El juez Peinado lleva al límite el caso de Begoña Gómez falseando la declaración de un testigo para imputar a otro
El magistrado preguntó a Juan José Güemes si, como había declarado la jefa de Recursos Humanos del IE, había contratado a Gómez por ser la mujer del presidente, pero ella jamás dijo eso.
- La actuación del juez Juan Carlos Peinado al frente de la causa contra Begoña Gómez ha dejado un nuevo episodio que eleva la polémica por su cuestionado modo de instruir. Peinado ha imputado a Juan José Güemes, presidente del Centro de Estudios del Instituto de Empresa, porque su testimonio sobre la contratación de Gómez supuestamente se contradecía con el que había prestado antes en el juzgado la jefa de Recursos Humanos. El textual de ambas declaraciones, sin embargo, deja claro que Sonsoles Gil de Antuñano no dijo lo que el magistrado traslada en su pregunta a Güemes.
- Precisamente por esta actuación, el viernes el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, llegó a acusar a Peinado de “prevaricador” y de haber “mentido en sede judicial” por el hecho de haber imputado a Güemes.
La actuación contra el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se enmarca en el propósito confeso del juez Peinado de investigar todo lo que ha hecho profesionalmente Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno. La afirmación del juez, trasladada en uno de sus caóticos escritos, parecía condenada a ser rectificada por la instancia superior. Pero el pasado octubre tres jueces conservadores de la Audiencia Provincial resolvieron los recursos contra la instrucción de Peinado y apenas limitaron sus pretensiones.
En el marco de esta estrategia el juez citó el pasado 16 de octubre a Sonsoles Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Tras unas preguntas iniciales para conocer su desempeño en la empresa, Peinado decidió recordar a la testigo que se encontraba “bajo juramento”. A continuación le preguntó “quién le puso el contrato” de Gómez y ella respondió que “el vicepresidente económico [del Instituto de Empresa], Juan José Güemes”.
No hay una sola mención en todo el interrogatorio a si Begoña Gómez fue contratada para el plan Africa Center por ser la mujer del presidente del Gobierno, tal y como después tergiversó Peinado. Durante la declaración de la testigo solo se mencionó a Sánchez, más bien su cargo, en una ocasión. Ocurrió durante las preguntas de una de las abogadas de la acusación popular sobre una cláusula de incompatibilidades que incluía el contrato de Gómez.
Abogada: ¿Viene motivado porque doña Begoña Gómez era la esposa del presidente del Gobierno?
Testigo: Así es. Si hubiese habido se hubiese utilizado, se hubiese hecho algo de lo que estaba indicando que no se debía hacer… habría levantado un incumplimiento.
Con esta declaración, el juez citó a Juan José Güemes como testigo. Dentro de su instrucción expansiva tenía sentido que el juez le llamara después de haber sido responsabilizado por una subordinada de la contratación de Begoña Gómez. Hasta que en un momento del interrogatorio ocurrió lo que sigue:
Juez Peinado: La directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación en concreto, utilizó el término motivación, fue por ser el presidente del Gobierno. ¿Eso es así o se requiere una diligencia de careo? Dígame, contésteme.
Güemes: Es cierto que di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser presidente del Gobierno.
Peinado: Me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuñano.
Güemes: No, señoría, no conozco el testimonio, se lo estoy transmitiendo.
Un poco más adelante, el juez decidió interrumpir el interrogatorio y anunció que iba a cambiar la condición de testigo a Güemes. Volverá a ser llamado ya como investigado. En su declaración como imputado, que se produjo el pasado miércoles, Peinado insistió en la falsedad de que Gil de Antuñano había dicho que se contrató a Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno.
Habían pasado cinco días desde que El Periódico de España revelara la manipulación del testimonio por Peinado y el juez tenía a su disposición la grabación de la directora de Recursos Humanos por si le cabía alguna duda. En su segunda declaración, ya como investigado, el responsable del Instituto de Empresa repitió lo que ya había dicho como testigo, que contrató a Gómez por su currículum y no por ser la mujer de Sánchez. A día de hoy sigue investigado y se desconoce si el juez ordenará la celebración de un careo con la directora de Recursos Humanos.
Tres querellas contra Peinado rechazadas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha rechazado tres querellas contra el juez Peinado. La primera fue presentada por una persona ajena al procedimiento, el periodista Máximo Pradera, quien acusaba al juez de haber revelado a las partes documentos de la causa sobre los que pesaba el secreto.
La segunda fue presentada por la propia Begoña Gómez y en ella se hacía un repaso a la “estrambótica” instrucción de Peinado, al que se acusaba de haber emprendido una investigación prospectiva, prohibida por la ley, de lo que se adjuntaban varios ejemplos.
Por último, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, se querelló contra el juez por obligar a declarar a Sánchez, pese a que sabía que es el esposo de Gómez y que la ley le exime de ello por razón de parentesco, y por empeñarse en hacerlo en persona cuando estaba asistido a hacerlo por escrito. En la querella se acusaba a Peinado, como había hecho Gómez, de prevaricar, esto es, de dictar resoluciones injustas a sabiendas.
Los tres jueces conservadores del TSJM rechazaron las querellas y uno de ellos, en el caso de la presentada por la Abogacía del Estado, emitió un voto particular en el que proponía multar a la institución y al propio Sánchez con una multa de 6.000 euros por temeridad procesal.
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