UGT ESTAFÓ A LOS COOPERATIVISTAS |
Los últimos escándalos de cooperativas de viviendas resucitan el recuerdo del ‘caso PSV’
El caso de la Promotora de Viviendas Sociales, PSV, fue la estafa más sonada de este sector que explotó en la década de los noventa.
Promovida por UGT, se vio obligada a suspender pagos a finales de 1993, iniciándose un proceso judicial que se prolongó durante más de siete años.
PSV: 20.000 cooperativistas confiaron sus ahorros a esta gestora bajo la promesa de adquirir viviendas entre un 30% y un 40% más baratas que las de promoción libre. La quiebra de la cooperativa sacó a la luz la dudosa gestión realizada por sus administradores con los 54.300 millones de pesetas conseguidos, según recogió la prensa tras saltar a la luz pública el escándalo
PSV: En diciembre de 1993, la cooperativa se declaró en suspensión de pagos. En abril del año siguiente se levantó la suspensión de pagos para facilitar la liquidación de la sociedad. En este caso intervino el Gobierno, ya que los terrenos eran públicos pero cedidos en derecho de superficie a la gestora. "Al tratarse de suelos públicos, el Gobierno decidió, a través del ICO, aprobar un aval para cubrir la financiación que necesitaba la cooperativa para retomar la construcción de las promociones paralizadas", . Algunos cooperativistas recuperaron parte de sus aportaciones -el 75% siempre que fueran inferiores a siete millones de pesetas- y otros consiguieron sus viviendas, pagando un 7% adicional. El proceso se alargó durante casi ocho años. El acabado de las viviendas fue desastroso.
Este escándalo lo viví y conocí de primera mano. El caso fue muy simple: se formó una cooperativa a la sombra de la UGT. Ya la había hecho antes Comisiones Obreras en los años 70, en Rivas Vaciamadrid. El señuelo era que las vivienda iban ha ser entre un 30 y un 40% más baratas que las de mercado. Empezaron a recaudar el dinero y crearon una Sociedad de gestión del dinero recaudado. A la polémica suscitada por la gestión de PSV se suman las autorías emprendidas estos años, las que indican que IGS invirtió más de 15.000 millones de pesetas en operaciones ajenas a construir viviendas. Estas operaciones fueron las causantes de la quiebra, sin olvidar que los gestores se pusieron sueldos de 500.000 pts de la época. Además de coches particulares y todo lo que se podía.
Estaba claro que terminaría en quiebra, se destino dinero de las viviendas a otra operaciones y además resultaron fallidas. La cuestión es que estafaron a trabajadores desde una organización destinada a defender a los trabajadores.
A Nicolas Redondo le costó un serio disgusto. Más disgusto se llevaron los que vieron perder sus ahorros entregados.
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