EL JUEZ PEINADO YA NO SABE QUE HACER
El juez Peinado rectifica y anula su reclamación de un informe sobre el rescate de Air Europa
El magistrado dice que se equivocó y renuncia a esa línea de investigación, como la Audiencia de Madrid le ordenó en tres ocasiones
El magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez desde hace más de un año, ha tardado cuatro días en rectificar una resolución que firmó el pasado lunes, donde aseguraba que mantenía la petición a la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) de que elaborase un informe “respecto de Globalia”, propietaria de la aerolínea Air Europa —que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus—. El juez asegura que se equivocó cuando dictó ese documento y que, donde había escrito “Globalia”, debería haber puesto “Innova Next”, una compañía vinculada al empresario imputado Juan Carlos Barrabés. Además, según añade, ya ha dado orden a la Guardia Civil para que no confeccione otro informe sobre el rescate de Air Europa que le había encargado. El magistrado adopta estas medidas después de que la Audiencia Provincial de Madrid le indicase en tres ocasiones que debía frenar esta línea de las pesquisas.
Como publicó EL PAÍS, el juez se enredó con sus indagaciones sobre Globalia. Tras el tercer revés de la Audiencia, Peinado dictó una nueva resolución el pasado lunes para exponer que “mantenía la solicitud de elaboración de [un] informe pericial por [parte de] la IGAE respecto de Globalia”. El magistrado se aferraba a que, según él, el tribunal provincial había dado luz verde a que la IGAE confeccionase un análisis sobre Globalia. Y argumentaba que ya había pedido esa indagación a través de otra resolución firmada el 24 de junio de 2024, donde también reclamaba información a la SEPI sobre el rescate de Air Europa. Sin embargo, en esa resolución del 24 de junio de 2024, no se pedía ningún informe a la IGAE sobre Globalia, sino sobre Innova Next.
LO DICHO: PEINADO NO SABE POR DONDE IR
PARA OTROS PINTA MEJOR
Cuatro periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso 31 horas antes que el fiscal general
La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz en este procedimiento, pidió que los informadores declararan como testigos después de que estos hubieran consignado pruebas ante un notario para demostrar que las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía ya eran conocidas por ellos a través de la Fiscalía de Madrid mucho antes de que esa información llegara a manos de García Ortiz en la noche del 13 de marzo.
Este viernes, los cuatro se han ratificado en el contenido de ese documento, que incluye mensajes y llamadas que acreditan que en la mañana del 12 de marzo de 2024 un trabajador de la Fiscalía de Madrid ya les confirmó que los abogados de González Amador negociaban un posible pacto.
La tesis de la defensa del fiscal general es que si las negociaciones del empresario y su defensa con la Fiscalía ya eran conocidas por la Abogacía del Estado, trabajadores de la Fiscalía de Madrid y varios periodistas, no puede existir la revelación de un secreto.
Es la misma argumentación que deslizó el pasado octubre la Sala de lo Penal del Supremo cuando rechazó dos querellas presentadas contra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por hablar del doble fraude fiscal de González Amador en unas declaraciones públicas.
Los jueces argumentaron que los datos que ofreció la ministra “ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos” —entre otros, por medios como elDiario.es—. Y que, en consecuencia, “ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos”. La jurisprudencia del Supremo establece que no hay secreto si el dato circulaba con anterioridad.
En el acta notarial, los periodistas de El País explican que en la mañana del 12 de marzo del año pasado, poco después de que elDiario.es revelara que González Amador había sido denunciado por defraudar 350.000 euros, recibieron una información a través de “trabajadores” de la Fiscalía de Madrid: que el abogado Carlos Neira negociaba un pacto con el Ministerio Público para reconocer los delitos y pagar una multa.
Aseguran que empezaron a intentar hacer comprobaciones sobre este posible pacto de cara a publicar una información, mientras la versión pública de Díaz Ayuso era que su pareja estaba siendo perseguida por el Estado. Uno de ellos llegó incluso a contactar por email y por WhatsApp con Carlos Neira para intentar contrastar esa información.
Esos mensajes muestran que la información sobre un posible pacto circulaba mucho antes de que el fiscal general supiera que existían esas conversaciones. La Fiscalía General no pidió esta información al fiscal Julián Salto hasta última hora de la tarde del 13 de marzo, un día y varias horas después, y solo cuando varios medios publicaron una versión falsa de esas negociaciones. El fiscal general, según consta en la causa, no tuvo constancia total de esas conversaciones y pactos hasta las doce menos cuarto de la noche. Un día y medio después de que un periodista lo supiera por boca de trabajadores de la Fiscalía de Madrid.
PARA OTROS PINTA MUY MAL
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