He leído en más de una ocasión sobre la importancia de las formas en la consolidación de una democracia de calidad. No basta con que la aprobación de un decreto o de un proyecto legislativo hayan cumplido escrupulosamente con los trámites establecidos por la ley. O que un fallo judicial se ajuste al articulado de un código. Es necesario además que las decisiones que tomen los gobernantes, legisladores y jueces sean comprensibles para los ciudadanos y no despierten sospechas o dudas sobre sus motivaciones. Si no hay confianza de la ciudadanía en las actuaciones de las personas que encarnan los poderes del Estado, se produce inevitablemente una quiebra en el funcionamiento de la democracia. Es lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo con el poder judicial. Y lo que acaba de ocurrir este jueves en la Audiencia Nacional.
En una declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno, el empresario Víctor de Aldama dijo haber pagado cuantiosas comisiones al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, así como una serie de mordidas a cargos socialistas. Habló también de un operativo organizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para permitir en 2022 una escala en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su ruta hacia Catar, pese a haber una orden internacional de detención contra ella si pisaba territorio de la UE. Y de cómo en esa escala –que, según el relato del propio Aldama, el Gobierno intentó abortar cuando el avión estaba en pleno vuelo hacia España– la número dos de Maduro tenía como objetivo participar en una cena con el presidente Sánchez y cinco ministros en un chalet madrileño alquilado para tal fin. El empresario habló además sobre el interés de miembros del Gobierno en unas licitaciones en México, tras lo cual contó que el presidente Sánchez deseaba conocerlo y que, en un encuentro durante un acto del PSOE, le agradeció por lo que “estaba haciendo” e incluso le pidió (el presidente al empresario) hacerse una foto con él.
Al finalizar su batería de acusaciones –algunas tienen soporte en informes de la Guardia Civil, sobre todo las relativas a los pagos a Koldo y Ábalos; otras, las que aluden al presidente y a media docena de ministros, carecen de pruebas–, Aldama pidió que lo dejaran en libertad por haber demostrado su “compromiso de colaboración con la justicia”. Pero, erte: pese a uhaby aquí comienza a enredarse el asunto, la petición se la formuló a otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, y por un caso distinto, un fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, que era el motivo por el cual se encontraba en prisión preventiva desde el 10 de octubre pasado. El fiscal anticorrupción Luis Pastor, antiguo asesor en un gobierno del PP y que ahora ejerce la acusación pública en ambas causas, apoyó la solicitud y de este modo el empresario fue excarcelado solo unas horas después de su larga declaración. La decisión contó el aval del jefe de la unidad de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que olvidó avisar a sus superiores. Que se sepa, Aldama no ha colaborado con la justicia en el caso de los hidrocarburos. El extesorero del PP Luis Bárcenas no tuvo en su momento la misma ser tirardo de la manta con un relato muy detallado sobre la corrupción en su partido, permaneció dos años de prisión porque el juez consideró que persistía el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Convendrán en que este caso huele mal. Aldama vinculó su “colaboración con la justicia” en un juzgado a su inmediata puesta en libertad por otro juzgado, como dando por hecho que lo primero conducía necesariamente a lo segundo. Algo así como si entregara la mercancía en una ventanilla y cobrase en otra. ¿Hubo algún tipo de acuerdo para las cosas se desarrollaran de ese modo? No hay que ser un lince para advertir que la declaración de Aldama ante el juez Moreno le ha venido como anillo al dedo al PP para desviar la atención de la tragedia de Valencia, en la que aparece como máximo responsable su barón autonómico Carlos Mazón y, también, para abrir un nuevo frente judicial contra Sánchez en un momento en que el presidente parece tomar fuerzas para agotar la legislatura con la aprobación del paquete fiscal.
Tras salir en libertad, Aldama calificó al presidente del Gobierno de “mitómano”, pero es posible que quien padezca una tendencia a deformar y engrandecer la realidad sea el propio empresario. En su declaración del jueves, afirmó haber pertenecido a la UCE2, la unidad antiterrorista internacional de la Guardia Civil, y haber colaborado con la CIA y el FBI norteamericanos. Fuentes de inteligencia citadas por la cadena Ser describieron a Aldama como “un nuevo pequeño Nicolás” y recordaron que, para ser miembro de la UCE2, hay que pertenecer a la Guardia Civil, requisito que no cumple el empresario. Las mismas fuentes también le recordaron que mal podía el ministro Marlaska haber coordinado operativos con el CNI durante la visita de la vicepresidenta venezolana, por cuanto ese centro depende del Ministerio de Defensa.
Habrá que ver qué pruebas aporta el empresario de todo cuanto dijo ante el juez Moreno. De momento, ha conseguido quedar en libertad condicional y le ha dado munición el PP en su ofensiva contra el presidente Sánchez. Necesitará amigos para salir ileso de la investigación de sus negocietes con Ábalos y Koldo García, en que los tres están metidos hasta el cuello. Y del fraude millonario de los hidrocarburos.
DICHO POR TELLADO EL PORTAVOZ DEL PP "DERRIBAR A ESTE GOBIERNO, POR TODOS LOS MEDIOS, INCLUIDO EL JUDICIAL"
YA SE VE QUE SÍ, INCLUIDO EL JUDICIAL ENTRE EL QUE TIENE COLABORADORES FIELES
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