La Justicia tumba los parking que Almeida concedió al Real Madrid junto al Santiago Bernabéu
El fallo, que no es firme y cabe a recurso, apunta que el Ayuntamiento de Madrid no ha acreditado que la construcción de estos aparcamientos "satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento Urbanístico".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha estimado que el Ayuntamiento de Madrid no ha acreditado que la construcción y explotación de los aparcamientos que José Luis Martínez-Almeida concedió al Real Madrid junto al Santiago Bernabéu "satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento Urbanístico y específicamente con el Plan Especial".
El fallo llega tras estimar un recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que autorizaba el contrato de concesión de obra al Real Madrid para la construcción y explotación de los parking del paseo de la Castellana-Bernabéu y Padre Damián, ubicados junto al estadio del club de fútbol.
Esta sentencia, con fecha de 23 de mayo y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 9 de marzo de 2023, durante el anterior mandato municipal y anula este acto administrativo "por no ser ajustado a Derecho".
Al mismo tiempo, se imponen las costas al Consistorio, el cual recuerda que se trata de "cuestiones formales" y estudia la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según han señalado a Europa Press fuentes municipales.
El plan del Ayuntamiento es crear 1.846 plazas de aparcamiento, de las que casi un tercio (547) serán destinadas a residentes, vecinos y comerciantes con un abono mensual de 100 euros como precio máximo, según informó.
La parte demandante fundamentaba su pretensión por una posible infracción, por parte de la Administración, del procedimiento legalmente establecido respecto a las actuaciones preparatorias del contrato de concesión. Además, sostenía que los proyectos autorizados infringían las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en lo relativo al uso de garajes y aparcamientos.
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