Aznar no es constitucionalista ni lo ha sido nunca
En enero de 1979 empezó a participar en la vida política y, entre todos los partidos de aquella época, José María Aznar decidió militar en la organización fundada por los siete exministros del dictador Franco, la Alianza Popular de Manuel Fraga.
Había entonces una derecha democrática y constitucional. La UCD de Adolfo Suárez. Pero aquel joven Aznar que ya no era un niño –en enero de 1979 estaba a días de cumplir los 26 años– escogió al partido menos constitucionalista de todos los posibles en aquel Parlamento que redactó la Constitución (Blas Piñar entró después).
El 31 de octubre de 1978, menos de tres meses antes de la entrada de Aznar en política, se había votado en el Congreso la Constitución. Salió adelante con una mayoría abrumadora: 325 votos a favor, incluyendo a todos los diputados del PSOE y del Partido Comunista, y 16 abstenciones. Solo seis diputados votaron en contra: cinco de Alianza Popular y uno que tenía Euskadiko Ezkerra, fundado por exmilitantes de ETA político-militar.
En esa votación histórica en el Congreso de la Constitución, los 16 diputados de Alianza Popular se rompieron en todas las opciones posibles: ocho síes, cinco noes y tres abstenciones. A rojo, a negro, a pares y a nones. Y no sabemos a ciencia cierta cuál de esas opciones habría escogido Aznar, de haber formado parte de ese dividido grupo parlamentario. Pero sí sabemos lo que pensaba entonces y explicaba en artículos de prensa en un periódico local de La Rioja. Dependiendo del día, estaba en contra o promovía la abstención. Pero en ninguno de esos artículos se detecta fervor alguno ni por la democracia que nacía ni tampoco por el proyecto constitucional. Más bien al contrario.
Es ese Aznar que criticaba la Constitución cuando realmente estaba en juego la democracia, que se alineaba con el minoritario tardofranquismo que representaba AP, el que hoy da lecciones sobre constitucionalismo a los demás. Y ni entonces ni ahora ha defendido realmente los principios de esa Constitución española de la que solo parecen preocuparle dos trocitos de dos artículos. El artículo 1.3 –que España es un reino–. Y la primera mitad del artículo 2 –la indisoluble unidad de la nación–.
Digo dos trocitos de dos artículos y creo que soy exacto en la precisión. Porque a esta derecha que Aznar representa le sobra la segunda mitad del artículo 2 –donde se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones–. Y también le molestan, en la práctica, los dos primeros puntos del artículo 1 de la Constitución: que España es un Estado social y democrático de Derecho y que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
En esencia, la Constitución establece un régimen democrático y de libertades donde todos los votos valen igual. Y no cabe esa disquisición que hacen cada tanto en la derecha dividiendo el país entre buenos y malos españoles, entre diputados de primera y de segunda, entre mayorías parlamentarias legítimas –las que lidera la derecha con la extrema derecha– e ilegítimas –todas las demás–.
Aznar está fuera de los valores democráticos cuando niega a los presidentes que le sucedieron el derecho a asumir los mismos pasos arriesgados que dio él cuando la responsabilidad era suya, en esos años en los que ETA era un “movimiento vasco de liberación” y hablaba “catalán en la intimidad”. Son pasos cuestionables, criticables, debatibles… Pero Aznar no puede pretender que solo lo suyo sea constitucional, y no los riesgos políticos que asumen los demás.
Por más que lean y relean la Constitución, por más que busquen en ella, no encontrarán ese artículo que dice que quien queda primero en votos tiene el derecho natural e innato a gobernar, aunque no logre la mayoría parlamentaria. Más bien al contrario. Quienes llevan años negando la legitimidad al actual Gobierno, quienes negarán su legitimidad si Pedro Sánchez logra una nueva investidura, son los que se sitúan fuera de la Constitución.
Si a José María Aznar le preocupara realmente la Constitución –la de verdad, no la que está en su imaginación– se indignaría ante lo que supone el incumplimiento más grave y flagrante de la Carta Magna: el secuestro desde hace cinco años del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación su partido bloquea porque ha perdido la mayoría en las urnas que le dio el control de ese órgano constitucional.
Aznar no es constitucionalista, ni lo ha sido nunca. No lo era cuando tocaba serlo y tampoco lo es hoy. Y no se despisten con la situación: el problema no es la amnistía, ni los indultos de la legislatura anterior. Esa es la excusa. Lo que realmente les molesta es algo tan constitucional como aceptar que son otros quienes tienen los votos necesarios para legislar y gobernar.
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