GONZALEZ PERELLO NOVIO DE AYUSO ES UN DEFRAUDADOR EN TODA REGLA

 ESTE POLLO ES  GONZALEZ PERELLO EL NOVIO DE AYUSO Y ES UN DEFRAUDADOR DE HACIENDA EN TODA REGLA

La pareja de Ayuso, ante Hacienda: “No era consciente de lo grave de la situación” Eso lo dicen todos cuando Hacienda llama a su puerta.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, intentó en septiembre de 2022 corregir mediante una regularización extraordinaria el supuesto fraude que había cometido dos meses antes al declarar unos gastos inexistentes de su empresa Maxwell próximos al millón de euros para reducir así al mínimo su factura del Impuesto de Sociedades de 2021. Pero su asesora fiscal le dijo que esa “regularización” que pretendía hacer para evitar el castigo de la Agencia Tributaria era imposible porque Hacienda llevaba meses investigándole por la declaración fiscal del año anterior en la que también había incluido otro gasto inexistente de 620.000 euros.

Cuando comprobó que los inspectores fiscales tenían todas las pruebas del fraude y las trasladaron a Fiscalía para la presentación de una querella por fraude fiscal, su abogado admitió que González Amador cometió dos delitos y propuso un acuerdo: su cliente reconocería la culpa, pagaría una multa a cambio de reducir así la pena de cárcel a ocho meses lo que evitaría su ingreso en prisión.

El empresario, acorralado por la inspección fiscal y por más de una decena de facturas que nunca pagó a nadie pero que le sirvieron para ahorrarse impuestos en sus declaraciones de 2020 y 2021, decidió declarar en julio de 2023 unos ingresos que nunca tuvo por el valor de todos los gastos falsos que se había deducido dos años antes, lo que dio como resultado un pago a Hacienda de 629.408 euros.

Con esa maniobra intentaba paliar las consecuencias judiciales que se podían derivar de los supuestos fraudes fiscales que había perpetrado en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021. Esa declaración fiscal no coló y Hacienda ordenó devolver a González Amador 552.000 euros. El empresario está imputado por dos delitos fiscales.

Su pareja, Isabel Díaz Ayuso, resumió esta situación con una mentira gruesa. No sólo negó el fraude que González Amador ya había reconocido ante la Agencia Tributaria, sino que afirmó que Hacienda debía a su pareja 600.000 euros después de una inspección fiscal “salvaje” y “sacada de quicio”. Ayuso no se corta un pelo en sus mentiras.

González Amador acabó admitiendo el fraude tras 20 meses de inspección fiscal, aunque hasta el último momento lo denominó un “error de contabilización (...) sin intención de cometer un fraude delictivo”. Pero su abogado acabó concluyendo que el empresario había cometido “dos delitos” que estaba dispuesto a confesar.

En la declaración presentada en julio de 2021 (correspondiente al ejercicio de 2020), Amador había incluido un gasto inexistente de 620.000 euros por los servicios de la empresa mexicana MKE. En julio de 2022, un mes después de que Hacienda le hubiera abierto una inspección por la declaración del año anterior, González Amador volvió a cometer el mismo “error”, según su propia calificación, al incluir en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2021 otro gasto inexistente de 922.585 euros a favor de Gayani, una empresa de Costa de Marfil.

Hacienda comenzó entonces sus requerimientos de información a González Amador. Quería saber cuál era la actividad de Maxwell Cremona, una empresa sin empleados y creada en 2017. Amador contó que Maxwell asesoraba a empresas, principalmente el grupo sanitario Quirón, para obtener sellos de calidad. No tenía trabajadores en nómina porque contrataba a autónomos “de reconocido prestigio en el sector” para proyectos puntuales. Tampoco tenía una titulación porque, explicó, no es necesaria. Él hace un trabajo inicial para que, luego, una empresa acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación remate el proyecto y el cliente obtenga un certificado de calidad.

A continuación, Hacienda pasó a examinar los gastos de Maxwell en 2020, que son los que le permitieron rebajar su cuota fiscal en ese año de bonanza. A la inspección le llamó la atención una factura de 620.000 euros que iba a meter en problemas a Amador porque los inspectores fiscales consideraron que en la conducta del empresario entraba en juego la mala fe.

Los inspectores fiscales pidieron a González Amador una prueba documental de que la empresa intermediaria de Costa de Marfil hubiera exigido el pago de 922.585 euros antes incluso de conseguir el contrato de la venta de mascarillas. Pero la prueba documental no existía, según respondió el abogado de González Amador: “Como se ha explicado en otras diligencias, esas exigencias son verbales, telefónicamente y en persona en Madrid”.

Compra sospechosa por medio millón de una empresa de productos de droguería. Hacienda también se detuvo en una empresa que Maxwell había comprado en diciembre de 2020, unos meses después de ganar casi dos millones por intermediar en la venta de mascarillas. Era propiedad de la esposa de Fernando Camino, el jefe de Quirón Prevención. Se llamaba Círculo de Belleza y se dedicaba a los productos de droguería y cosmética. Amador le cambió el nombre por Masterman & Whitaker. Pagó 499.836 euros por una compañía con un capital social de 3.000 euros. Hacienda le preguntó por esta operación. El empresario respondió que se trataba de “una apuesta”. PSOE y Más Madrid quieren que se investigue esta compra, al creer que se trata de “alguna clase de retribución” de Amador a Camino en agradecimiento por el pelotazo de las mascarillas.

La alegación de 2023 para evitar el juicio: “No era consciente de la gravedad de su situación”. Cuando González Amador conoció que Hacienda iba a presentar una propuesta de liquidación vinculada a delito, presentó varios escritos de alegaciones. En uno de ellos intentaba explicar que si no regularizó antes su situación fue porque, según su representante, “no era consciente de la gravedad de su situación”. Ya, ahora va resultar que el pollo no sabía la responsabilidad de ser defraudador. 

 “No es un fraude sino un error de contabilización”. González Amador denominó a su supuesto fraude —incluir un gasto para pagar menos impuestos a sabiendas de que no se ha realizado— un “error de contabilización ajeno a cualquier intención dolosa”. Sin embargo, el servicio jurídico de la Agencia Tributaria elaboró su propio informe en el que determinó que “la conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. El pasado 24 de julio, cuando fue citado a declarar ante la juez instructora, su defensa intentó un acuerdo de conformidad donde el empresario admitía su culpa en la comisión de dos delitos fiscales, asumía el pago de una multa para rebajar su pena a ocho meses de cárcel y evitar así su entrada en prisión.

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, facilitó a los periodistas este correo electrónico, ocultando la existencia del anterior, del 2 de febrero, y añadiendo que “por órdenes de arriba” se había retirado esa oferta de acuerdo a González Amador en la que estaba interesada la Fiscalía. Cuando los periodistas preguntaron a la Fiscalía por la información que difundió el jefe de gabinete de Ayuso, el ministerio público emitió una nota para aclarar el estado del proceso, que desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez resumiendo las distintas fases del procedimiento. González Amador se querelló por una supuesta revelación de secretos de la Fiscalía que le causa indefensión y ha pedido la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo deberá decidir si abre una investigación al fiscal general por informar sobre un procedimiento judicial para desmentir un bulo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que incluía la filtración de un correo electrónico de la Fiscalía al abogado de González Amador.

Esta maniobra se llama "distraer al personal" pero la evidenica es que Amador Gonzalez Perrello es un defraudador de tomo y lomo.