CORRUPCION POLICIAL
4. Policías contra la ley Los encargados de perseguir al delincuente y aplicar la ley se dedicaron en diversos momentos de la reciente etapa democrática a proteger a delincuentes y trabajar contra la Ley. Efectivos empoderados de la policía y la guardia civil emprendieron la guerra sucia contra el terrorismo en la década de los ochenta del siglo pasado, antes y durante el primer gobierno de Felipe González (PSOE). Algunos agen
tes usaron métodos terroristas (secuestros, asesinatos…) sin ningún amparo legal para intentar acabar con el terrorismo de ETA. El Tribunal Supremo condenó en 1997 al exministro del Interior, José Barrionuevo, al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera y al ex gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, al que la policía confundió con un etarra. Fue solo una de las operaciones de la guerra sucia que durante años se utilizó contra la banda terrorista. Treinta años después de aquellos hechos, y con ETA desaparecida, el Gobierno de Mariano Rajoy (2012-2018) inauguró nuevos métodos de guerra sucia contra el adversario. Un grupo de comisarios, amparado por sus jefes políticos en el ministerio de Interior, puso en marcha operaciones contra los partidos de la oposición al PP fabricando pruebas falsas que filtraban a determinados medios de comunicación para hundir la reputación de los afectados y abrir causas judiciales contra los mismos. Aquellos hechos delictivos perjudicaron gravemente a políticos catalanes independentistas, a dirigentes de Podemos y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos ellos espiados por la policía patriótica del PP sin ningún aval judicial. Esa misma policía se afanó en eliminar pruebas de la corrupción del partido que estaba en el Gobierno, en la denominada Operación Kitchen, que será juzgada en los próximos meses. La Fiscalía pide altísimas penas de cárcel para quien fue ministro del Interior, Jorge Fernández; su mano derecha, el secretario de Estado Francisco Martínez, y media docena de comisarios de policía que participó en la conjura. Uno de esos comisarios, José Manuel Villarejo, grabó sus andanzas de aquella época oscura. Por eso hay infinitas pruebas de sus fechorías en un proceso judicial gigantesco que comenzó a instruirse en 2017 y que acumula más de 30 piezas separadas. Con ese sumario se puede redactar una enciclopedia de la corrupción en España porque no hay escándalo político o empresarial en el que no enredara Villarejo. Empoderado por sus relaciones con la cúpula del PP, se embarcó en numerosas operaciones mafiosas sin amparo judicial, algunas conocidas e impulsadas por los responsables políticos del ministerio del Interior, pero otras de iniciativa propia para engordar su negocio privado para solucionar problemas de otros mediante métodos ilegales. Muchas de esas actividades se investigan todavía en la Audiencia Nacional, algunas han sido ya sentenciadas y otras están pendientes de juicio. Medios de comunicación, empresarios, jueces y políticos participaron en esos planes delictivos: pagando a Villarejo por sus servicios ilegales, difundiendo las pruebas falsas que filtraba el comisario contra los adversarios políticos del Gobierno, o simplemente conociendo los manejos sin denunciarlos. Y es que la democracia no cura el mal de la corrupción pero lo hace transparente.
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