CRISTINA CIFUENTES CON UN PORVENIR MUY NEGRO. LA INHABILITACIÓN.

CIFUENTES SE VA PERO LA LLAMAN POR LO QUE SE HA DEJADO DENTRO

Los delitos que imputan a Cifuentes implican penas de cárcel y pérdida de su plaza de funcionaria

Maite Feito: la amiga de Cifuentes vinculada a la Rey Juan Carlos y enviada para arreglar el asunto de su máster

La trama del máster de Cifuentes se amplia con posibles consecuencia muy graves para ella y su "corte" de cómplices.

Me da la impresión que van a cortar alguna cabeza.

La asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, María Teresa Feito Higueruela, es, además, amiga de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo admite ella misma. Así que con ese doble bagaje fue enviada el 21 de marzo pasado al Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos a tratar de apagar el incendio provocado por la información de eldiario.es que desvelaba que Cifuentes tenía un máster con notas retocadas.

Así que cuando Feito llegó al Rectorado de la URJC la mañana del 21 de marzo, con el asunto de las notas mutadas encima, iba a verse con el rector Ramos, excompañero de su jefe directo Van Grieken. Iba a tratar sobre un curso de máster que gestionaba el Instituto con el que está directamente relacionada y que dirige el catedrático que iba a salir a dar explicaciones en unos minutos.

Cuando eldiario.es habló con Feito al conocer su visita in extremis, la asesora argumentó que había pasado por el edificio para preparar unas jornadas sobre feminismo que tendrían lugar en mayo. Y que pudo haberse encontrado con Ramos y comentar algo. El rector, en una entrevista semanas después a la agencia Efe, no negó que le hubiera presionado.

Ahora, la profesora Cecilia Rosado (la directora del máster) ha declarado que Feito la "machacó" aquella mañana. Rosado aseguró por teléfono a Ramos que se había producido una defensa del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes y que sus compañeras Alicia López de los Mozos y Clara Souto la acompañaron. Más tarde, ambas dijeron que no hubo tal acto y que no firmaron el acta fabricada ese día para  cubrir la versión de las autoridades universitarias a la que se aferraría la expresidenta. Una estrategia puesta en marcha tras la visita de la asesora-amiga.

La jueza que investiga el caso Máster ha imputado a Cristina Cifuentes por los delitos de cohecho y falsedad en documento público. Estos dos delitos conllevan penas de cárcel que pueden llegar hasta los seis años en los supuestos más graves. Además, si la expresidenta madrileña resultase condenada en firme perdería su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, a la que se ha reincorporado tras abandonar la política.

Según el Código Penal, el delito de cohecho puede manifestar de varias formas. La más grave es en la que una autoridad o funcionario "en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar".

En este supuesto, las penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a doce años.

Además, también se puede acusar de este delito a quienes cometan acciones menos graves, pero igualmente reprochables penalmente. Por ejemplo, cuando la autoridad reciba una "dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función". En este caso el castigo es menor:  pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Así, en caso de ser condenada en firme, Cifuentes podría perder su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, a la que ha regresado tras dejar su acta de diputada en la Asamblea de Madrid. Según la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario pierde su plaza si es condenado a pena de inhabilitación. El tiempo de esa sanción solo determina el periodo en el que no puede optar a otra plaza de cargo público o funcionario.

El escrito de la primera denuncia señala que el delito de cohecho lo comete quien procede a la acción material y quien se beneficia de ésta. "En última instancia, la propia beneficiaria de esta operación es la propia Cristina Cifuentes, siendo esta la única conclusión del relato lógico expuesto", añaden.

En cuanto al de falsedad en documento público, del que también están acusados el resto de imputados, consiste en este caso en falsificar un título académico y los expedientes para justificarlo. Esta actuación entra dentro del tipo de falsedad documental que el Código Penal castiga con entre tres y seis años de cárcel, inhabilitación de dos a seis años para los funcionarios responsables de la falsificación y multas económicas de 6 a 24 meses.

La principal investigada hasta hoy, la profesora Cecilia Rosado, relató este jueves a la magistrada que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó   cuando eldiario.es desveló el escándalo. "O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar", aseguró.

Esa declaración atentaba contra la tesis de Cifuentes de que la presunta falsificación de su máster por la Rey Juan Carlos era un problema que debía aclarar la propia Universidad, y en la que ella no tenía absolutamente nada que ver.

POCO SE PODÍA FIGURAR QUE SUS MENTIRAS LA IBAN A COSTAR TAN CARAS.

Y TODO POR LA MALDITA TITULITIS. HACE FALTA SER MEDIOCRE.