ESTE POLLO GONZALEZ AMADOR P ALANTE AL BANQUILLO
La jueza procesa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos
Este es el paso previo a sentar en el banquillo a Alberto González Amador por los delitos que originaron el caso
Intxaurrondo recurrió el primer fallo Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid que desestimó su demanda contra El Mundo para llevarlo a la Audiencia Provincial de Madrid. Previamente, el medio publicaba que el contrato de la presentadora había sido renovado el mismo día de la polémica entrevista a Núñez Feijóo por un valor de 537.000 euros. Acto seguido, la vasca solicitaba a Unidad Editorial, a Joaquín Manso y a la periodista que firmó las informaciones la rectificación.
La Justicia denegó estas rectificaciones y obligó a la presentadora a pagar las costas tras dictaminar que las informaciones publicadas eran veraces al ser “coincidentes con los del contrato final y que constan en el propio documento interno de RTVE”. No obstante, Intxaurrondo acusó a El Mundo de "mentir de nuevo": "Sólo una información falsa necesita ser rectificada, completada, corregida y aclarada. Hace más de nueve meses presenté una demanda contra El Mundo por publicar una información falsa sobre mí, tardó siete meses en ser admitida. (…) La jueza, no yo, afirma que El Mundo ha ‘rectificado’ su información a lo largo de cuatro días y, por ello, no admite lo que ella considera una ‘nueva rectificación", publicó en su momento a través de su perfil de X.
"Lejos de avergonzarse, El Mundo pretende vender como triunfo lo que en realidad no es más que la evidencia de su mala praxis ya habitual", terminó sentenciando, acompañando su mensaje de una instantánea de la resolución judicial en la que se lee que el diario había "rectificado" la información previamente a la resolución. "Habiéndose rectificado voluntariamente la información, completando la misma con la fecha de firma del contrato y con el detalle de la forma de pago dependiendo del número de los programas realizados, no procede una nueva rectificación", reproducía Intxaurrondo.
El periódico se mantuvo en todo momento en su postura, alegando que el titular de la información no se modificó y reiterándose en que "introdujeron modificaciones en la noticia a petición expresa de la pareja de la presentadora, y las presentó ante el juzgado, porque en nada cambia el sentido esencial de la información, sino que la complementan y afianzan". Exactamente, el cambio en cuestión se refería al desglose de la cifra del sueldo de la periodista, el cual se remite a que ésta recibió 182.000 euros por 260 programas anuales y, por dos años de duración del contrato en el ente público, hacen un total de 364.000 euros. Cantidad a la que hay que sumar 787 euros diarios por 11 meses, que equivalen a 173.514 euros por el periodo mencionado.
La jueza Inmaculada Iglesias ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.
Con esta decisión, la jueza finaliza la instrucción de la pieza principal, dedicada al fraude a Hacienda de 350.951 euros por González Amador en dos ejercicios fiscales, posteriores al pelotazo de casi 2 millones de euros que dio con la compraventa de mascarillas en una sola operación durante la pandemia.
La Agencia Tributaria detectó una declaración dudosa de ingresos de González Amador y su principal sociedad, que pese a haber incrementado exponencialmente su facturación apenas variaba en su tributación. La inspección de Hacienda derivó en un informe en el que se apreciaban ya los delitos por los que acaba de ser procesado el empresario y comisionista.
Con el informe de Hacienda, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid interpuso una querella ante los juzgados que fue admitida a trámite. Arrancó entonces una instrucción a la que la jueza pone fin con el auto de este jueves.
González Amador sigue imputado por corrupción en los negocios y administración desleal en otra pieza que se sigue instruyendo en el mismo juzgado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 también dicta el auto de pase a procedimiento abreviado contra el supuesto testaferro de Amador, el mexicano Maximiliano Niederer, y tres vecinos de un pueblo de Sevilla, que habrían prestado sociedades pantalla para la trama de defraudación de Alberto González Amador. Queda fuera y se archiva la causa contra Javier Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador ante Hacienda.
El abogado de Alberto González Amador propuso un pacto a la Fiscalía para reconocer los delitos que se le atribuían y ser condenado a una pena de ocho meses de cárcel, lo que evitaría el cumplimiento efectivo de la pena, esto es, su ingreso en prisión, así como el pago de una multa.
La apertura de una pieza separada para investigar nuevos delitos a partir de la inspección de Hacienda, a propuesta de la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid, hizo desistir de su oferta de pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
'El día en que González Amador creyó ser el rey Juan Carlos', por Javier Pérez Royo
El día en que González Amador creyó ser el rey Juan Carlos
En el culebrón en que se ha convertido la investigación judicial de los delitos fiscales presuntamente cometidos por el Sr. González Amador se ha puesto el foco en el pacto de conformidad que habrían alcanzado su abogado y el fiscal encargado del caso. Pero no fue dicho pacto el que estuvo en el origen de su estrategia defensiva.
El momento más chusco de todo el asunto se produjo antes de que el Sr. González Amador y su abogado pensaran en un posible pacto de conformidad. El Plan A del Sr. González Amador y su abogado fue la “regularización voluntaria”, es decir, ingresar en Hacienda una cantidad equivalente al importe de los dos presuntos delitos fiscales con los intereses y la multa correspondientes. De hecho, el Sr. González Amador llegó a ingresar 600.000 euros como importe de la regularización.
Este era el Plan A. Liquidar la deuda tributaria mediante una “regularización voluntaria” de la misma, que obviaría cualquier investigación a partir de ese momento de la conducta tributaria del Sr. González Amador.
Esa pretensión de resolver el problema de esta manera no pasó el filtro de la inspección de Hacienda, que entendió que ya había pasado el momento en que el Sr. González Amador podía regularizar de manera voluntaria la deuda tributaria, ya que se había iniciado la investigación por parte de la inspección y se había dado traslado del resultado de la misma al Ministerio Fiscal; en consecuencia, faltaba el presupuesto para que la regularización pudiera considerarse “voluntaria”. Consecuentemente, se ordenó la devolución de los 600.000 euros al ahora ya “delincuente confeso”.
La regularización voluntaria presupone que el autor de la misma reconoce una deuda tributaria por un importe que la convierte en delito fiscal, que se propone saldar con el pago del importe de la misma con los intereses y la multa correspondientes. En la regularización voluntaria está incluido el reconocimiento del delito. La condición de “delincuente confeso” no ha dejado de estar presente desde el primer momento. Sin “delincuente confeso” no hay regularización voluntaria ni pacto de conformidad. De ahí que no se entienda el rosario de querellas que ha dirigido el Sr. González Amador contra todos los que han hecho uso de esos términos al referirse a él.
Ya en ese momento se produjo la primera manipulación por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso llegó a decir públicamente que no era su pareja quien tenía una deuda con el Estado, sino el Estado el que tenía una deuda con él, y de ahí que le hubieran tenido que devolver 600.000 mil euros.
Al no pasar la pretensión el filtro de la inspección tributaria y del Ministerio Fiscal, fue cuando se optó por el Plan B, el del pacto de conformidad, para evitar el juicio, reducir la pena privativa de libertad a una cuantía que no conllevara el ingreso en prisión y pagar el importe de los dos delitos con los intereses y la multa correspondientes.
Esta estrategia de defensa en el ámbito tributario se repite todos los años decenas de miles de veces. No debería, en consecuencia, haberse originado debate de ningún tipo en torno a la misma. El delincuente confeso y el Ministerio Fiscal alcanzan un acuerdo que tiene que ser ratificado ante el juez. Con ello se habría puesto fin a la peripecia tributaria delictiva del Sr. González Amador.
Pero la soberbia de la pareja Ayuso/Amador es de tanta intensidad que no están dispuestos a aceptar ni siquiera el funcionamiento normal de la justicia. Ante el fracaso del Plan A –la regularización voluntaria–, Isabel Díaz Ayuso le dio la vuelta a lo ocurrido y convirtió la deuda tributaria de su pareja con el Estado en una deuda del Estado con su pareja.
En el caso del Plan B –el pacto de conformidad–, la manipulación ha sido mucho más rocambolesca. Ha entrado en acción Miguel Ángel Rodríguez, que también invirtió lo ocurrido, convirtiendo el pacto de conformidad en una iniciativa del Ministerio Fiscal y no del Sr. González Amador, añadiendo a continuación que dicho pacto propuesto por el fiscal estaba siendo torpedeado “desde arriba”. Así se publicó en algunos periódicos.
Frente a dicha manipulación reaccionó la fiscal jefa de Madrid con el apoyo del fiscal general del Estado, que hicieron pública una nota informativa poniendo los puntos sobre las íes. A continuación, se produjo la querella contra ambos fiscales, de cuyo recorrido doy por informado a los lectores.
¿En qué momento se le ocurrió al Sr. González Amador que podría recibir el mismo trato que ha recibido el rey Juan Carlos, al que se le ha aceptado por parte de la fiscalía una regularización voluntaria de su conducta tributaria delictiva cuando ya había pasado el momento en que podía hacerla? ¿Puede su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid haberle nublado el cerebro como para pensar que podía acabar recibiendo el mismo trato que había recibido el rey Juan Carlos?
Porque al rey Juan Carlos sí se le dio por buena por el Ministerio Fiscal una regularización voluntaria cuando ya había pasado el momento en que podía haberlo hecho. Fue el Ministerio Fiscal quien tomó la decisión sin intervención del juez. Esta es la razón por la que José Antonio Martín Pallín y otros juristas, entre los que me cuento, hemos activado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entendemos que la investigación del propio Ministerio Fiscal había destruido la presunción de inocencia del Rey Juan Carlos y que se debería haber residenciado el asunto ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es, justamente, lo que pretendemos con nuestra querella.
Lo que no se nos había pasado por la cabeza es que el Sr. González Amador pretendiera equipararse al Rey Juan Carlos. Del Rey abajo ninguno, todavía sigue operativo en España.
EL ROSARIO DE QUERELLAS TE LAS COMES CON PATATAS
AYUSO TE VEO BUSCANDO PISO
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