Esto ya clama al cielo, el CGPJ se enroca en sus sillones y dice que no dimiten, que antes muertos que dimitidos. La cosa tiene su aquel, llevan más de cinco años con su mandato caducado. La Constitución, ¡ay, Constitución, cuantas tropelias se ha cometido en tu nombre¡ establece un periodo para ocupar el puesto de vocal del CGPJ, pero los responsables de vigilar a los jueces, se lo saltan a la torera, porque para eso les apoya otro fino constitucionalista Feijóo.
Los responsables de los jueces, encargados de hacer cumplir las leyes, no cumplen las leyes y, dan un corte de mangas al Ejecutivo y al Legislativo. Esto es el Estado de Derecho que preconiza el PP de Feijóo.
Evidentemente la postura del presidente del CGPJ esta consensuada con el presidente del PP, Feijóo. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Feijóo es un golfo que no cumple la Constitución y acusa a Sánchez de todos los males y plagas biblicas que acechan a España. Feijóo es mucho peor que Aznar y M. Rajoy, es cinico y además es tonto con pretensiones de listo.
Se esconde en las manifestaciones en la calle y se olvida, como buen politico falso, de las urnas. Esas urnas que le han negado la presidencia. Utiliza a la canalla mediatica, Herrera, Federico, El Debate, the objetive y otros de la misma calaña para lanzar bulos de colegio de parvulos. Hay que ser muy tonto y muy canalla para lanzar esos bulos. Feijóo y Cuca Gamarra se afanan en ello con deleite.
La justicia está compuesta por personas que están casi casi exclusivamente en un lado de una posición conservadora o a veces ultra conservadora.
Como cuando Manuel García Castellón dice: “Pues ahora voy a inventarme que Puigdemont es terrorista y que se hunda el Gobierno de izquierdas”.
A esta canallada del juez García Castellón, el CGPJ no dice no sabe no conoce. ¡Joder con el CGPJ!. Claro que está caducado. Oiga, en cualquier trabajo cuando a un currante se le acaba el contrato recoge sus bartulos y se va a su casa. Los del CGPJ siguen con sueldo y coche oficial.
¿Están nuestros jueces preparados para dejar sus creencias y su ideología fuera de las salas de juicio? ¿Hasta qué punto nuestra judicatura es capaz de ser imparcial, de resolver las cuestiones sin tomar partido ni dejarse influir por sus propios intereses?En los últimos tiempos, la sociedad española ha empezado a ver a no pocos jueces como actores políticos. Ya no son considerados árbitros neutrales y discretos que, al margen de su propia ideología, se encargan de que las ideas mayoritarias expresadas en leyes democráticas se conviertan en realidad. Si los jueces no son ideológicamente neutrales, todo el edificio del imperio de la ley se convierte en puro decorado. Sin embargo, el concepto de lawfare ha pasado al lenguaje cotidiano, las redes sociales y los medios de comunicación dan voz a decenas de jueces que protestan contra las leyes y los partidos políticos que no les gustan.
Los altos tribunales, cada vez con más frecuencia, dictan resoluciones discutibles que interfieren en la vida política del país. Jueces de todas las categorías dejan entrever sus convicciones personales y son incapaces de limitar su sesgo ideológico. Muchos magistrados son tolerantes con los abusos policiales, permiten el lawfare cuando no participan activamente en él, sustituyen a los políticos a la hora de decidir sobre pandemias o cuestiones de oportunidad, etc. Joaquín Urías analiza en este libro muchas de esas situaciones ?presentando casos reales significativos? y reflexiona sobre las consecuencias de la pérdida de imparcialidad, al tiempo que apunta algunas líneas de solución.
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