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El Supremo ha hecho algo más que negarle el apoyo aéreo que buscaba a la desesperada para una instrucción tan delirante como arbitraria. Se la ha bombardeado sin piedad, empezando por su demoledor argumento para cortar de raíz cualquier otro intento de elevar la responsabilidad penal hasta el infinito, o hasta donde le salga de la toga al instructor, al recordarle que ocupar un cargo no significa “una atribución automática” de una conducta apropiatoria bien sea por acción o por omisión.
La reiterada alusión a la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado”, despreciando sus intentos de manipular el testimonio de un testigo para inventarse el falso testimonio del ministro suena a bofetada a mano abierta. Recordarle sin anestesia que aún no hay verdad judicial, ni siquiera forense, y, por tanto, no puede haber falso testimonio, no llegan a la crueldad penal, pero duele igual o más. No hay una sola frase en el texto de la resolución de Supremo a la que el juez Peinado pueda agarrarse para ver una luz al final de su creatividad judicial.
Reprocharle la “extraña omisión” de no dar audiencia la fiscalía cuando era aconsejable y preceptiva manda a Peinado al purgatorio de los malos instructores. El reproche del Tribunal por no haber incluido datos relevantes que debió aportar la fiscalía le acerca un poco más al infierno de los prevaricadores. También hay un recado para la Audiencia de Madrid, cuyo auto presentó de urgencia como si fuera la pistola humeante que andaba buscando, pero que tampoco aporta prueba alguna.
El Supremo había de elegir entre dejarse arrastrar a las guerras personales de un magistrado que, o no sabe, o es muy malo, o las dos cosas a la vez y preservar el prestigio que pueda quedarle a la Sala aplicando el código penal y respetando su propia doctrina. Ha elegido rápido y ha elegido bien. Le ha dicho a Peinado, sin andarse con muchas cortesías profesionales, que, si quiere proseguir en este delirio y despeñarse por un abismo jurídico en nombre de su santa misión contra el Sanchismo, que lo haga solo; que es muy burdo y que no va con ello.
Nuevo varapalo para el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, después de que el Tribunal Supremo archivara la ‘causa’ contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La letra pequeña del auto, al que ha tenido acceso a ElPlural.com, deja claro que no existe fundamento ninguno en las intenciones del magistrado para encausar al miembro del Gobierno por malversación y falso testimonio en el marco de la investigación sobre Begoña Gómez.
“Ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud, sobre la participación en ellos de la persona mencionada en la exposición razonada, procede el archivo de la presente causa”, concluye el documento, que es muy claro en todas sus partes.
En las primeras páginas -de un tota de nueve- el auto se refiere a “la improcedencia de incoar diligencias de investigación por los hechos relacionados en la exposición recibida del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, acordando su archivo para no revertir los hechos apariencia delictiva”.
"Meras hipótesis"
Para empezar, el Supremo recuerda a Peinado que en este tipo de escenario “no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado”, sino que “resulta indispensable que el Juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo”.
“Y esa exposición razonada ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar -con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente- el alcance objetivo y subjetivo de los hechos”, acentúa.
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