La jueza procesa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos
La magistrada Inmaculada Iglesias pone fin a la instrucción de la pieza principal y sitúa al borde del banquillo a Alberto González Amador, uno de sus testaferros y los tres presuntos colaboradores de un pueblo de Sevilla
La jueza Inmaculada Iglesias ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.
Con esta decisión, la jueza finaliza la instrucción de la pieza principal, dedicada al fraude a Hacienda de 350.951 euros por González Amador en dos ejercicios fiscales, posteriores al pelotazo de casi 2 millones de euros que dio con la compraventa de mascarillas en una sola operación durante la pandemia.
La Agencia Tributaria detectó una declaración dudosa de ingresos de González Amador y su principal sociedad, que pese a haber incrementado exponencialmente su facturación apenas variaba en su tributación. “Con la finalidad de reducir la tributacion por el Impuesto de Sociedades de dichos periodos se dedujo indebidamente gastos en virtud de las siguientes facturas giradas que no se corresponden con los servicios prestados (es decir, se trata de facturas falsas o falseadas)”, escribe la jueza en el auto de procesamiento.
La inspección de Hacienda derivó en un informe en el que se apreciaban ya los delitos por los que acaba de ser procesado el empresario y comisionista. El auto de la magistrada descarta todas las explicaciones ofrecidas por González Amador en la documentación entregada al juzgado. “El contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones por los periodos impositivos de 2020 y 2021 no veraces (...)”, afirma la magistrada en la resolución razonada.
En 2020, Alberto González Amador multiplicó sus ingresos por seis, hasta los 2,3 millones de euro, pero solo declaró 8.400 euros de beneficio. Con el informe de Hacienda, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid interpuso una querella ante los juzgados que fue admitida a trámite. Arrancó entonces una instrucción a la que la jueza pone fin con el auto de este jueves. La magistrada asume por completo la tesis de la Inspección de Hacienda y pone fin a la instrucción antes de abandonar el juzgado por jubilación, lo que está previsto para mediados del mes de junio.
El informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
González Amador sigue imputado por corrupción en los negocios y administración desleal en otra pieza que se sigue instruyendo en el mismo juzgado. Un juez que actuará como sustituto provisional continuará con la instrucción de esta pieza.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 también dicta el auto de pase a procedimiento abreviado contra el supuesto testaferro de Amador, el mexicano Maximiliano Niederer, y tres vecinos de un pueblo de Sevilla, que habrían prestado sociedades pantalla para la trama de defraudación de Alberto González Amador. Queda fuera y se archiva la causa contra Javiern Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador ante Hacienda.
El abogado de Alberto González Amador propuso un pacto a la Fiscalía para reconocer los delitos que se le atribuían y ser condenado a una pena de ocho meses de cárcel, lo que evitaría el cumplimiento efectivo de la pena, esto es, su ingreso en prisión, así como el pago de una multa.
La apertura de una pieza separada para investigar nuevos delitos a partir de la inspección de Hacienda, a propuesta de la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid, hizo desistir de su oferta de pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso estaba resentida porque el Tribunal Supremo ha cortado una suculenta vía de negocio a su novio, que había demandado a los políticos y periodistas que le habían llamado “defraudador confeso”. Y eran unos cuantos.
El Supremo rechaza esas declaraciones, pero considera que no son delito al formar parte de la crítica política. Ayuso interpretó la decisión a su manera: “El rechazo de la demanda avala que la difamación es posible en España por la situación que tenemos”. Luego, venía la frase que traía preparada del despacho. “Eso sí, visto el rechazo de la demanda, yo ahora espero que condenen a Sánchez por narcotráfico por lo que ocurre en Canarias. Esto es una crítica política”.
No está mal, pero viniendo de alguien a la que pillaron llamando “hijoputa” al presidente del Gobierno y que luego convirtió el exabrupto en un meme para disfrute de las bases del PP, lo del narcotráfico tampoco va a figurar muy alto en su lista de grandes éxitos. Y lo mismo le da un susto de muerte a Alberto Núñez Feijóo. A Marcial Dorado no, que ya está curado de espanto.
ESTO ULTIMO A LA PAREJA DE AYUSO LE HA JODIDO
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