Miriam Sánchez no puede más. Después de la entrevista que concedió su ex, el periodista Pipi Estrada, al programa ¡De viernes!, y a otros tantos, hablando de su estado de salud, la exganadora de Supervivientes ha estallado en redes sociales, donde ha pedido ayuda para "parar" a su ex y padre de su hija.
"Necesito ayuda. Alguien me puede ayudar a parar este hombre. Yo no puedo", ha escrito Miriam en redes sociales. "No me deja seguir mi vida", ha respondido a una usuaria que dijo que "era una mujer estupenda".
"Nunca le di consentimiento para hablar de mí. Desde que nos separamos. Allá en el 2013. Llevo años sin hablar con él", ha explicado la extelevisiva, que disfruta de un re tiro voluntario de los focos. "Demándalo!!!! Terelu lo hizo y ganó", ha expuesto una usuaria, a lo que ella ha respondido que "no se le puede parar. A la cadena sí".
Precisamente contra la cadena apunta Sánchez. Además de esta publicación, la exactriz de cine para adultos ha revelado este sábado en su cuenta de X (antes Twitter) que tiene la intención de denunciar a la cadena Telecinco tras la entrevista que concedió su ex al programa, en el que alertó de los problemas de salud mental de la exactriz.
"Me marcho, gracias a todos, evidentemente con mucha ansiedad y no sé qué hubiera sido sin vuestro apoyo. Voy a denunciar a la cadena con carácter retroactivo. Gracias", escribió Sánchez.
Estrada dijo el viernes: "La situación actual entre nosotros es de incomunicación total. Ahora mismo ella no se relaciona con nadie y cuando vives bunkerizada las consecuencias pueden ser impredecibles".
Según el periodista deportivo, con quien Sánchez tiene una hija en común, la ex actriz porno tenía problemas de adicciones.
A ESTE MACHISTA RECALCITRANTE, EL TAL PIPI, TAMBIEN TERELU LE MANDO CALLAR SOBRE SUS RELACIONES. UN HOMBRE QUE SE CHULEA DE LO QUE HA HECHO CON UNA MUJER NI ES HOBRE NI MERECE SER CONSIDERA COMO TAL, Y ESO ES DE LO COBRA EL TAL PIPI-
El actual PP es heredero de AP de Fraga, el PP de Aznar, Mariano Rajoy, M. Rajoy, Pablo Casado y ahora el designado, que no elegido Feijóo. Cuando se hereda se hereda todo, lo bueno y lo malo. El caso Montoro va en el lote, junto con la policia patriotica y ...
La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha vuelto a cargar contra los casos de corrupción que afectan al PSOE, cuya responsabilidad —según ha afirmado— recae directamente en Pedro Sánchez y en el Gobierno, que considera "el más corrupto de la historia de la democracia". Por otro lado, ha defendido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene ninguna "responsabilidad política" en el 'caso Montoro', ya que “era presidente de la Xunta de Galicia cuando se produjeron los hechos que se imputan al exministro de Hacienda durante el mandato de Rajoy", y ha subrayado que “ninguno de los implicados es afiliado al Partido Popular”
La dirigente popular también se refirió al 'caso Koldo' y a las investigaciones que salpican a antiguos altos cargos socialistas como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "En el caso de Pedro Sánchez, él fue quien eligió a las personas que le acompañaban en el coche durante las primarias; él nombró al fiscal general del Estado y a esa multitud de cargos del Partido Socialista y del Gobierno que hoy están imputados", afirmó Fúnez.
Insistió en que el PSOE "no puede hablar de regeneración democrática" cuando "el presidente del Gobierno tiene a su mujer imputada, a su hermano procesado y al fiscal general del Estado —nombrado por él— a punto de ser juzgado". "En el entorno de Sánchez no se salva ni el apuntador", añadió, subrayando que “hay más sumarios abiertos que presupuestos y más imputados que leyes aprobadas".
En este contexto, Fúnez no aclaró si el Partido Popular apoyará el plan de regeneración democrática propuesto por los socialistas. Sin embargo, anunció que un eventual Gobierno del PP pondrá en marcha, en sus primeros 100 días, su propio "plan de regeneración democrática e institucional", que incluirá la derogación de todas las leyes "que rompen con la igualdad de los españoles", la garantía de la caja única de la Seguridad Social y una reforma de la Agencia Tributaria para asegurar la equidad en el acceso a los servicios públicos.
"Cada vez que se ataca al Estado de Derecho, sufre la democracia y se ponen en riesgo los derechos de los españoles", concluyó Fúnez, presentando a Feijóo como "la mejor garantía" para restaurar la confianza en las instituciones.
Oiga Carmen Funes, que no vale el "pues anda qué tú" cada palo que aguante su vela y el PP tiene corrupción desde su fundador Fraga
Cristóbal Montoro formó parte del grupo de economistas que en la década de los noventa susurró al oído de José María Aznar hasta que se convirtió el ministro de Hacienda de referencia del Partido Popular. Primero con Aznar (2000-2004) y después con Mariano Rajoy (2011-2018), ejerciendo de diputado y eurodiputado durante las dos legislaturas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue en ese ínterin, mientras representaba al PP en Bruselas, cuando puso en marcha lo que entonces se llamó “Montoro y Asociados”.
El gurú fiscal del PP daba una entrevista a El Mundo en 2006 y celebraba la gran afluencia de cargos del partido que iban a trabajar con él. “Se trata de aprovechar el buen entendimiento que tenemos entre nosotros para seguir trabajando, en este caso al servicio de nuestras empresas clientes”. Finalizaba con una frase entre risas: “No vamos a hacer tráfico de influencias. Eso no va conmigo. Si hubiera querido dedicarme a eso, no necesitaría montar un equipo tan amplio”.
Lo que montaba entonces Montoro era una puerta giratoria de altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria que habían trabajado con él en los ejecutivos de José María Aznar y que volverían a hacerlo, algunos de ellos, con el regreso del PP a la Moncloa en la etapa de Mariano Rajoy. El propio Montoro presidió el despacho hasta que vendió sus acciones en 2008 y volvió al Congreso. El despacho pasó a llamarse Equipo Económico y ahora está bajo la lupa de un juzgado por si sus conexiones con Montoro y el Gobierno de Rajoy sirvieron para que varias empresas gasísticas desembolsaran 779.000 euros al despacho, sin contar las posibles minutas. Según el sumario del caso, no fueron las únicas.
La lista del trasvase de altos cargos que entraron y salieron del despacho de Montoro es larga y algunos nombres se solapan con la nómina de imputados del juez de Tarragona. Y el trayecto que hicieron muchos demuestra que la puerta no dejó de girar. La documentación del caso apunta a que la puerta, además de girar, llevaba a los despachos del ministerio cuando llegaba la hora de negociar reformas legales para los clientes de Equipo Económico.
La lista de altos cargos empieza en la propia fundación del despacho en 2006. Ricardo Martínez Rico, actual presidente del despacho, fue secretario de Estado de Presupuestos en la última legislatura de José María Aznar, dos años antes de fundar la empresa con Montoro. Manuel de Vicente-Tutor, socio director de Equipo Económico, se incorporó en 2007, un año después de su creación, y hasta entonces había sido subdirector general de Planificación en la Agencia Tributaria (1999-2001) y jefe de gabinete del director en este organismo (2001-2004). Un director de la AEAT que en ese periodo era Salvador Ruiz Gallud y que hoy es responsable del área fiscal del despacho.
Pilar Platero fue asesora de Montoro con Aznar en el Gobierno, pero se marchó a la asesoría para ser socia hasta la llegada de Rajoy a la Moncloa en 2011, cuando volvió a Hacienda de la mano del otra vez ministro. Fue subsecretaria de Presupuestos hasta 2016 y posteriormente presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita a Hacienda, hasta la moción de censura. Francisco de Asís Piedras es socio director del despacho, pero previamente, entre otros cargos, también fue director de gabinete de Montoro. José María Romero, director de área económica, fue asesor de Montoro en Bruselas, donde estaba destinado como eurodiputado cuando abrió el despacho.
La lista recorre todos los estamentos de la administración pública relacionada con los impuestos. Altos cargos de la Agencia Tributaria, de la gestión de presupuestos y asesores y jefes de gabinete. Y también ministros, algunos pasados y otros futuros. José María Michavila, ministro de Justicia con Aznar, se asoció con la asesoría aunque no puso dinero, y Luis de Guindos, poco antes de convertirse en el ministro de Economía de todos los gobiernos de Rajoy, también jugó un papel discreto en el arranque del despacho con un 5% del capital de apertura.
Altos cargos que entraron y salieron de Equipo Económico compartieron despacho con otros que después formaron parte del banquillo del caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid. José Manuel Fernández Norniella fue uno de los fundadores y principales accionistas del despacho en sus primeros tres años de vida. Antes había sido secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato y José María Aznar y su paso por el banco, gastando 185.000 euros con la tarjeta, le costó un año de cárcel.
El despacho de Cristóbal Montoro, del cual se desvinculó en 2008 tras volver al Congreso de los Diputados, es uno de los ejemplos más concentrados de puerta giratoria en la política española. También de los más expuestos, lo que según el juez de Tarragona no fue un obstáculo para las mayores empresas españolas del sector del gas industrial acudieran a Equipo Económico para buscar línea directa con Cristóbal Montoro y su Ministerio. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda”, dice uno de los correos intervenidos.
El propio Montoro tuvo que referirse al asunto cuando en 2017 la Fiscalía Anticorrupción presentó una primera querella contra su antiguo despacho, un asunto que con los años acabó archivado en los tribunales mientras la segunda causa, que ahora le ha costado la imputación, se abría paso en un juzgado bajo secreto de sumario. “Estando en la oposición entendí que yo no debía estar en ninguna consultora. Por eso vendí las acciones. Para que nadie pudiera decir nunca nada”, dijo ese año en los pasillos del Senado.
Ahora un juez investiga si la puerta giratoria que nació como Montoro y Asociados tuvo su agenda telefónica como principal activo cuando las empresas gasísticas llamaron a su puerta. Pidiendo ayuda para conseguir lo que no había conseguido una consultora del nivel de Ernst&Young: que el Gobierno bajara la factura fiscal del sector.
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Dicen con razón que nunca es tarde para aprender. Es probable que Juan Carlos Peinado no esperaba a sus 70 años que un auto de nueve folios le pusiera al día sobre ciertos conocimientos de Derecho que uno pensaría que están al alcance de cualquier juez. Acostumbrado a dar saltos en su investigación de Begoña Gómez buscando por dónde pillarla, descubrió de repente que se abría un atajo ante él que le llevaría a obtener la fama que busca: conseguir que el Tribunal Supremo asignara al ministro Félix Bolaños la etiqueta de imputado y asumiera toda la investigación del caso. Él podría declarar victoria y recibir el aplauso de la derecha que tanto anhela.
Escribí que el Supremo tendría que encontrar una manera de rechazar su loca idea sin tacharlo de demente. Prueba superada. En el auto, que se puede leer al final de este artículo, los magistrados de la Sala de lo Penal se abstienen de llamarle loco, pero encuentran la manera de tacharlo de ignorante. En su interrogatorio de Bolaños en Moncloa, Peinado presumió de que conocía muy bien los procesos de contratación en la Administración Pública. Más bien era al revés. No es lo más importante. En términos de ignorancia, tiene que hacer más daño que el Supremo te comunique de forma nada ambigua que el fiscal aporta en su informe los hechos que se necesitan saber para dilucidar la cuestión de la responsabilidad en la contratación de una asesora para la esposa de Pedro Sánchez. Incluyendo además un documento de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno "que, a pesar de ser omitido en la exposición (del juez), es relevante para conocer la normativa que rige el nombramiento de un empleado eventual, y sus funciones".
La cosa está entre ignorancia, negligencia y mala fe. Es lo que ocurre cuando has llegado a una conclusión y te ocupas de esconder todo aquello que pueda desmontar la tesis. Resulta bastante humillante que el Supremo te diga que es el fiscal, con el que estás enfrentado desde el primer día, quien tiene la razón y quien juega limpio. Los magistrados explican a Peinado los requerimientos básicos para que se pueda imputar el delito de falso testimonio, lo que no es posible "sin que se haya dictado sentencia o resolución judicial firme que haya declarado una 'verdad judicial o forense'" con la que se pueda comparar la declaración sospechosa.
También se ven forzados a impartirle otra lección, esta vez sobre el delito de malversación que, al ser un delito doloso, implica voluntad consciente de infringir la ley. No vale con el simple hecho de ocupar un determinado cargo público si no se ha probado que esa persona supiera lo que estaba pasando con ciertas contrataciones. Y finalmente le recrimina la falta de lógica en la valoración del testimonio de Bolaños. Si se le imputan al testigo unos delitos que supuestamente habría cometido, "no cabe exigirle declaración veraz". No está obligado a autoincriminarse: "En el caso de que, hipotéticamente, llegara a ser investigado por los delitos a los que se refiere la exposición, escasa virtualidad tendrían sus manifestaciones como testigo, desde la perspectiva del derecho a la no autoincriminación".
Esto tiene que ver con la práctica habitual de Peinado de citar a una persona como testigo y, si no le gustan sus respuestas, volver a convocarle como imputado. Esto no es en sí ilegal. Es algo a lo que se ven obligados a veces los jueces. Peinado lo ha convertido en una táctica que emplea de forma sistemática. Lo ha hecho con varias personas. Algunas de ellas tenían un relación muy liviana con los hechos por los que se investiga a la esposa de Sánchez.
Como conclusión, el Supremo dice a Peinado que se vuelva por donde ha venido "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud". Recordemos que el juez había afirmado en el auto dirigido al Supremo que "existen indicios razonables, sólidos y cualificados" de los delitos cometidos por Bolaños. La noche y el día.
Peinado vive en su universo alternativo, donde es jaleado por la prensa conservadora por el daño que hace a Sánchez, donde sus pasos contra Begoña Gómez permiten al Partido Popular desarrollar desde hace más de un año su tesis de que la corrupción rodea a Sánchez por todos los lados, incluso los más cercanos, como es su familia.
Mientras tanto, a Peinado no le da la vida con Begoña y se ve obligado a cerrar casos porque se le olvida prorrogar la instrucción. En uno de ellos, el PP salió claramente beneficiado al afectar a una denuncia sobre las cantidades exageradas que el Ayuntamiento de Madrid pagó a OK Diario por el patrocinio de una jornada de conferencias. En otro, quienes salieron ganando fueron los presuntos responsables de una estafa.
El Partido Popular ya se olía de que no convenía lanzarse en plancha subidos a la iniciativa de Peinado contra Bolaños. En el fondo, saben que el botín obtenido por el juez después de más de un año de investigación es bastante magro. Por el contrario, su capacidad de generar titulares ha sido inmensa, que es lo que interesa al PP. Sólo necesitan que el caso siga vivo, aunque no se alcance una conclusión. Suponen que es lo que más desestabiliza personalmente a Sánchez.
Aun así, Miguel Tellado no pudo resistir la tentación en su momento. Le preguntaron en una rueda de prensa sobre su opinión a cuenta de la intención de Peinado de imputar a Bolaños y respondió: "No son cargos menores. Malversación y falso testimonio. Falso testimonio por parte de quien es notario mayor del Reino. El ministro de Justicia, nada más y nada menos. Yo creo que el señor Bolaños tiene motivos para estar preocupado".
Quien debería estar realmente preocupado en estos momentos es Peinado. Tiró por la calle de en medio y un camión conducido por jueces muy conservadores le ha pasado por encima. Y ya no tiene edad para este castigo ni para recibir lecciones. En realidad, no tiene edad o conocimientos ni para ser juez.
LOS VOCEROS DEL PP, INDA, MARHUENDA, ABC, EL MUNDO, ETC. NO HAN PEDIDO PERDÓN POR SUS CALIFICACIONES CALUMNIOSAS
Violencia machista, acusaciones falsas de despilfarro, invención de minibares de lujo en coches oficiales, connivencia mediática y bulos sostenidos hasta el final. Mucho antes de que Alberto Núñez Feijóo apuntara al presidente del Gobierno con insinuaciones sobre prostíbulos, ya había perfeccionado en Galicia un manual de juego sucio con consecuencias políticas letales. El episodio más reciente, en el que el líder del PP reprochó a Pedro Sánchez supuestas vinculaciones con la prostitución para erosionar su imagen y la de su esposa, no es más que la reedición de una estrategia conocida: erosionar con falsedades, apuntalar desde los medios afines y mantenerse siempre por encima de la batalla como si no tuviera nada que ver.
Pero lo tiene. En las elecciones autonómicas gallegas del 1 de marzo de 2009, Feijóo y el PP emprendieron una campaña de acoso moral contra los dirigentes del bipartito PSdeG-BNG. Durante las semanas previas a aquellos comicios, los populares —con el respaldo constante de medios conservadores— difundieron filtraciones y noticias falsas sobre supuestos gastos excesivos, casos de maltrato, fraudes con el voto emigrante o lujos personales. El objetivo: dañar la credibilidad de Anxo Quintana y Emilio Pérez Touriño, entonces vicepresidente y presidente de la Xunta, respectivamente. Feijóo ganó entonces la mayoría absoluta por poco más de 9.600 votos, y desde entonces el PP no ha soltado el poder en Galicia.
El caso más grotesco, y a la vez revelador, fue el de un supuesto minibar valorado en 6.000 euros instalado en el coche oficial de Anxo Quintana. La diputada popular Susana López Abella lo denunció en el Parlamento gallego, y el asunto fue amplificado sin descanso por medios afines. La realidad, sin embargo, era bien distinta: lo que había en aquel coche era una simple nevera portátil de 15 euros para enfriar botellines de agua. A pesar de la evidencia, el bulo se mantuvo en el debate público el tiempo suficiente como para cumplir su función. Quintana, retirado de la política desde entonces, reconocería años después que el coste emocional de aquella campaña fue demoledor. “Todo se acaba superando, pero a mí me costó mucho y durante algún tiempo estuve psicológicamente KO”, llegó a reconocer este a ‘Público’. “Siento una total empatía hacia Pedro Sánchez, pero estamos obligados a hacer una lectura política de todo esto, no sólo personal”, añadió.
Pero, el asedio no se limitó al minibar. En febrero de 2009, en plena campaña, el entonces presidente de la Diputación de Ourense, Xosé Luis Baltar —padre del actual senador Manuel Baltar— insinuó en un acto público que Quintana maltrataba a su pareja. El desmentido fue inmediato por parte de ambos, pero no importó. Los medios próximos al PP se lanzaron a difundir la acusación, incluso publicando fotografías de una abolladura en el portón del garaje del domicilio de Quintana como supuesta “prueba”. Años más tarde, la Audiencia Provincial de Ourense desestimó la querella presentada contra Baltar por aquellas declaraciones. Pero, para entonces, ya era demasiado tarde y el daño estaba hecho.
En paralelo, el presidente socialista Emilio Pérez Touriño fue objeto de una ofensiva basada en medias verdades y exageraciones. En 2005, Feijóo ya había cuestionado sin pruebas la legitimidad de su elección, denunciando irregularidades con el voto emigrante. Cuatro años después, en plena crisis económica, el relato conservador volvió a poner el foco en su coche oficial. Se le acusó de gastar 480.000 euros en un vehículo “más caro que el de Obama”. Sin embargo, aquel coche blindado era el mismo modelo que ya había usado Manuel Fraga y que utilizaban otros altos cargos del PP amenazados por ETA, incluido el propio Feijóo cuando fue vicepresidente de la Xunta entre 2004 y 2005.
Esta campaña coordinada entre partido y prensa encontró un socio esencial: La Voz de Galicia, el diario más leído de la comunidad. La relación entre Feijóo y el editor del periódico, Santiago Rey, ha sido descrita por el propio Anxo Quintana como un ejemplo de “presión empresarial”. Durante su etapa en la Xunta, Quintana impulsó un concurso eólico con criterios redistributivos que molestaron a empresas vinculadas a Rey. Según ha contado en varias ocasiones, el propio editor llegó a advertirle en persona: “No voy a permitir que un enfermero de Allariz cambie el marco económico de Galicia”. A partir de entonces, la línea editorial del periódico se endureció contra él, y los bulos comenzaron a multiplicarse con el aval del medio que más influencia tiene en la política gallega.
Esta alianza mediático-partidaria ha acompañado a Feijóo durante toda su carrera. Bajo su mandato, la Xunta destinó millones en publicidad institucional a La Voz de Galicia, cuya cobertura favorable ha sido clave para su blindaje político. Mientras tanto, su imagen pública ha sido cuidadosamente esculpida: la del gestor eficiente, tranquilo, capaz de pactar con todos. Pero esa imagen, vendida con insistencia en Galicia y reciclada en su desembarco nacional, se resquebraja al primer análisis. Detrás del Feijóo moderado hay un político que no ha dudado en tolerar campañas de difamación, envalentonarse con el uso de bulos y construir su liderazgo sobre relatos falsos amplificados por medios amigos.
Lo más inquietante es que la historia parece repetirse. Las insinuaciones sin pruebas contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez, lanzadas por el PP en plena ofensiva judicial y mediática, siguen el patrón de 2009: acusar sin verificar, sembrar la duda, intoxicar el debate público. Incluso el propio Touriño lo reconocía hace apenas unos meses en una entrevista en la Cadena SER: “Claro que todo esto me hace recordar muchas cosas”.
LO QUE "PRONTO Y BIEN SE APRENDE, TARDE O NUNCA SE OLVIDA" FEIJÓO ES UN ALUMNO AVENTAJADO
“Correos electrónicos relativos al tratamiento de información sensible y legalmente protegida”. Así decidió la actual Agencia Tributaria titular el análisis al juez de los mensajes que Montoro manejó con fines alejados de su labor de ministro de Hacienda. Aquí aparecen desde adversarios políticos del Gobierno del PP, como la familia Pujol, a compañeros de partido, caso de Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato o Josep Piqué, y famosos con una gran exposición pública, como el tenista Rafa Nadal o la baronesa Thyssen.
En julio de 2017, cuando Mariano Rajoy apenas llevaba unos meses en Moncloa, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, escribió un correo a Montoro. “Si recuerdas, hace unos meses, la DE Madrid nos avisó de que iban a abrir un procedimiento de comprobación limitada a Esperanza Aguirre por el IRPF 2015…”, arranca el correo.
Rodrigo Rato, el gran rival de Montoro dentro del gabinete de José María Aznar, considera que la causa que le ha valido una condena de cuatro años y nueve meses de cárcel, fue impulsada de forma torticera por el exministro de Hacienda. En los correos incorporados al sumario aparece la evidencia de que, al menos, Rato no era tratado como un contribuyente más y que su caso requería la atención del ministro en persona. En uno de ellos, Menéndez le envía a Montoro el “calendario de actuaciones de investigación e inspección” al exministro de Economía.
El jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, trasladó en julio de 2014 al ministro de Hacienda lo que le comunicaba el director de la Agencia Tributaria sobre otro compañero de partido. “Uno de los socios implicados es J Piqué”, escribe Martínez Rico. Se refiere a la supuesta ocultación de bienes por parte de una importante productora de televisión a la que atribuyen una deuda tributaria de 7,5 millones de euros.
Los adversarios políticos del PP ocupan un lugar importante en este análisis de correos. Óscar del Amo era subdirector de Tributos en Hacienda hasta el pasado viernes. Había sobrevivido –no es el único– al cambio de Gobierno y continuaba en la cúpula de Hacienda. El 15 de marzo de 2018, todavía con el PP, recibió un mensaje de una dirección de correo del Tribunal Constitucional que pasó a compartir con sus colegas de la cúpula del Ministerio. Se trataba del recurso que Podemos había presentado contra la Ley de Contratos del Sector Público.
El subdirector general de Tributos se intercambia correos con el resto de la cúpula del Ministerio ante la solicitud de auxilio judicial por parte del instructor del caso de la caja B, Pablo Ruz. “Si nos pide un informe en el que examinásemos el efecto de nuestro criterio, sin modificarlo, con los presupuestos de hecho, que no derecho, del caso concreto…. Crucemos los dedos. Y ya guardo silencio”. Ruz finalmente proceso por delito fiscal al PP en contra del criterio de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción.
La fiscal forzó un debate en el que participaran todos sus compañeros, una posibilidad recogida en el Estatuto Fiscal, pero se impusieron las tesis de Luzón acerca de que no había ni siquiera indicios para investigar a Montoro y su equipo por revelación de secretos. Aún se desconoce si el juez Rubén Rus, al frente del caso en Tarragona, mantiene abierta alguna pieza separada y secreta al respecto.
LA FISCAL A LAS ORDENES DE M. RAJOY, MARIANO RAJOY BREY
