LA SRA GAMARRA PORTAVOZ DEL PP SE PONE MUY ENCAMPANADA PORQUE SÁNCHEZ, PRESIDENTE LEGITIMO DEL GOBIERNO, PESE A QUE PABLO CASADO LE LLAMABA OKUPA, LES ANUNCIA QUE SI NO CUMPLEN LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN SE CAMBIARÁ LA LEY PARA QUE TENGA RESPONSABILIDADES PENALES A LOS SRES VOCALES DEL PODER JUDICIAL.
Cuca Gamarra ya dio buena cuenta de su talante antidemocratico en la votación de su diputado Casero. Lo mismo que ahora con el bloqueo, ilegal, de la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Resulta que por ley y por mandato constitucional estos organos del Estado se tiene que renovar, el CGPJ tenía que haberse renovado hace cuatros años . Pero el PP lo bloquea, por consiguiente, los delincuentes son los del PP y los colaboradores necesarios en la comisión del delito, los vocales que participan en el bloqueo.
El PP perdió el Gobierno por una moción de Censura y no han reconocido la victoria del PSOE en dos elecciones posteriores. Con Zapatero pasó lo mismo, pero entonces estaba Rubalcaba y acabó con el golpe de estado de los Controladores aereos y la sucia maniobra de los camioneros bloqueando las carreteras. Rubalcaba militarizó a los contralores y a los camioneros les mando a los GEOS con mazas a romper las lunas de los camiones. Al tercer camión sin lunas aparecieron las llaves y se retiraron los camiones. Eso lo hacía Rubalcaba, pero el mastuerzo cinico de Marlaska solo tiene palabras para mentir sobre los muertos de Melilla. Sres del PP los 15 muertos del Tarajal por la actuación de la Guardia Civil se la apuntan ustedes.
Esto es el mundo al reves, los delincuentes que no cumplen la ley se hacen los puretas y protestan que le dan un golpe de Estado. Cuando los delincuentes, el PP, son ellos que llevan sin cunplir la Constitución cuatro años. Ya digo, el mundo al reves.
¡Justicia, señor!
Hay mucho de cinismo y desvergüenza en quienes mantienen por su propio beneficio una composición del Poder Judicial y del TC que no responde a la Constitución
¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que se esté manteniendo una representación fraudulenta de la soberanía popular en el órgano de gobierno del Poder Judicial por cuanto no se corresponde con la voluntad del único titular de la soberanía expresada en las elecciones a las Cortes Generales? ¿Por qué cada vez que la derecha pierde las elecciones impide que se renueven los órganos constitucionales para que reflejen la voluntad de la ciudadanía libremente expresada? ¿Qué falacia es ésa de pretender que la independencia de jueces y magistrados la asegure un órgano que no emana de quienes son representantes del pueblo español, como si haber aprobado unas oposiciones fuera garantía bastante como para ejercer el único poder del Estado que puede privarnos del bien más preciado para cualquier ser humano, como es la libertad?
Estas interrogantes vienen a cuento de los últimos movimientos que la derecha bajo sus múltiples formas está llevando a cabo para intentar mantener esa situación fraudulenta por la que algunos deciden “bloquear el Consejo General del Poder Judicial para evitar que el Gobierno lo secuestre”, como dice Feijóo. Hay mucho de cinismo y desvergüenza en estas posiciones de quienes mantienen por su propio beneficio una composición del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que no responde ni a la letra de la Constitución ni a su espíritu, ni se corresponde con la legitimidad del único representante de la soberanía nacional, es decir, de las Cortes Generales. Claro que en esta estrategia de “okupación” de las instituciones son colaboradores necesarios aquellos medios de comunicación que han construido la falacia de que reflejar en la composición de esos órganos la voluntad de la soberanía popular es politizar la justicia, y todos aquellos jueces, magistrados y miembros del Poder Judicial que llevan a cabo ese bloqueo, y por eso deberían ser demandados en sus responsabilidades algún día.
La culminación de esa estrategia es el último acto –por ahora– de este drama: ante la imposibilidad de que los sectores reaccionarios de la política y la magistratura cumplan con sus obligaciones legales y constitucionales para llevar a cabo la necesaria renovación, los partidos que conforman el Gobierno proponen una serie de modificaciones legales tendentes a evitar ese bloqueo, favoreciendo la designación de miembros del Tribunal Constitucional por mayoría simple, estableciendo unos plazos precisos para que se cumpla con la Ley, y contemplando una sanción incluso penal para su incumplimiento. Ante esta iniciativa se articula la escandalera habitual: “el Gobierno secuestra las instituciones”, “el asalto a las instituciones”, un paso más para la demolición del Estado de derecho”, son algunas de las expresiones que estamos escuchando y leyendo hoy sobre este asunto. Unos proponen que otros presenten una moción de censura, alguna incluso llama al Presidente del Gobierno “aprendiz de dictador”, y todos amenazan con denunciar al Gobierno ante Europa por el supuesto estado de amenaza a que se enfrenta la democracia en España.
Artillería dialéctica y mediática de grueso calibre, sobreactuación con frases mientras más gruesas mejor para descalificar a un Gobierno al que le negaron legitimidad desde antes de constituirse, fariseísmo de alta intensidad, en una ocasión, una más, en la que la derecha española evidencia su impotencia democrática para aceptar los resultados de unas elecciones –las generales de 2019– que deberían de haber deparado una renovación de los órganos constitucionales. No se trata sino de la expresión jeremíaca de quienes ven fracasar su estrategia –ésta sí– de secuestro de las instituciones y de okupación fraudulenta de unos órganos constitucionales de los que deberían haber sido desalojados hace algunos años: son ellos, quienes deberían haber sido sustituidos cuando marca la Ley, quienes les han dado instrucciones para hacer imposibles los acuerdos que desembocaran en la renovación, y quienes se rasgan las vestiduras una vez más con tono tan grandilocuente como falso, quienes deberían de dar explicaciones ante la sociedad española si es que las tienen. Son ellos quienes están incumpliendo de manera flagrante la Constitución y las leyes, son ellos quienes están sometiendo a una anormalidad institucional al pueblo español, son ellos quienes deberían ser censurados por ese pueblo, el único soberano.
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