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CIFUENTES SE LLEVARÁ EL DIPLOMA A LA CELDA |
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la ex presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad en documento oficial ya que el Ministerio Público la considera inductora de la falsificación de un acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
A Cristina Cifuentes se suenan las trompetas del juicio, esperemos que no sea el "final".
La chulería, la prepotencia, la soberbia y todo de lo que ha hecho gala Cristina Cifuentes, además de su afición por la cremas sin pagar, la ha convertido en un cadáver político y carne de banquillo con tendencia a ser "fija en una celda con cargo a Instituciones Penitenciarias", 'la cárcel' para que se entienda.
Todo el proceso ha puesto en evidencia que la URJC estaba trufada de mangantes que daban títulos y máster sin pisar el aula. Lo conocido da para una película de la serie negra. Una dirigente del partido (PP) que domina la URJC es pillada en mentira y denunciada por decir que tenía un máster y en realidad no lo tenía. Se pone en marcha la maquinaria de las mentiras : El fiscal señala a Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Del mismo modo imputa a Enrique Álvarez Conde ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión mientras que a María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión.
El escrito de acusación ubica en primer lugar cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, recuerda que Enrique Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, sita en Vicálvaro,; María Teresa Feito Higueruela era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC; Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la comunidad de Madrid y Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC. Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011–2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de post grado, era dirigido por Álvarez Conde.
Así, el 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el Rector de la Universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado “dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como Secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente”.
Por su parte, Cecilia Rosado, dada la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático y “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía”, accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas. Es más, hizo constar “mendazmente” tras los datos de identificación del Master de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del Director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal que: “Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7´5)”, estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas , Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.
Una trama mafiosa en manos del PP perfectamente orquestada, es un decir, para proporcionar títulos académicos sin haber pisado un aula. Es doblemente delictivo. 1º Por la desvergüenza de dar un titulo académico a quien no se lo merece. 2º Por utilizar el cargo para obtener prebendas. Todo ha sido un escándalo que tiene que acabar con penas de cárcel para los autores y los inductores. Cifuentes tiene que pagar sus chulerías y sus robos.