La operación contra Ignacio González sufrió un revés hace aproximadamente dos meses cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil obtuvieron una información que les hacía sospechar que el expresidente de la Comunidad de Madrid había sido alertado de que los teléfonos que utilizaba estaban intervenidos.
Este miércoles también se supo de la imputación del director de La Razón, Francisco Marhuenda, y del presidente del periódico, Mauricio Casals. Ambos declararán este jueves ante el juez Eloy Velasco por haber participado presuntamente en una campaña de coacciones a Cristina Cifuentes para que dejara de denunciar la presunta actividad delictiva de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del medio que dirige Marhuenda. Avisos al investigado, coacciones de periodistas, toda una trama "mafiosa" para proteger a los corruptos del PP. La corrupción atenaza al PP. Y los miserables que les protegen algo ganaran. Nadie hace las cosas de "gratis et amore". La Razón se ha beneficiado de mucha propaganda institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Hoy se ha sabido que el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, nombrado por el Fiscal general del Estado José Manuel Maza, ha intentado, sin éxito por la oposición del resto de los fiscales, "que no se registrara el domicilio de Ignacio Gonzalez". Esta ultima actuación plantea una seria duda sobre el "principio de legalidad" que debe actuar siempre la Fiscalia. Claro, que ya se sabe que la Fiscalia esta al servicio del PP.
La Fiscalia es "parte", ya lo sabemos, pero ser parte para "obstrucción de la justicia" no parece muy decente. Esto no ha hecho más que empezar. Ya veremos el desarrollo.
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