En la
primera parte de esta serie dedicada al
coronavirus y los genoveses madrileños, con
Ayuso a la cabeza, la dedicamos a poner cara a los máximos responsables políticos de la gestión sanitaria que desde 1985 se ha venido practicando durante los gobiernos del PP en la CM. No están todos los que son, pero si los más relevantes.
En esta segunda vamos a intentar explicar las políticas de
privatización que desde la llegada de
Esperanza Aguirre en el 2003 han guiado a los sucesivos gobiernos que ha presidido más aquellos otros que han continuado con esas prácticas.
Para situarnos comencemos por el momento que se hizo la
transferencia por parte de la Administración General del Estado (AGE) de las funciones y servicios del entonces Instituto Nacional de la Salud. Corría diciembre del 2001 y era presidente de la Comunidad,
Alberto Ruiz Gallardón y Consejero de Sanidad,
José Ignacio Echaniz. En la práctica se hizo efectiva a lo largo del primer semestre del 2002.
Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007
Sigamos con el calendario.
Aguirre que como buena ultra liberal se debía a los patrocinadores que le habían llevado a la Presidencia de la CM no pierde el tiempo. Dicho y hecho. A lo largo del 2003 se diseña el primer
Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 por el que se construyeron 7 Hospitales:
Del Sureste, del Tajo, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía y Puerta de Hierro),siguiendo el llamado
“Modelo Hipoteca”. Como bien se señala en un
informe elaborado por
Mónica García Gómez, José Manuel López Rodrigo y Eduardo Gutiérrez, sus responsable directos fueron, además de
Aguirre, su Consejero de Sanidad
Manuel Lamela, Viceconsejero de Sanidad,
Arturo Canalda y la Directora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios,
Elena de Mingo Bolde.
Para los más despistados recordarles que
Aguirre & Lamela están siendo investigados en el
Caso Púnica, mientras que
Canalda que está a la espera de juicio por la
PS Inassa del
Caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el una pena de 7 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Sobre estos 7 hospitales hacemos nuestras las conclusiones de los autores antes citados y que resumidamente son:
“1. Crecimiento exponencial de la deuda y una disminución de los recursos efectivos, ya que las nuevas infraestructuras se desarrollaron a partir de eliminar recursos de otras infraestructuras públicas tradicionales, lo que se ha traducido de facto en un mero trasvase de fondos públicos a través de un modelo pensado en la obtención de beneficios privados contrarios al interés público.
2. Sobrecostes desproporcionados y una nula transmisión de riesgos al sector privado gracias a la ausencia de mecanismos de control reales lo que ha permitido que las concesionarias hayan obtenido unos beneficios indecentes de hasta el 40% (según los Registros Mercantiles) a costa de descapitalizar el sistema sanitario público.
3. El resultado de la implementación y desarrollo de este modelo de gestión presenta claros indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos”. Sobre esta derivada y sus consecuencias dedicaremos en breve la tercera parte de esta serie.
Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011
Pero como era previsible, Aguirre y sus entusiastas colaboradores, no pararon ni un minuto. Es entonces cuando aparece en escena un nuevo Consejero,
Juan José Güemes, sustituto de
Lamela. Con el llega el segundo
Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Si se pincha en este
enlace se puede comprobar como desde el
Consejero Güemes hasta el último Alto Cargo se dedican a explicar a los
lobbies, empresarios e inversores las ventajas que para sus intereses representaba esta segunda oleada de privatizaciones.
En su presentación formal del Plan, los máximos responsables de la consejería anuncian que tres hospitales serán reformados y otros 4 serán construidos siguiendo el modelo denominado “Hospitales PPP”, en los que todos los servicios, sanitarios y no sanitarios, son prestados por una empresa: Hospital Infanta Elena-Valdemoro, Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y Hospital General de Villalba que pertenecen del Grupo Quirón Salud, propiedad de la multinacional Fresenius y el Hospital de Torrejón del Grupo Alzira, propiedad al 90% de la multinacional norteamericana Centene Corporation. De paso, como quien no quiere la cosa, también se anuncia que los 4 grandes hospitales públicos (Ramón y Cajal, Doce de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz) pasarán a tener una gestión privada de sus servicios no sanitarios.
Comienza la retirada
Tras la
dimisión en septiembre del 2012 de Esperanza Aguirre como presidenta, entra en escena
Ignacio González que no solo ratifica a
Lasquetty como consejero. Le da alas para continuar la senda privatizadora. Su entrada en la Consejería asi como sus primeras declaraciones no presagiaban nada bueno.Los hechos se precipitan.
En julio del 2013 un Consejo de Gobierno presidido por Ignacio González aprueba que la gestión de seis hospitales de la sanidad pública madrileña será privada a partir de septiembre.
En la practica supone de adjudicación para Ribera Salud de los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; para Bupa Sanitas el Hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez.
Lasquetty estaba eufórico y no paraba de decir, sin datos que lo corroboren, que la Comunidad se ahorraría 200 millones de euros (que luego fueron rebajando hasta los 130) y unos 200 euros anuales por paciente. Todo eran elogios para la privada: “Van a seguir siendo públicos, con los mismos profesionales y servicios, pero con un coste inferior (…) todas las empresas se han comprometido a mantener íntegramente la actual cartera de servicios de cada hospital”.
La marea blanca y la justicia le obligan a cesarle
Vamos acabando recordando a nuestros lectores que los costes económicos para el contribuyente de los llamados Planes de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011 están aún por evaluar. Para hacerse una idea de lo que estamos hablando es de lectura obligatoria el “Informe fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la región entre 2011 y 2015” que ha aprobado la Cámara de Cuentas de la propia Comunidad de Madrid. En el se puede leer lo siguiente: “Teniendo en cuenta los diversos modelos de gestión que la Comunidad de Madrid tiene implantados para la asistencia sanitaria a su población protegida se solicitaron aquellos informes y estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión y su conveniencia, tanto en términos de oportunidad como en términos de eficiencia, eficacia y economía. Dichos informes y estudios no han sido facilitados por lo que se desconoce en base a qué criterios se tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener". Poco más que añadir. LOS CULPABLES SE ESCONDEN
