AYUSO Y EL IMPERIO DE LA LIBERTAD

 AYUSO Y EL IMPERIO DE LA LIBERTAD

NO HA SIDO POR CASUALIDAD, ESTABA TODO ORQUETADO POR EL GOLFO BULERO DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, MAR. CON EL CONCURSO DE JUECES, HURTADO, MARCHENA Y ...

Todo lo que hicieron Ayuso y Rodríguez ese día, el 13 de marzo de 2024, estaba planeado para intentar descarrilar la investigación judicial del novio de ella, atacar a la Fiscalía que había recibido de la Agencia Tributaria las pruebas de los delitos fiscales descubiertos y presentar a la presidenta de Madrid como una víctima de las insidias de sus rivales. Por la mañana, con la rueda de prensa de Ayuso en Leganés. Por la tarde y noche, con la información falsa suministrada por su jefe de gabinete en un grupo de WhatsApp con 50 periodistas. Alberto González Amador le había dado permiso para utilizar los correos electrónicos de su abogado. Rodríguez puso a Amador en contacto con Esteban Urreiztieta, de El Mundo. 

Esa operación se montó para favorecer a quien Ayuso sigue llamando "ciudadano particular", como si Alberto González Amador fuera un pobre hombre que no conocía a nadie, y no un presunto delincuente. El mismo que se presentó en el juicio como una persona desesperada a la que el fiscal general ha destruido la vida. El que estaba pensando en suicidarse. El que recuperó rápidamente el deseo de vivir y compró el ático situado sobre el piso en el que vive con Ayuso y que ya estaba usando en alquiler. Un ático valorado por encima del millón de euros y adquirido con una hipoteca de 600.000 euros más los ahorrillos. Pues eso, un ciudadano particular indefenso y arruinado. 

Ya he dicho en alguna ocasión que no hay refrán más falso que el que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Al menos, en la política española. El equipo de Ayuso filtró información confidencial sobre un caso judicial y lo hizo con la intención de manipular la realidad. El fiscal general decidió que no podía permitir ese ataque a los fiscales del caso, a los que se presentaba como marionetas movidas por el Gobierno, y decidió responder a la mentira con un comunicado. “Cuando hay un bulo acreditado, tienes que desmontarlo –ha dicho Joaquín Giménez, magistrado emérito del Supremo–. Y eso lo tiene que hacer la Fiscalía, porque es el garante del interés público. Para desmontar ese bulo, hay que dar datos objetivos que acrediten que ese bulo es falso".

La derecha judicial tiene un punto de vista diferente. Cristina Dexeus, presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, ha afirmado que "el Ministerio Fiscal no es tertuliano, ni comentarista de la realidad, y la publicación de un comunicado comprometiendo la imparcialidad de la institución era de una gravedad incalculable". Según esta lógica, el comunicado comprometía la imparcialidad (política) de la Fiscalía. Ya lo saben, si el Gobierno de Ayuso ataca a los fiscales con un bulo para destruir su reputación, las víctimas deben quedarse calladas y permitir que se imponga la mentira en favor de los intereses del PP. Es una lógica partidista a la que parece que se ha unido la mayoría conservadora de la Sala Segunda del Supremo.

En este punto, hay que empezar a preguntarse qué papel jugará el comunicado de la Fiscalía en el texto de la sentencia. La Sala de Apelaciones del Supremo ya dijo que esa nota de prensa no podía ser objeto del juicio. El contenido revelado ya no era secreto, porque lo conocían varios medios de comunicación. Lo que se juzgaba era la filtración de los correos electrónicos. Como aún no hay sentencia publicada, no podemos llegar a una conclusión. De momento, sólo se puede sospechar a cuenta de algunos artículos aparecidos en los medios.

Si el propio afectado -a priori el más interesado en guardar el secreto- había dado vía libre a Miguel Ángel Rodríguez para que lo aireara, ¿cómo seguir considerándolo un secreto? ¿O es que sólo mantiene el carácter de secreto si se revela manipulado a favor del presunto defraudador fiscal?

La condena a García Ortiz plantea un imposible ontológico. Los cinco jueces conservadores del Supremo le declaran culpable, basándose en un concepto jurídico de secreto radicalmente obsoleto. Cuando la información existe simultáneamente en 600 nodos, cuando no está en ninguna parte y está en todas a la vez; cuando la responsabilidad de custodiarla reside en tanta gente que no recae en nadie, sencillamente hemos de aceptar que el secreto como se concebía en el mundo analógico no existe.  

Luciano Floridi nos ha hecho comprender (La cuarta revolución) que la “desfisicalización” de la información -el hecho de que se haya independizado del soporte físico- no sólo cambia su forma, sino también su naturaleza. Por eso la categoría jurídica de “secreto”, tal como lo concibe el Supremo, no existe. No sólo porque su titular había aceptado difundirlo, sino porque la naturaleza digital de la información hace imposible la existencia de secretos en el sentido analógico del término. Equivale a castigar a alguien por robar un libro en una biblioteca digital donde todos los libros se replicaran de forma automática cada vez que alguien los toca. El Supremo ha condenado al fiscal por violar un secreto que ontológicamente no existe. 

SEÑORES CINCO MAGISTRADOS DEL SUPREMO: SI EL SECRETO  YA NO ES SECRETO, EL SECRETO NO EXISTE, Y POR TANTO, NO PUEDE HABER SECRETO REVELADO. ¿ESTAMOS?

QUEDA CLARO QUE ESTAMOS EN UN DICTADURA, LA DE IDA AYUSO, QUE EMPEZÓ CARGANDOSE A PABLO CASADO, LUEGO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, VA A POR PEDRO SÁNCHEZ Y SI TOCA A POR EL PAYASO DE FEIJÓO, ESE NO LA DURA NI UN ASALTO