El fiscal general “va p'alante”, tal y como ya avanzó el cerebro de esta vergonzante operación en la que el Alto Tribunal no sólo condena a quien no cometió el delito -tal y como declararon en el juicio oral media docena de periodistas-, sino que lo hace un 20N. La fecha invita a pensar sobre quiénes y cómo siguen mandando en este país, pese a la muerte del dictador cuando se cumplen 50 años de su desaparición.
La derecha política, judicial y mediática se frota las manos con un fallo que además se hace público al día siguiente de que se conociera que González Amador había ejecutado la opción de compra que recoge el contrato de alquiler que firmó hace más de dos años con la sociedad dueña del ático que ha venido disfrutando junto a Ayuso por un alquiler mensual de 5.000 euros. Situado en la planta superior a la vivienda de lujo en la que ambos residen y que él compró en 2022, la última adquisición se ha formalizado con un precio de 1.127.000 euros según el acuerdo suscrito.
El golpe asestado a García Ortiz es un golpe contra el Gobierno, contra el Estado de Derecho y contra una democracia en la que cualquiera ya puede ser condenado sin haber sido culpable de la comisión de un delito. Es solo el principio de una escalada que continuará, seguro, con el hermano del presidente del Gobierno, la esposa y quien haga falta hasta que Pedro Sánchez, por los votos o por las togas, abandone La Moncloa. El precedente produce escalofríos en una España en la que justo este jueves se recordaba el final de los 50 años de franquismo. Por final se entiende la desaparición del dictador porque lo que son su sombra y algunos de sus métodos siguen muy presentes en algunas estructuras del Estado. España les sigue perteneciendo por derecho divino y no cejarán en su ofensiva.
LA MANO DE AYUSO ES ALARGADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario