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| A CIFUENTES SE LE ABRE OTRO FRENTE. Y ESTE ES POR CORRUPCIÓN.¿ SERÁ LA PUNTILLA? |
Las desgracias nunca vienen solas. A perro flaco todo son pulgas.
El juez que instruye el caso Púnica sostiene que la participación de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco fue irregular. Un contrato que, cabe recordar, está siendo investigado para determinar si fue amañado para financiar irregularmente al PP madrileño.
El magistrado Manuel García-Castellón mantiene viva la investigación de esta licitación, que tuvo lugar en 2009, ya que considera, entre otras cuestiones, que la intervención de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en el concurso fue "incompatible".
En este sentido precisa que sólo falta por determinar si Cifuentes, que en ese momento era la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, participó al mismo tiempo "como miembro de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos por ignorancia o con intencionalidad". Pero deja claro que su presencia en ambos órganos no debió haber sido permitida.
Una vez acreditada esta cuestión, que los investigadores atribuyen a la intención de Cifuentes de controlar por completo la adjudicación para amañarla, el juez arguye que falta por determinar si medió la voluntad de cometer un delito por parte de la líder de los populares madrileños.
La Guardia Civil ya advirtió la existencia de sendos delitos de prevaricación y cohecho en este procedimiento público, aludió a la existencia de una "pluralidad de irregularidades" y señaló la necesidad de tomar declaración a Cifuentes como imputada para aclarar su participación en este asunto. No en vano afirmó que la presidenta madrileña era "conocedora y partícipe" del supuesto amaño de forma "indubitada".
La actuación de la Guardia Civil desembocó en una investigación que todavía sigue en marcha y que, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, está por finalizar.
El juez se ha pronunciado ahora sobre el fondo de la adjudicación de este contrato público al empresario Arturo Fernández, ex presidente de la patronal madrileña CEIM, al resolver la petición de sobreseimiento de la jefa de los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica, Tatiana Recoder. Esta también participó en aquella licitación y sostiene que el procedimiento fue legal.
Sin embargo, la Guardia Civil conecta la adjudicación de este concurso a Arturo Fernández con las donaciones realizadas por este empresario al PP de Madrid. De hecho el propietario del Grupo Cantoblanco realizó entregas de dinero por valor de 160.000 euros a la fundación Fundescam, que a juicio de los investigadores, fue una plataforma utilizada para financiar irregularmente a la formación conservadora en Madrid.
El juez García-Castellón revela que la instrucción del proceso de Púnica en su conjunto se encuentra ya en su punto intermedio y rechaza el sobreseimiento que pide Recoder bajo el argumento de que tuvo una participación muy relevante en la referida licitación. "Actuó como miembro del Comité de Expertos y fue letrado de la Asamblea de Madrid que elaboró el informe jurídico de aprobación de los pliegos en la licitación de 2009". "Asumiendo", agrega el magistrado en su auto, "como responsabilidad propia de su cargo la conformidad del pliego a la legalidad de la contratación pública". "Asimismo", recalca el juez, "no apreció la incompatibilidad de ser miembro de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos de Cristina Cifuentes Cuencas".
Anticorrupción estudia en estos momentos si existen indicios para solicitar al juez que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior para imputar a Cifuentes.
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| LOS ESTUDIANTES PIDEN SU CABEZA Y LA DEL RECTOR Y LOS CORRUPTOS QUE HAN FALSIFICADO LOS DOCUMENTOS |
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