DIEZ AÑOS SIN SABER NADA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE MEXICO. SEÑOR LOPEZ OBRADOR ¿QUÉ HA PASADO?
Ayotzinapa es un ejemplo paradigmático de la impunidad y la corrupción que ahogan a México y se convirtió además en caso emblemático de una crisis de violencia y desapariciones mucho más amplia. Desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en 2006, más de 116.000 personas permanecen desaparecidas y se registran más de 30.000 homicidios por año. En ese momento, el ejército salió de los cuarteles para enfrentarse al crimen organizado y realizar tareas de seguridad pública. Con el tiempo ha ido acumulando cada vez más poder y estableciendo complejas relaciones con aquellos a quienes debía derrotar.
Guerrero es un estado empobrecido en el centro de México, con grandes extensiones de cultivos de amapola (ilegales) controladas por una serie de grupos del crimen organizado en constante cambio y donde la línea entre Estado y criminalidad no existe. Y también es un lugar con una gran tradición de lucha y organización social, ya desde los movimientos guerrilleros de los años 70. Así que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa permanecen unidos e incansables al pie del cañón. La desaparición pospone su duelo, y ellos continúan en la búsqueda defendiendo que, hasta que no aparezcan, siguen vivos. “Políticamente” vivos, como cantan en consignas en las marchas.
Andrés Manuel López Obrador deja su presidencia el próximo 1 de octubre en manos de su sucesora, Claudia Sheinbaum, sin haber dado las respuestas que prometió. “El presidente aprovechó la oportunidad de nuestro dolor para decirnos que iba a castigar a los culpables. Esperamos que como mujer, como madre, la nueva presidenta tenga corazón. Se tiene que saber qué ocurrió para que no siga sucediendo”, dice Hernández, que perdió la esperanza de encontrar a su hijo a los seis meses de la desaparición.
Quizás esta historia arranque en realidad mucho tiempo atrás: el 2 de octubre de 1968. Ese día, elementos del ejército y grupos paramilitares que trabajaban en estrecho contacto con el presidente del momento atacaron a los asistentes a una protesta contra la represión estudiantil. Se estima que murieron entre 300 y 400 personas. Es lo que se conoce como la masacre estudiantil de Tlatelolco y desde entonces, año tras año, ese día se concentran en Ciudad de México miles de personas para no olvidar que ese pasado puede repetirse.
Los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa también tenían planeado asistir. En Guerrero, “secuestrar” autobuses por parte de los normalistas para trasladarse a este tipo de protestas es una práctica común, tolerada por gobiernos y empresas que hacen la vista gorda. Así que el 26 de septiembre un centenar de estudiantes fue hasta la vecina localidad de Iguala, pero esta vez la reacción de las autoridades fue sorpresiva y desmedida. Para impedir que salieran de la localidad con los autobuses, un grupo de policías locales y civiles armados abrieron fuego contra los vehículos y cerraron el paso a cinco de ellos. Los ataques continuaron durante la noche: seis personas murieron (algunas ejecutadas) hubo más de 40 heridos y 43 estudiantes de primer curso fueron detenidos. Y ahí es donde se vuelve más complicado seguirles la pista.
Una red criminal protegida por el ejército y la policía utilizaba autobuses de pasajeros para pasar heroína a Estados Unidos. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era el caso de uno de ellos y la violencia atípica contra los estudiantes, un mensaje: con nuestros autobuses no se juega.
El 3 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del Palacio Nacional a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llevaba apenas dos días en el poder pero ya desde la campaña había tomado el caso por bandera. Uno de sus primeros actos fue recibirlos y ordenar por decreto la creación de una Comisión para la Verdad para llegar hasta el fondo. “Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”, dijo en ese momento.
Esta voluntad política inicial dio sus frutos. Se empezó a procesar a los culpables, se recuperó evidencia que estaba perdida, se ofreció una disculpa pública... En 2020, desde un laboratorio de genética de Austria llegó una noticia esperanzadora: se habían logrado identificar los restos óseos de Christian Rodríguez. Un año después, identificarían los de Jhosivani Guerrero. Ambos se encontraban en lugares distintos al basurero de Cocula y así terminaba de caer la “verdad histórica”.
En 2022, todo cambia. La investigación encalla y la necesidad de dar resultados públicos marca el destino del caso. “Había una intención genuina pero al final se les fue el tiempo y cayeron en lo mismo: precipitar conclusiones que no habían sido verificadas”, considera Aguirre.
“Los expertos internacionales dejan su tarea, se le encargó el caso a personas que no tenían la competencia, se toleró que el ejército ocultara información….”, enumera.
Tanto la Comisión de la Verdad como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciaron que el ejército se negó en rotundo a dar información de las bitácoras de órdenes y eso que se ha comprobado que algunos de los muchachos pasaron aquella noche por un cuartel militar de la zona. No es la única vez que callan. La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia también ha denunciado la opacidad del ejército, que le ha cerrado la puerta para investigar los crímenes de Estado contra los movimientos sociales en el último cuarto del siglo XX.
Barrera, que estudia la concentración de poder y militarización del país, explica que en México “las fuerzas armadas no están dispuestas a ceder en información ni en reconocimiento de responsabilidad. Si el problema de impunidad no fuera tan grande, en un caso como este tan grande se sabría algo más. López Obrador ha cerrado filas con las fuerzas armadas, a las que considera ”su brazo derecho“. Está a punto de salir adelante una reforma a la Constitución que abre las puertas a militarizar cualquier sector del país.
A la par, desde su rueda de prensa diaria cada mañanera, López Obrador trató de desarticular el movimiento y deslegitimar a las familias, asegurando que están siendo manipuladas por los abogados y las organizaciones de derechos humanos, a los que incluso ha intentado dejar fuera en las reuniones.
LÓPEZ OBRADOR HAS ENGAÑADO A LAS FAMILIAS DE LOS 43 ASESINADOS, HAS ENGAÑADO A TU PUEBLO, TE HAS BAJADO LOS PANTALONES CON EL EJERCITO Y AHORA RECUERDAS LOS CRIMENES DE ESPAÑA HACE 500 AÑOS, ABOMINABLES, PERO NO LOS UTILICES PARA OCULTAR TU CONNIVENCIA CON LOS ASESINOS DE LOS 43 ESTUDIANTES.
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