El sector conservador de jueces y juezas del Consejo General del Poder Judicial se cree superior. Siente que es poseedor del gen dirigente que Vallejo-Nájera deseaba para España y que estaba envenenado por el gen rojo marxista a extirpar. Necesita cuidar esa casta directora que emana de la victoria del 39, descendiente de una casta superior que no tiene que compartir el poder con el vulgo plebeyo. Mandatado por un designio divino que les concibe mayor poder crítico y de raciocinio por clase y cuna para decidir quién merece liderar a los no ungidos con el caldo del privilegio. Pobre, no sabe que la endogamia lo que hace es dejarlo medio tonto. En septiembre estos jueces decidieron que no iban a cumplir la ley y que robarían al pueblo la elección mediante soberanía popular de un Gobierno que tenía que tener su representación mayoritaria en el Tribunal Constitucional. El pueblo no sabe, el pueblo se equivoca, los jueces ultras deciden por él.
No somos del todo conscientes de lo que está ocurriendo entre los jueces conservadores de nuestro país y por eso quizás no le demos la relevancia que tiene. Pero lo cierto es que una camarilla de magistrados de derechas ha considerado que este Gobierno no se merece el puesto que los ciudadanos le han dado con su voto y ha decidido boicotear la democracia, pisotear la Constitución y elegir entre ellos quién sí merece ser el Gobierno de nuestro país. Han instaurado un sufragio censitario de facto en el que poco menos de una decena de jueces y juezas reaccionarios han decidido que la democracia es lo que ellos decidan y la soberanía popular es un defecto de forma que tiene que ser tutelado por la voluntad de una casta togada. Juran obediencia a la Constitución, pero a la de 1845.
Habrán oído muchas veces que los vocales conservadores del CGPJ bloquean la renovación del Tribunal Constitucional sin saber quiénes son esas personas y qué significa esa sentencia. Se resume en que una minoría dentro de las élites ha decidido incumplir la ley y la Constitución porque no cree que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con sus socios en el Congreso tenga la mayoría en el Tribunal Constitucional que la carta magna les otorga. Si ellos no lo controlan, no es un órgano legítimo, es su institución, pertenece a su casta y no van a permitir que una cuadra de rojos y separatistas ocupen lo que la ley les da porque es una institución de las élites para ser manejada a su antojo. La democracia tiene un límite y es la decisión de esta tropa de magistrados y magistradas 'filogolpistas' y antisistema.
Lo que deciden las personas con su voto no importa, eso es lo que han concluido
Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart Pérez, María Angeles Carmona, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Wenceslao Francisco Olea, Juan Manuel Fernández Martínez y José María Macías Castaño. Importa lo que ellos piensen, lo que ellos decidan, porque el poder les pertenece y cederlo al pueblo solo está bien si lo que elige es solo una rúbrica de sus decisiones.
El hurto judicial de la voluntad popular no está en las conversaciones humildes ni en los debates de barra de bar, aunque es el tema exclusivo y prioritario de los cenáculos de las élites reaccionarias. El hecho es en sí mismo una muestra de cómo el poder profundo decide sobre los asuntos de la dirección ejecutiva de nuestro Estado al margen del conocimiento de los depositarios de la soberanía. En Alemania una operación policial acabó con la detención de más de 25 personas de extrema derecha que planeaban un golpe de Estado. Entre los detenidos aparecían los nombres de las fuerzas vivas de la Alemania reaccionaria, entre ellos un aristócrata y un juez. En España no necesitan planear oscuras conspiraciones para quitarle al pueblo la democracia, ya la tienen en posesión exclusiva.
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