LA DEMOCRACIA ATROPELLADA POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUICONAL. VOLVEMOS A LA INQUISICIÓN

 

PEDRO GARCÍA-TREVIJANO PRESIDENTE DEL TC, CON EL MANDATO CADUCADO NO SE ABSTIENE EN SU REPROBACION Y SE CONVIERTE EN PREVARICADOR

EL CGPJ LLEVA CASI CINCO AÑOS QUE SE SE TENÍA QUE HABER RENOVADO. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TIENE CUATRO MAGISTRADOS QUE LLEVAN CINCO MESES FUERA DE SU TIEMPO. CON ESTOS MIMBRES EL TC APROPELLA LA DEMOCRACIA.

María Luisa Balaguer: “Es una barbaridad dictar medidas al Senado por unas lesiones producidas en el Congreso”

 Por primera vez en la historia democrática española, el Tribunal Constitucional ha paralizado una reforma legal del Parlamento español. Lo ha hecho por la mínima. Seis votos contra cinco. Gracias a la decisión de dos magistrados con el mandato caducado y afectados directamente por este cambio legal, que estaba diseñado para desbloquear un órgano constitucional que la derecha ha usurpado, incumpliendo el mandato de las urnas.

Es algo gravísimo. Y que sitúa a la democracia española fuera de los raíles institucionales por los que ha discurrido hasta hoy. 

Pero no ha sido solo un atropello democrático. En realidad han sido tres.

El primero, por la abstención. O más bien por la ausencia de ella. 

La ley es bastante clara y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Gonzalez Trevijano, la debería conocer. Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las razones por las que un juez se debe abstener es por tener “interés directo o indirecto” en la causa sobre la que debe decidir. 

Y la primera trampa de la derecha en una jornada negra para la democracia española ha estado ahí: que dos de los magistrados que debían haberse apartado por su propio pie de esta decisión se han negado a hacerlo.

Tanto Pedro González Trevijano como Antonio Narváez estaban obligados a abstenerse. Porque lo que este lunes debatía el Tribunal Constitucional era un asunto que les afecta de forma directa y personal. Tan directa como que se jugaban el puesto y el sueldo.

Dato importante: Trevijano cobra 13.300 euros brutos mensuales como presidente del Constitucional. Narváez, 11.973 euros brutos al mes. 

Gracias a la votación de hoy, Trevijano y Narváez seguirán cobrando por más tiempo del Tribunal Constitucional –hasta que los insumisos del CGPJ tengan a bien cumplir con su obligación legal, que probablemente ya no tengan tanta prisa como la semana anterior–. Y si la decisión del Constitucional hubiera sido otra, este mismo viernes, Trevijano y Narváez habrían perdido su puesto y su sueldo. Y los asistentes. Y el coche oficial.

Esta la verdadera razón para prevaricar y no abtenerse en su revocación. Se han convertido en juez y parte.

Una explicación previa que roza la más absoluta obviedad: ningún juez se puede juzgar a sí mismo. 

Por eso, cuando un afectado presenta una recusación –porque cree que el juez que le toca no es imparcial y está afectado por algunas de las causas legales que le obligan a abstenerse– quien tiene que decidir sobre ella nunca es el juez recusado. Son otros.

En la justicia ordinaria, suele ser el órgano superior. ¿Y en el Tribunal Constitucional? Pues como no existe ningún superior, es el resto del tribunal. 

Así se hizo, por ejemplo, con la recusación en 2007 de Pablo Pérez Tremps. Que decidieron los otros magistrados del tribunal. Y donde Pérez Tremps, obviamente, no pudo votar.

Pérez Tremps fue apartado de la sentencia del Estatuto por seis votos contra cinco. Si él hubiera podido decidir sobre su propia recusación el resultado habría sido seis contra seis, y el voto de calidad de la entonces presidenta del tribunal, la progresista María Emilia Casas, habría desempatado la situación a su favor. 

Recusar a Pérez Tremps fue clave para que la derecha pudiera tumbar el Estatut catalán. Y eso que en aquella recusación había argumentos muchísimo más débiles que los que hoy afectan a Narváez y Trevijano. Pero entonces a nadie se le ocurrió defender que Pérez Tremps pudiera votar sobre su propia recusación.

Es de cajón. Porque un juez no puede juzgarse a sí mismo. Salvo que sea del PP. VOLVEMOS A LA INQUISICIÓN

Ningún poder es absoluto en democracia. Tampoco el del Parlamento, por mucho que sea el único poder del Estado que eligen directamente los españoles con su voto. 

Los legisladores –los diputados y senadores– están igualmente sometidos a un sistema de contrapesos. Y uno de ellos, tal vez el más importante por su poder, es el del Tribunal Constitucional. Que decide si las leyes que aprueban las Cortes caben en la Constitución. 

No es exactamente parte del Poder Judicial. Es una cámara política que actúa como un órgano de garantías por medio de otro sistema de contrapesos: por su sistema de elección, por tres quintos en el Congreso y Senado, y porque sus mayorías cambian a un ritmo más lento (cada nueve años, cuando le toca nombrar al Gobierno de turno) que lo que lo hacen las mayorías parlamentarias. 

No es un poder menor. El Tribunal Constitucional tiene la capacidad de anular o recortar leyes ya en vigor. O incluso reformas legales –como el Estatut catalán– que fueron aprobadas por Las Cortes españolas, por el Parlament catalán y por los catalanes en referéndum.

Sus sentencias suelen ser lentas. La del aborto, por ejemplo, ya acumula 11 años de retraso. Muchas veces el Constitucional se pronuncia cuando ya no tiene ningún impacto ni interés su decisión. Lo que nunca han hecho, hasta hoy, es paralizar una reforma legal en plena tramitación; antes incluso de que entrase en vigor.  Lo han hecho contra el criterio del letrado más importante del tribunal, cuyo informe han rechazado. Y también contra el criterio del fiscal.

Algún día tal vez sepamos también cómo acabó este recurso en manos de Enrique Arnaldo: el magistrado preferido por el PP y la FAES. Y si fue realmente una cuestión de azar.LA INQUISICIÓN

La forma en la que ha actuado la derecha en el Constitucional, saltándose todas las barreras por el camino, demuestra a las claras cuál era la intención: hacer todo lo que fuera necesario a la velocidad que fuera necesaria para usurpar el poder en un tribunal donde la derecha mantiene su mayoría de manera ilegítima; fuera de su mandato legal.

Y lo de menos es lo que hoy argumenta el tribunal: que se aceptan las cautelarísimas que ha pedido el PP y se paraliza la votación en el Senado porque se haya utilizado un atajo legal –lo expliqué en otro artículo– para tramitar esta reforma con más rapidez de lo normal. Es el mismo atajo que se ha usado decenas de veces en el Congreso para reformas pequeñas mediadas o grandes. Es el mismo método que, por ejemplo, usó la derecha para aprobar el aforamiento del emérito.

Porque aquí hablamos de otra cosa. No de procedimientos o de atajos –¿hay atajo mayor que el que ha utilizado el Tribunal Constitucional para librarse de las recusaciones?–. Hablamos de una conspiración de la derecha, que lleva más de cuatro años ocupando los órganos constitucionales con su mandato democrático fuera de plazo. De ahí, del incumplimiento sistemático y flagrante de la Constitución por parte del Partido Popular, nace todo el conflicto posterior. Un atraco a la democracia con la colaboración necesaria de García Trevijano y Narvaez. LA INQUISICIÓN

Todos los líderes de la derecha han bloqueado la renovación del Poder Judicial a su favor, para alargar su poder sobre los jueces. Todos. Pero nunca antes esa técnica antidemocrática había alcanzado esta extensión. El actual Poder Judicial, si nada cambia (que no parece), cumplirá cinco años en funciones. ¡Un mandato íntegro! Y mientras todo se pudre por esta decisión del PP, Feijóo presume de que “la democracia sale fortalecida”. Es de un cinismo difícil de superar. Porque sin el filibusterismo sistemático de la derecha para atrincherarse en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional nada de esto estaría ocurriendo hoy.

YA LO DIJO COSIDÓ, EL MISERABLE COSIDÓ, LA JUSTICIA SE DIRIGE DESDE ATRAS. ESTE ES EL PP DE SIEMPRE. DE FRAGA. DE NO CONDENAR EL FRANQUISMO Y DE TOMAR ESPAÑA COMO SU CORTIJO. CON LA INQUISICIÓN

Lo inconcebible en una democracia curtida y experimentada como la española acabó sucediendo este lunes: el Tribunal Constitucional decidió interrumpir el trabajo legislativo del Senado impidiendo la tramitación de la reforma para la renovación del Tribunal Constitucional y el CGPJ, aprobada ya por el Congreso de los Diputados por una holgada mayoría parlamentaria. El Constitucional admitió el recurso de amparo del PP y —contra el criterio del letrado principal del tribunal, experto en derecho parlamentario— decidió dictar las medidas cautelarísimas que pedían los populares e impedir la actividad de los senadores sin escuchar siquiera a la otra parte, es decir, al Senado.

La decisión la tomó un Tribunal Constitucional que antes había rechazado apartar de la votación a dos magistrados del bloque conservador —el propio presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez—, con el mandato caducado y, por lo tanto, directamente afectados por una reforma legal de la que depende su continuidad (o su relevo) en los cargos que ahora ocupan. Ante la evidencia de que insólitamente los propios magistrados no se inhibían en un asunto que les concierne, PSOE y Unidas Podemos habían presentado escrito de recusación por este conflicto de intereses. La recusación se rechazó con el voto de los propios implicados, que no consideraron la oportunidad de abstenerse. No cabe mayor retorcimiento de las reglas por parte de quienes a continuación se reunían para analizar si los senadores las cumplen. La mayoría conservadora ignoró también la petición formal de Podemos para que el Constitucional elevara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pronunciamiento sobre esa “falta de imparcialidad”. LA INQUISICIÓN

Entramos en terreno desconocido con una intromisión inédita del Constitucional en la autonomía parlamentaria de las Cortes españolas. La colisión alcanza a las estructuras más sensibles del Estado en una escalada que empezó hace cuatro años con el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ y que siguió con las maniobras torticeras para impedir renovar a cuatro magistrados del tribunal en una alianza político-jurídica que trabaja ya a cara descubierta. Quienes adujeron en los últimos cuatro años que la estrategia del poder judicial no era jurídica sino política pueden decir hoy, lamentablemente, que la razón de los hechos les ampara: la paralización del proceso de renovación por parte del PP y su presión política sobre la actual mayoría conservadora en el CGPJ y en el Constitucional busca mantener el control sobre ambos hasta que las urnas devuelvan a los populares a La Moncloa. Ignora la voluntad de los españoles expresada en las urnas, las mayorías parlamentarias conformadas tras las elecciones y las decisiones legislativas aprobadas en las Cámaras —con buena o mala técnica jurídica, con atajos legislativos sobradamente censurados por este periódico y cuya constitucionalidad una vez aprobados puede valorar el tribunal—. Lo explicó con nitidez Alberto Núñez Feijóo esta semana: en las próximas elecciones se elegirá entre “este Gobierno o España”, que se supone que encarna él.

El paquete de reformas en las que se incluyen las paralizadas ahora por la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, se aprobó en el Congreso el jueves pasado en una de las jornadas más corrosivas para la dignidad democrática que ha vivido España en casi medio siglo de historia. La burbuja político-jurídico-mediática de las derechas españolas ha decidido ignorar la gravedad del permanente choque institucional en el que se han instalado desde que las urnas les dieron la espalda. Llegados a este punto, al Gobierno y a las Cortes solo les cabe acatar la decisión del Tribunal Constitucional y utilizar los procedimientos de la democracia —y de la mejor y más impecable técnica jurídica— para hacer cumplir la Constitución y la voluntad de los legisladores ahora cercenada.

ESTAMOS EN PLENA INQUISICIÓN DEL PP