ni los ancianos muertos de las residencias, ni el escandaloso costo del Hospital Zendal que no sirve ni sirvió prácticamente para nada y sigue generando gastos y cobros, ni sus privatizaciones, ni la curiosa relación triangular con Quirón, entre otros muchos asuntos, han hecho mover un dedo a la justicia. Y si algo se ha movido ha sido para exculparla a gran velocidad. Ya ni entramos en su tijera para los museos que dan prestigio mundial a Madrid y su pasión por fomentar la tauromaquia, Vamos, hasta hacer una corrida de toros benéfica para paliar los desastres de su colega Mazón en Valencia. Ayuso parece ser la figura que mejor sirve a los intereses de los otros poderes. Desde luego muestra una absoluta falta de escrúpulos e incluso de empatía cuando su Robin Hood interno se excede.
A cualquiera le llamaría la atención que ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesen a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales de su novio. Francamente, hasta cuesta escribirlo y, sin embargo, ahí tienen a los brazos esenciales del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno.
Es un Al Capone inverso de libro. Las propias mafias, no la justicia, consiguen dejar fuera de juego a sus víctimas por unos emails divulgados, como aquellos impuestos que tumbaron al legendario Al Capone en unos Estados Unidos que parecen renacer. Porque no me digan ustedes que, si Ayuso considera una persecución que se reclame a su novio el dinero defraudado a la Hacienda Pública y se castigue -en su caso- los delitos, todavía le queda un cierto trecho para asaltar el Congreso, sola o con la peña. Es lo que hizo Trump exactamente con el norteamericano y, como ya va a ser el presidente de la nueva autocracia le han cancelado el juicio. Nos está dando demasiadas lecciones la realidad para no escucharla ¿no les parece?
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