EL JUEZ HURTADO VA CON CHULERIA, TODO LO CONTRARIO QUE DEBE SE UN JUEZ. PONE UNA FIANZA QUE NI A UN NARCO. TANTO ESCARO TIEN UN PRECIO
El Tribunal Supremo ha decidido que sí, que el fiscal general del Estado debe ser juzgado como presunto culpable de la filtración del correo de confesión del novio de Ayuso. Ya te lo hemos contado mil veces: hay testimonios que desmontan esa acusación y no hay pruebas que la sujeten. Pero da igual. Tengo a algún compañero en la redacción muy revuelto con esta injusticia: como contaba anoche José Precedo en la SER, él sí sabe quién es la fuente de aquel correo de confesión que nos llegó (y no la puede desvelar) y por tanto sabe que el fiscal Álvaro García Ortiz no fue, y así lo ha dicho ante el juez bajo juramento de decir verdad. Pero da igual.
De un bulo al banquillo del Supremo: juicio al fiscal general sin pruebas de quién filtró el correo de la pareja de Ayuso
El Supremo juzgará en los próximos meses a Álvaro García Ortiz después de año y medio de investigaciones sin que ni los testigos ni los informes de la Guardia Civil hayan demostrado cómo llegó a los medios la confesión de Alberto González Amador
El Tribunal Supremo tendrá un acusado inédito en el banquillo de la sala de lo penal: el fiscal general del Estado. La apertura de juicio oral firmada por Ángel Hurtado convierte a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general en enfrentarse a una acusación penal en España y lo hará por la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba haber defraudado 350.000 euros. Un juicio que llega después de un año de investigación en el que ni los testigos ni las pruebas han revelado quién hizo llegar esa confesión a la prensa y después de que los jueces hayan obviado que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fue el primero en difundir información del caso en forma de bulo para manipular a la opinión pública a favor de Alberto González Amador.
La apertura de juicio oral ha llegado cuatro días después de la apertura del año judicial en la que García Ortiz afirmó creer en “la justicia y la verdad”. Hurtado, a lo largo de 29 páginas, acusa recibo de las pegas que la Sala de Apelaciones puso a su auto de procesamiento y mantiene el relato que refleja desde hace meses en sus escritos: el correo en el que el abogado Carlos Neira reconocía que González Amador “ciertamente” había cometido dos delitos de fraude fiscal llegó a varios medios de comunicación en la noche del 13 de marzo de 2024 y la única fuente posible, según el juez, es Álvaro García Ortiz.
Son las mismas conclusiones a las que ya llegó en noviembre de 2024, poco después de enviar a la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, sin suerte en el primero y con premio en el segundo. Los mensajes que pudo extraer del teléfono de Pilar Rodríguez sirvieron para dibujar el frenesí interno de la Fiscalía cuando el entorno de Isabel Díaz Ayuso empezó a difundir versiones falsas sobre el caso de su pareja. Un dibujo que da por hecho sin pruebas que el fiscal general filtró esa información a la prensa nada más conseguirla y que omite cualquier alusión al papel que jugó Miguel Ángel Rodríguez y a toda la gente que ha testificado, ante notario incluso, que tuvo acceso a esa información horas antes.
La comparación entre el auto de procesamiento previo y el definitivo de apertura de juicio oral deja ver las cicatrices causadas por la Sala de Apelaciones, que avaló el enjuiciamiento del fiscal general pero obligó a Hurtado a sacar a la fiscal Pilar Rodríguez de la nómina de acusados. Lo que para el instructor era una pieza fundamental del plan de García Ortiz para obtener la información del caso de la pareja de Ayuso se convirtió en una acusación sin pruebas para el tribunal supervisor.
Desaparece también, con poco ruido, la mención inédita de Hurtado a que el fiscal general actuó siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno, frase celebrada en su momento por el Partido Popular para vincular a Moncloa y denunciar una “operación” contra Ayuso. Se queda, sin embargo, la afirmación de que la confesión llegó al teléfono de Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa, directamente desde la Fiscalía General, ya sin especificar quién pudo hacer ese envío porque no consta en la causa prueba ninguna.
Tampoco hay alusiones al voto particular de uno de los jueces del Supremo, muy poco habitual en las causas contra aforados en este tribunal, que entiende que García Ortiz ni siquiera tendría que estar imputado porque, tal y como han dicho varios testigos, esa confesión la conocía más gente antes de que llegara a sus manos.
No hay ni rastro de muchos elementos clave del caso. Hurtado no considera relevante que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, supiera desde un día y medio antes de la filtración que González Amador tenía conversaciones con la Fiscalía. Tampoco que el objetivo declarado del fiscal general no fuera perjudicar al empresario, sino desmentir el bulo que Rodríguez había difundido con la ayuda de media docena de medios de comunicación. Ni a la contradicción que presenció la sala cuando el empresario dijo que nunca autorizó a su abogado a confesar el fraude fiscal mientras que el letrado, para sorpresa de todos los presentes en el interrogatorio, dijo que por supuesto que sí tenía el permiso de su cliente.
El juez, siguiendo su criterio de ocho meses de diligencias, tampoco considera relevante que varias personas, sobre todo periodistas, hayan reconocido que supieron de esas negociaciones o incluso el contenido concreto del acuerdo horas o días antes que el fiscal general. Ni que, tal y como ha reconocido la Fiscalía, esa confesión estuviera al alcance de más gente dentro del Ministerio Público. O que González Amador haya ocultado durante un año a los tribunales que su abogado también mandó la confesión a la Abogacía del Estado para sellar un acuerdo y evitar la cárcel.
Por el momento el juez ha optado por imponer una fianza de 150.000 euros a García Ortiz, la mitad de lo que pedía como indemnización el empresario y alegando que así queda asegurado que pueda pagar una condena, la multa y las costas. Una fianza superior a la de 120.000 euros impuesta, por ejemplo, al exministro Jorge Fernández Díaz acusado de liderar el operativo policial Kitchen para robar información a Luis Bárcenas. Muy superior a las indemnizaciones fijadas a víctimas de espionaje de José Manuel Villarejo, a razón de 5.000 euros por víctima en casos como Land, Pintor o Iron.
Una llamada perdida
El Supremo no ha puesto todavía fecha al juicio contra García Ortiz ni ha conformado todavía el tribunal de forma oficial. Los señalamientos de la Sala de lo Penal llegan, por ahora, hasta noviembre y ese es el mes que barajan distintas fuentes para el comienzo del proceso. En cuanto al tribunal, fuentes del Supremo explican que debe estar formado por los cinco magistrados que firmaron la admisión a trámite de la causa contra el fiscal general: la entonces ponente Susana Polo y, con ella, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Antonio del Moral. A la espera de que otros dos miembros se sumen al tribunal, excluyendo al instructor y a los tres integrantes de la Sala de Apelaciones.
Serán estos magistrados los que elaboren el calendario del juicio y también la lista de testigos que comparecerá. Además de la previsible declaración del propio González Amador, su abogado, los tres fiscales que estuvieron imputados y algunos periodistas, está por ver si la nómina de testigos llega hasta el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Si Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, tendrá que explicar qué información difundió entre decenas de periodistas, o si varios informadores podrán ratificar que tuvieron esos datos antes que el fiscal general, punto clave de la defensa de García Ortiz.
150.000 euros de fianza para un caso de revelación de secretos.
Si Álvaro García Ortiz no consigue el dinero o un aval bancario que lo garantice, “se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir tal cantidad”. Todo esto antes siquiera de que se celebre el juicio.
Esta altísima fianza es una decisión del juez Ángel Hurtado, la última de su instrucción contra el fiscal general. Este martes, Hurtado dictó el auto de apertura de juicio oral; el último paso para sentar a García Ortiz en el banquillo. Es ahí donde se fija esta astronómica cantidad.
Es una barbaridad. Para empezar, porque Hurtado argumenta esa cifra explicando que, a la indemnización de González Amador –que es lo que se debe fijar en la fianza–, habrá que sumar las “otras responsabilidades pecuniarias”, incluyendo la hipotética multa para el fiscal general si es condenado. Este criterio es inconstitucional: una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional estableció que contar con la posible sanción en la fianza vulnera la presunción de inocencia. Es bastante obvia la razón: se le obliga a pagar por adelantado. Porque una cosa es garantizar el pago de la responsabilidad civil –es decir, la eventual indemnización– y otra adelantar el pago de la multa. Y eso es exactamente lo que ha hecho Hurtado.
Pero la cifra no solo es disparatada por esta cuestión. Basta con comparar con otros casos, mucho más graves. No solo con la indemnización que recibió la víctima de una violación múltiple.
El Tribunal Supremo ratificó hace pocos meses la condena al comisario Eugenio Pino por revelación de secretos, exactamente el mismo delito del que acusan al fiscal general. Este comisario, el jefe de la brigada política del PP, adulteró una investigación judicial con información ilegal.
¿La indemnización que fijó el Tribunal Supremo para la víctima? Solo 2.000 euros. Todo se entiende mejor cuando se explica quién era esa víctima: Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat.
Además de esa ridícula cantidad, Eugenio Pino fue sentenciado a pagar otros 7.200 euros de multa. También fue condenado a un año de cárcel –una pena mínima que no supondrá su ingreso en prisión–. Si el fiscal general es condenado, además de la indemnización económica, también se juega una pena de entre cuatro y seis años de prisión.
Algo parecido ocurrió en las condenas al comisario Villarejo por los casos Iron, Land y Pintor, relacionados con varios episodios de espionaje. Villarejo cometió numerosos delitos, entre ellos revelación de secretos, y le han caído 19 años de prisión. Pero la indemnización para las cinco víctimas fue irrisoria: solo 5.000 euros para cada una –25.000 euros en total– a pagar entre nueve condenados.
Ni siquiera Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, se ha enfrentado a una fianza tan severa. Le piden 15 años de prisión por cuatro delitos —encubrimiento, malversación y otros dos contra la intimidad—. En su caso, la responsabilidad civil que puede tener que pagar es muy elevada, por el dinero público que se malgastó. ¿Su fianza? 120.000 euros, 30.000 menos que el fiscal general.
Según el baremo económico del Supremo, la supuesta filtración de un correo por parte de Álvaro García Ortiz para desmentir un bulo parece más grave que el caso kitchen: utilizar los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y destruir pruebas de la corrupción del PP.
150.000 euros de fianza. Es la guinda de un proceso penal que algún día debería avergonzar a la Justicia española. YA LA AVERGÜENZA
YA LO DIJO TELLADO "RECURRIREMOS A TODOS... INCLUIDO EL JUDICIAL. VISTO QUEDA.
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