"Mostró a altos cargos actuando como lacayos de EEUU": recuerdos de WikiLeaks desde España
- Los documentos filtrados por WikiLeaks hace más de una década mostraron las maniobras de EEUU para intentar que se cerrasen las causas judiciales abiertas en España que les preocupaban
- David Couso, hermano del cámara asesinado en Bagdad José Couso, recuerda que gracias a la filtración pudieron confirmar que existía una "traición" y un "torpedeo sistemático" a la causa por parte de las autoridades españolas
La familia Couso tuvo desde el principio la sensación de que algo raro se movía alrededor de la causa abierta por el asesinato del cámara. No había victoria, por mínima que fuese, que no fuera seguida de una zancadilla al proceso. Y eso, repetido una y otra vez, hizo que entre los familiares del reportero gráfico anidase una duda permanente sobre las altas esferas políticas y judiciales españolas. El problema es que entonces eran solo eso, meras sospechas. Y lo fueron hasta que WikiLeaks soltó los papeles del Departamento de Estado. La revelación de todos aquellos documentos lo cambió todo. La familia pudo comprobar que no estaba loca, que Estados Unidos maniobraba para frenar casos como el de José Couso. Por eso, están "enormemente agradecidos" a la organización y a Julian Assange. Un activista que ahora se encuentra a solo un paso de ser extraditado a suelo norteamericano.
Cuando se produjo la filtración masiva, los Couso llevaban ya siete años dando la batalla en los tribunales para que se depurasen responsabilidades sobre el asesinato del cámara. Un camino repleto de éxitos y fracasos. Por aquel entonces, el caso ya se había cerrado y reabierto, en este caso por orden del Supremo, en dos ocasiones. Y el Ministerio Público no estaba por la labor de que el asunto continuase vivo. De ahí, el rechazo mostrado por el fiscal a las órdenes de detención internacional dictadas por el magistrado Santiago Pedraz y las peticiones de archivo de la causa. Una postura contra la que cargaron con dureza desde la familia del cámara: "Exigimos al fiscal general del Estado que se ponga a trabajar ya, a investigar lo que pasó, y que no se dedique más, ni él ni el Gobierno español, a tratar de torpedear una investigación judicial".
Aquellas palabras fueron pronunciadas por el hermano del reportero solo tres meses antes de que Pedraz se viese obligado a pedir explicaciones a Interpol por su negativa a poner en situación de búsqueda y captura a los tres militares procesados por la muerte del cámara –sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Camp–. Y resonaron con más fuerza si cabe a finales de aquel año 2010, cuando WikiLeaks filtró más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados desde la Administración central estadounidense hacia sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. En total, más de 10.000 comunicaciones hacían referencia a España y 3.600 eran de la embajada estadounidense en Madrid.
Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fue el intento de EEUU para frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de Couso. Los documentos recogían, por ejemplo, una reunión en enero de 2007 del embajador Eduardo Aguirre con el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EEUU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". Un encuentro en el que, según el informe, Conde-Pumpido aseguró que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención que acababan de ser dictadas por Pedraz. De hecho, solo unos meses después el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, avisaba a la legación que se había opuesto al procesamiento de los militares.
"Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente", se recogía en otro telegrama confidencial que llevaba el siguiente título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".
David Couso, hermano del cámara, recuerda a la perfección todas esas informaciones. Una cascada de comunicaciones que les dejaron con una sensación "agridulce". "Por un lado, pudimos ver que no estábamos locos, que existían papeles que confirmaban esa traición y torpedeo sistemático a la causa. Pero, al mismo tiempo, mostraba cómo altos cargos habían actuado como lacayos, reconociendo órdenes de una potencia extranjera", afirma en conversación telefónica con infoLibre. De hecho, al conocerse todos estos documentos la familia del reportero gráfico decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía. Consideraban que el contenido de los papeles podía indicar "la existencia de una conspiración o concierto delictivo". Pero no llegó a ningún lado. "Se quedó en nada. ¿Cómo iban a investigar los que maniobraron?", dice el hermano del reportero gráfico.
Tras la filtración, el Ministerio Público trató de defenderse. Así, una semana después de que viesen la luz los papeles del Departamento de Estado el fiscal general hizo llegar una nota a todos los fiscales jefes en la que resaltaba que la actuación por parte de los miembros del Ministerio Público había sido "irreprochable" y "absolutamente ajustada a derecho", al tiempo que mostraba su confianza en que "el rigor técnico" y la "acreditada profesionalidad" evitarían "cualquier menoscabo del interés general o de los derechos y garantías de los ciudadanos". No obstante, mostraba su preocupación por el "perjuicio" que causaba a la institución la difusión "fragmentaria y tratada de modo preordenado a su explotación mediática" de todos estos cables "relacionados con determinados procedimientos judiciales".
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