Vox ha cruzado una nueva línea contra la población migrante, contaminado por el delirio de Trump. Este lunes, en rueda de prensa, la diputada Rocío de Meer lanzó por primera vez la propuesta de realizar deportaciones masivas si su partido llegase al Gobierno. "Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país [...] ocho millones son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres", manifestó De Meer. Como solución, apuntó que "todos estos millones de personas tendrán que volver a sus países".
El partido ultra lanzó este misil en una rueda de prensa convocada para valorar un caso de violación ocurrido en Alcalá de Henares atribuido presuntamente a un joven de Malí residente en un centro de acogida. Vox no tardó en instrumentalizar la agresión sexual. Transformó un hecho aislado en munición política.
La propuesta de Vox no hace distinciones entre aquellos que están en situación irregular o los que tienen permiso de residencia o incluso el pasaporte español. El partido de extrema derecha ha encontrado al enemigo: tu vecina de Colombia que regenta una tienda, la cuidadora boliviana de tu abuela, el hijo de senegaleses que juega en el parque con los demás niños.
Un planteamiento sin precedentes en la democracia española, no solo por su radicalidad, sino por su incompatibilidad con la legislación vigente. "Para querer intentar llevar a cabo algo someramente similar a lo que Vox propone España debería modificar radicalmente su Constitución, el Código Civil, la normativa de extranjería, salirse de la UE, del Consejo de Europa y de los convenios de derechos humanos ratificados", remarca Adilia de las Mercedes, directora de DEMOS, estudio legal de derechos humanos.
En primer lugar, una deportación masiva de este tipo está prohibida a nivel europeo. "Desde el punto de vista legal, las decisiones de retorno -que es el término técnico empleado en la legislación europea para designar la expulsión de personas migrantes- no admiten ni permiten procedimientos masivos o colectivos de expulsión. De hecho, están expresamente prohibidos por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado vinculante para España", explica Javier Moreno, abogado especializado en extranjería.
HAN DADO LA CARA Y SE JACTAN DE SER ASÍ
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