Ayuso enmarca la investigación judicial de los protocolos de las residencias en otra “operación de Estado” en su contra
La presidenta de la Comunidad de Madrid ya adoptó esta estrategia, realizando unas declaraciones parecidas, cuando este diario desveló el fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador
Carlos Mur, autor de los “protocolos de la vergüenza” y talón de Aquiles de Ayuso en la investigación de las residencias
El exalto cargo declara como investigado este lunes. Firmó los protocolos que frenaron la derivación de mayores desde las residencias a los hospitales durante la pandemia en Madrid, fue destituido de manera fulminante y apuntó a que el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, estaba al tanto, lo que da esperanza a las familias de que tire de la manta
Madrid marcó récord de fallecimientos en residencias de mayores, impidió por escrito trasladar a hospitales a quienes tuvieran dependencia física o cognitiva y no medicalizó estos centros, dejándolos en precariedad sanitaria. Todo ello abocó a miles de personas a morir sin los cuidados básicos que sí tuvieron otros, según recoge una demanda colectiva por discriminación presentada por 109 familias en octubre y que acaba de dar sus primeros frutos en un juzgado de Madrid.
Este viernes se ha hecho público que el juzgado de instrucción número 3 ha abierto un caso para saber si hubo una discriminación en la prestación sanitaria a una persona que vivía en un centro de mayores. Y ese caso individual abre la esperanza al resto de familias. Hasta ahora no había prosperado ninguna querella que sostuviera que la muerte se había debido a que no se había trasladado al hospital a la persona –algo muy difícil de probar, el llamado nexo causal–, de manera que la denuncia masiva se interpuso por otro delito, el de denegación de una prestación por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Tiene asociadas penas de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para quienes nieguen un servicio público por motivos, entre otros, “de la enfermedad que padezca o su discapacidad”.
En este contexto, el juez ha llamado a declarar este lunes por primera vez como investigados a dos responsables sanitarios del gobierno de Ayuso, dos exaltos cargos. El primero de ellos es Carlos Mur, que fue durante ocho meses director general de Coordinación Sociosanitaria y quien firmó todas las distintas versiones de los llamados “protocolos de la vergüenza”, que establecían quien podía o no ser trasladado a un hospital y que frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa. Mur fue destituido de manera fulminante dos meses después de los protocolos, en mitad de la pandemia, y tras empezar a surgir denuncias de familiares.
La preocupación por las consecuencias judiciales que podían tener los protocolos en el Gobierno de Ayuso se gestó desde el principio, como relata el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero (Ciudadanos), que dejó el Gobierno después de lo peor de la pandemia. Como cuenta en su libro Morirán de forma indigna le emplazaron a una reunión con el consejero de Sanidad, el de Justicia –Enrique López, exmagistrado– y el responsable legal de la Asamblea para abordar posibles acciones legales por los protocolos: “Había un temor de que hubiera problemas judiciales por los protocolos. Ellos hablaban de armar jurídicamente la defensa o algo por el estilo”.
Mur fue sustituido en mayo de 2020 por Francisco Javier Martínez Peromingo, que hasta ese momento era geriatra en los hospitales gestionados por Quirón, una de las principales concesionarias en la sanidad madrileña, y, según declaró Mur, autor de otros borradores de los protocolos e interviniente en la redacción de los mismos desde esa posición pese a que en ese momento estaba fuera de la cadena de mando de la Consejería. Es precisamente el otro investigado que tendrá que declarar en el juzgado este lunes junto a Mur. En julio de 2023, Peromingo salió del gobierno regional de Ayuso para convertirse en jefe de Geriatría del buque insignia de Quirón en Madrid: la Fundación Jiménez Díaz, donde continúa su trabajo en la actualidad, y que es uno de los hospitales privados más rentables de Europa, gracias al dinero que recibe de la Comunidad de Madrid.
El consejero conocía los protocolos
La versión de Mur sobre lo que pasó se conoce porque declaró como testigo en un caso que fue finalmente archivado, así como en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que se cerró en cuanto el Partido Popular tuvo los votos necesarios para ello. Mur, hoy jefe de servicio de salud mental en el gobierno de Andorra, señaló en su comparecencia ante los diputados al propio Peromingo como la persona que coordinó con 18 geriatras el texto que él posteriormente firmó. También apuntó directamente a sus superiores como conocedores de los protocolos, ya que hablaba con ellos “todos los días”, así como al consejero de Sanidad entonces, Enrique Ruiz Escudero, del que dijo que por supuesto que era conocedor de lo que se estaba haciendo. Escudero, hoy senador del PP, ha tratado de mantenerse al margen de toda la polémica de las residencias y no ha querido dar declaraciones ni explicaciones, a excepción de varias entrevistas acordadas para defender su gestión en el contexto de la emisión del documental 7291 en TVE.
Las dos asociaciones de víctimas de las residencias, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, han mostrado su esperanza en que ambos exaltos cargos cuenten quién tomó la decisión de relegar a los mayores de residencias de atenciones sanitarias que sí tuvieron otros: “Que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes”, confían.
Aunque Carlos Mur como testigo tenía la obligación de decir verdad y ahora como investigado puede no decirla, fuentes jurídicas precisan que la presión de que se pueda abrir un juicio contra él puede ser un incentivo a implicar a otras personas o contar alguna novedad, sobre todo porque está desvinculado del Gobierno madrileño, trabaja en otro país y su salida fue abrupta, lo que induce a pensar que sus relaciones con el gobierno de Ayuso no sean suficientemente buenas como para proteger al núcleo duro de la presidenta. En su declaración como testigo en 2023, Mur apuntó a las propias residencias y a los hospitales: según defendió el protocolo aunaba criterios, era una guía, pero fueron estos centros los que vieron caso a caso lo que hacer y tomaron las decisiones. También desdijo a Ayuso y confirmó que el protocolo no era un “borrador”, como había dicho la líder.
El caso de Peromingo es algo diferente. Estuvo desde el inicio implicado con los protocolos, de los que llegó a haber seis versiones y llegaron caóticamente a grupos sanitarios diversos, y en sus escasas manifestaciones públicas ha defendido los documentos, además de que sigue vinculado al gobierno de Madrid como jefe en uno de los hospitales privatizados más importantes de la región. También fue llamado a declarar a la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación de 2021. Allí, defendió la labor de los geriatras de enlace (a los que apunta también la demanda colectiva) e insistió en que esos protocolos no fueron discriminatorios, algo que ha empezado a investigar ahora el juzgado 3 de Madrid, que recabará pruebas para decidir si lleva o no el caso a juicio. Por primera vez se imputa a altos cargos, ya que en las acciones judiciales anteriores se ha llamado como investigados a médicos, geriatras o a las direcciones de las residencias.
Además de este fallecimiento en una residencia, cuyas circunstancias y detalles no han trascendido, y que es el primero que tiene un recorrido judicial de los presentados por discriminación, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron ese mismo delito: “Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados”, ha señalado el equipo legal que defiende a las familias.
elDiario.es ha intentado contactar con Mur, Peromingo y el exconsejero de Sanidad Ruiz Escudero sin haber obtenido de momento respuesta.
AYUSO 7291 MUERTOS TE RECLAMAN JUSTICIA
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