CRISTINA CIFUENTES : VAMOS A CONTAR MENTIRAS

CRISTINA CIFUENTES AHOGADA EN SUS MENTIRAS

La chapuza exculpatoria de Cristina Cifuentes en el caso de las notas falsificadas han salpicado, como no podía ser de otra forma a la Universidad Rey  Juan Carlos.

Como muy bien explica Antón Losada, profesor de Universiadad, sobre las explicaciones de las autoridades de la RJC para justificar lo injustificable, la Universidad no funciona así.

En todas las universidades europeas se producen errores administrativos, mecánicos y humanos, en las universidades españolas también. En todas las universidades europeas existen procedimientos reglados para corregir tales, en las universidades españolas también. Procedimientos reglados para proteger los intereses de los alumnos, que requieren el control de un tercer órgano y que obligan al profesor a justificar expresamente su cambio de criterio. Si en una universidad española se produce un error en un expediente académico, la corrección debe hacerse mediante una diligencia formal, donde debe constar de manera expresa la causa de la corrección y quién se hace responsable.

En la universidad española las actas cerradas y depositadas ya bajo custodia de la secretaría no se corrigen de palabra, tampoco por teléfono. Igualmente la corrección debe hacerla el funcionario habilitado por la secretaría a tal efecto, no cualquier funcionario. Si las  dos notas cambiadas a Cristina Cifuentes son fruto de una corrección de errores, la universidad debe tener las correspondientes diligencias explicando y habilitando tal corrección; basta con que las acredite para zanjar el asunto sin rozar siquiera la famosa ley de protección de datos.

En la universidad española el acta de los exámenes de cada asignatura, como es el caso de “financiación de las comunidades autónomas”, se formaliza en un documento colectivo, donde se graban en un único documento las notas de todos los alumnos presentados y matriculados y, a veces, se producen efectivamente errores; especialmente en asignaturas con cientos de alumnos. Sin embargo, el acta del trabajo de fin de máster es un acta individual, un documento específico para cada alumno que han de firmar todos los profesores que evalúan el trabajo; no hay otros alumnos con quien confundirse y el documento, con un único alumno y una única nota, pasa por el control de al menos tres profesores y un funcionario, la posibilidad de error resulta prácticamente nula, por no decir imposible.

En ningún máster de ninguna universidad europea los trabajos de fin de máster resultan voluntarios, ni se presentan o defienden de manera informal, en la universidad española tampoco. Han de presentarse en la secretaria del departamento responsable del título, con entrada de registro y con un número mínimo de copias. La Universidad Rey Juan Carlos solo tiene que presentar el libro de registro del departamento responsable del máster, que además es público, y allí constará día, hora y número de copias depositadas por la alumna Cristina Cifuentes. Así de sencillo, de nuevo ni se roza siquiera la Ley de protección de datos, invocada en este caso como si las notas de unos exámenes fueran un secreto de Estado que hubiera que proteger. De hecho, en la mayoría de las universidades el trabajo de fin de máster se defiende en un acto abierto al público. Invocar la ley de protección de datos resulta tan extemporáneo como clamar por las tablas de Moisés.

Una vez que la propia presidenta se haya aclarado consigo misma y sepamos si aprobó e hizo su TFM en 2014 y a la segunda, como dijo ella, o en 2012 y a la primera, como dice ahora la universidad, nadie como la misma Cristina Cifuentes tiene en su mano poner a disposición del público ese trabajo sobre el reparto autonómico de las competencias de seguridad, que le valió nada menos que un 7.5; aunque solo sea en aras de la transparencia que todos defendemos.

Yo he sido docente durante muchos años y lo dicho por los responsables de la UJCR me lleno de vergüenza. Dejaron a la UJCR a una altura de república bananera.  Yo he firmado muchas actas y afirmo que en ningún momento personal administrativo alguno esta autorizado a modificar calificaciones sin el consentimiento y firma de los profesores implicados. Todo pasando por Registro y quedando perfectamente documentado y legalizado.

No concibo el grado de chapuza que anega a los responsables de la UJCR para decir lo dicho. Es una "patraña" y está en juego la dignidad de la Universidad. La de Cristina Cifuentes ya está bastante rebozada en basura.