UN CGPJ CADUCADO SE EXTRALIMITA EN SUS FUNCIONES. SEGÚN SEIS DE SUS MIEMBROS

 

ESTE CGPJ CADUCADO DE SUS  FUNCIONES DESDE HACE MÁS DE TRES AÑOS PRETENDE CONVERTIRSE EN UNA TERCERA CAMARA PARA LEGISLAR.

Los vocales discrepantes con el varapalo a la ley de Vivienda acusan a la mayoría de haberse extralimitado

En su voto particular niega la invasión de competencias autonómicas y avisan de que «no hay un blindaje constitucional» que impida que el Estado actúe

Acusan a sus quince compañeros de haber operado como una «tercera cámara legislativa»

Cinco de los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial que votaron ayer en contra del informe que tumba el anteproyecto de vivienda del Gobierno consideran que la mayoría se ha extramilitado en sus funciones y ha incurrido en una «forzada y poco constructiva intromisión» en aspectos del articulado, «con apriorismos y juicios de intenciones exageradamente críticos impropios de la función institucional informadora«. Así lo afirman el exdiputado socialista Álvaro Cuesta y los vocales Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Concepción Sáez en el voto particular discrepante al informe aprobado por la mayoría, que ve en el anteproyecto, entre otras cuestiones, una »expropiación« de competencias autonómicas por parte del Ejecutivo. La otra vocal discrepante, Mar Cabrejas, no ha suscrito este voto particular.

En su texto, que, sin duda, supone un respaldo para el Ejecutivo en su intención de seguir adelante con la reforma, los cinco vocales denuncian que el informe «incurre en una extralimitación del contenido tradicional de los informes de este CGPJ sobre distintos Anteproyectos de Ley, y de lo que debe ser la función informadora recogida en el artículo 561 de la LOPJ, dentro de la debida y leal colaboración de poderes constitucionales». Consideran que sus quince compañeros han operado como una «tercera cámara legislativa», cuando esa no debe ser su función.

Discrepan estos vocales de que el texto del Gobierno invada competencias autonómicas, el eje en torno al cual giraba la argumentación de la mayoría. «Desde la perspectiva del derecho constitucional (...) la norma antes proyectada constituye un instrumento normativo adecuado para la consagración de dicho derecho y para dotarlo de un contenido susceptible de exigibilidad», señalan en el voto. El hecho de que las comunidades autónomas puedan asumir competencias en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, como establece el artículo 148 de la Carta Magna, «no las deja blindadas ante el Estado, que también tiene sus obligaciones en relación al artículo 47 de la Constitución (...). No existe un blindaje constitucional de las comunidades autónomas en materia de vivienda, susceptible de impedir el reconocimiento de las competencias del Estado sobre las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales y sobre la coordinación general de la planificación económica del llamado Subsector vivienda«.

La cuestión es ¿tiene capacidad un CGPJ caducado para entrometerse en el Poder Ejecutivo? Lo logico es que no, pero de este CGPJ amarrado al banco más de tres años caducado se puede esperar todo. Incluido el obstrucionismo al Poder Ejecutivo, como lo viene demostrando continuadamente. 

Tenemos el precedente con el Gobierno de Rodriguez Zapatero, con un presidente del CGPJ Francisco Jose Hernando que fue un claro obstrucionista a base de  informes que nadie le había pedido en contra del Gobierno de Zapatero. Estaba de secretario Enrique Lopez, que se catapultó al TC hasta que le pillaron conduciendo una moto borracho y sin casco.

Resumiendo: hay jueces que quieren gobernar como si hubieran sido elegidos para ello. El Poder Judicial no hizo la transición, es evidente.