Que se había gestado una suerte de conjura en el Consejo para torpedear el nombramiento de los dos nuevos magistrados que le corresponden al Constitucional y que el propio Lesmes trabajaba a contrarreloj para evitar.
Se trataba de la amenaza del bloque conservador, conformado por ocho magistrados y contrarios a la reforma exprés que aprobó el Gobierno para permitir al Ejecutivo y al Poder Judicial nombrar a los magistrados del Constitucional aunque el mandato haya caducado. Su postura era la de que había que establecer un procedimiento de elección y no decidir sobre un tándem cerrado permitiendo la votación individual. En resumidas cuentas, una posición que ponía al Poder Judicial al borde del incumplimiento legal, al dificultar que la renovación se hiciese en el plazo previsto.
Este jueves los peores presagios se han confirmado y, como se había previsto, el pleno extraordinario del CGPJ ha finalizado sin un solo nombre en la mesa tras cerca de cuatro horas. Lo ha hecho después de que se consumase la amenaza del bloque conservador que también se ha anotado otro tanto al lograr fijar las “reglas del juego” de esta elección. Habían alertado de que no hablaría de candidatos hasta que se establecieran las normas para la propuesta y votación, pero también que había que respetar “los tiempos” del Consejo. En este sentido, no hay muchas expectativas de que los nombramientos puedan producirse antes del 13 de septiembre, cuando expira el plazo legal fijado.
Con la reforma exprés del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 (la que regula el Poder Judicial) se ha desbloqueado la posibilidad de romper esa mayoría conservadora en el TC. A pesar de que con ella el Gobierno enmendase otra ley aprobada anteriormente que le retiraba la competencia de realizar nombramientos al Poder Judicial en funciones, la Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo.
Y lo determinante es que, con una mayoría progresista, el Gobierno tendría más votos asegurados para que corriesen riesgo varias leyes sobre las que el Constitucional debe pronunciarse en los próximos meses.
PARA QUE QUEDE CLARO: LOS JUECES SON FUNCIONARIOS DEL ESTADO. CONFORMAN UNO DE LOS PODERES EL JUDICIAL. PERO ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR LAS LEYES. INCLUIDAS LAS QUE NO LES GUSTEN.
Nota. Yo me casé por lo civil en el año 1982. El Juez y el secretario, al que le tuve que llamar al orden, eran contarios a los matrimonios civiles. El juez fue un grosero sin disimulo. Como no le gustaba casar por lo civil demostró su grosería durante el acto.
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