EL GOBIERNO DE RAJOY USO LAS CLOACAS DE LA POLICIA CON J. FERNADEZ AL FRENTE

 

MARIANO RAJOY, M. RAJOY, SABÍA DE LA TRAMA DE LA POLICIA PARA INVESTIGAR AL MARGEN DE LA LEY A PARTIDOS INDEPENDENTISTAS.

El Gobierno de Rajoy se sirvió de las cloacas del Estado para investigar al margen de la ley a los independentistas

 Jorge Fernández Díaz, por entonces ministro del Interior, encargaba a la cúpula informes falsos sobre sus rivales políticos, especialmente los partidos independentistas, que luego enviaba al despacho de Mariano Rajoy.

Muy propio de regimenes dictatoriales, ladrones y sin espcrupulos.

El Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio del Interior comandado por entonces por Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016, investigó al margen de la ley a partidos independentistas y puso las cloacas del Estado a funcionar a pleno rendimiento para elaborar dosieres falsos sobre sus rivales, algo que ya destapó en 2016 Público. Ahora una investigación de La Vanguardia y eldiario.es aporta más detalles, en concreto que Rajoy estaba al tanto de estas actividades.

Estas maniobras políticas, en las que se encargaban informes falsos a mandos policiales y se utilizaba información confidencial como pueden ser los datos fiscales de dirigentes independentistas, fueron conocidas en todo momento por Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno. Según se puede leer en La Vanguardia, "a la mesa del ministro [Fernández Díaz] llegaron buena parte de los informes [...] y remitió buena parte de esos documentos, en sobres cerrados y a través de sus escoltas, al presidente del Gobierno [Rajoy]".

Esos falsos informes elaborados por mandos policiales al servicio de las cloacas del Estado se utilizaron para intentar desacreditar a dirigentes independentistas y abrirles causas judiciales, además de para el encubrimiento y la obstrucción de las investigaciones de los casos de corrupción que salpicaban al PP. Estos dosieres en muchos casos acababan filtrándose a la prensa, especialmente a la más conservadora. A Inda era el primero en llegar.

Según esta investigación periodística, fue en septiembre de 2012, justo después de la primera Diada masiva en las calles de Barcelona pidiendo la amnistía, cuando se puso la maquinaria a funcionar. Desde esa fecha y hasta que abandonó Interior, Fernández Díaz recibió "toda clase de notas informativas y dosieres sobre el asunto. Desde allí se difundían por diferentes vías".

En la elaboración de estos informes no sólo participó José Manuel Villarejo y su red, sino también "unidades policiales como la UDEF, que persigue la delincuencia Fiscal y Financiera, la Comisaría General de Información, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, que entonces dirigía Enrique García Castaño, colaborador y amigo de Villarejo".

Los informes llegaban  con regularidad al despacho de Fernández Díaz. "El ministro consideraba el asunto del máximo interés, estaba obsesionado con eso", cuenta una fuente a La Vanguardia. De hecho, estos dosieres se elaboraron hasta el año 2016, hasta el final del mandato de Fernández Díaz como ministro.

De acuerdo con la investigación periodística, "las notas informativas fueron idea del entonces número dos del ministerio y hombre de confianza de Fernández Díaz, Francisco Martínez, primero como jefe de su gabinete y desde enero de 2013 como Secretario de Estado".

SE ACUERDAN DE LO QUE DIJO FERNADEZ DÍAZ : ESO LUEGO TE LO AFINA LA FISCALIA.

El Gobierno de Rajoy investigó al margen de la ley a partidos independentistas durante al menos cinco años

• El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes

• • Las notas, muchas con información falsa, se filtraban a la prensa y en una de ellas se reconoce que el banco andorrano que entregó las cuentas de los Pujol lo hizo coaccionado para que no le retirasen la licencia para operar en España

  • No fue solo Villarejo. El Gobierno de Mariano Rajoy investigó al margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, pero también con información confidencial que suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Todo ese material acababa en las portadas de determinados periódicos madrileños como paso previo a que algunos fiscales o incluso denunciantes anónimos lo presentasen en los juzgados para alimentar seriales mediáticos contra los adversarios del PP.

    La guerra sucia se inauguró pocos meses después de instalarse Mariano Rajoy en la Moncloa y se dirigió contra políticos y partidos nacionalistas catalanes tras la primera Diada multitudinaria, en 2012, cinco años antes del referéndum convocado por Carles Puigdemont.

    Todas aquellas prácticas han dejado huellas en el Ministerio del Interior y algunos testigos. Una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia revela a partir de documentos que llegaron al despacho de Jorge Fernández Díaz y testimonios inéditos la forma de actuar de un Gobierno que dilapidó recursos públicos para hacer frente a los adversarios del PP: medios humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para pagar a confidentes por informaciones muchas veces contaminadas o directamente falsas con las que intentar destruir a sus rivales, a través de campañas que se intensificaban a las puertas de los procesos electorales. Todo con el objetivo de manipular a la opinión pública.

    En esta primera entrega, elDiario.es y La Vanguardia revelan documentos que elaboraron diferentes unidades policiales y que llegaron a la cúpula del Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz, pese a que este negó airadamente en el Congreso haber tenido acceso a esa documentación. Según fuentes involucradas en el caso, algunas de esas notas informativas que elaboraron diferentes unidades policiales habrían acabado en el despacho de Mariano Rajoy. Esas mismas fuentes explicaron que el procedimiento para entregar documentación delicada al presidente del Gobierno de entonces pasaba por enviar un sobre blanco cerrado, sin asunto ni remitente ni destinatario que llegaba a Moncloa a través de los escoltas.

    Esta investigación pone a disposición de los lectores los documentos íntegros con la información en bruto que llegaba al despacho del ministro del Interior y que después acababa publicada en distintos medios de comunicación.

    Esas “notas informativas” arrancaron en 2012 y se alargaron durante varios años a través de distintos equipos policiales que remitían de forma periódica al ministro Jorge Fernández Díaz con los avances de sus investigaciones prospectivas, realizadas al margen de la ley, sin que existiese un control judicial y sin que figurasen en los planes de trabajo de las diferentes unidades operativas de la Policía.

    A pesar de que varios testigos, entre ellos dos ministros relevantes de su gabinete, el propio Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal admitieron en conversaciones privadas (sin saber que estaban siendo grabados) que Mariano Rajoy estaba al tanto de estas prácticas, el expresidente nunca fue llamado a declarar en ninguna de las investigaciones abiertas en los tribunales españoles sobre la policía política. Tampoco por las gestiones que realizó su entonces jefe de gabinete, Jorge Moragas, para poner en contacto a su amiga Victoria Álvarez, antigua amante de un hijo de Pujol, y que acabó siendo clave para la elaboración de dosieres contra la familia del expresident tras cobrar decenas de miles de euros de los fondos reservados. Esas informaciones, a veces ciertas con datos confidenciales que se lograban al margen del control de los jueces, y a veces directamente falsas, acabaron publicadas en las portadas de varios medios de comunicación.

    Los únicos cargos políticos camino del banquillo (y solo en el caso de la destrucción de pruebas sobre la corrupción del PP) son su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fue primero su jefe de gabinete y a partir de 2013 secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para cada uno de ellos la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel en la Operación Kitchen, que indaga sobre las maniobras de aquel gobierno para tratar de borrar las pruebas de la financiación irregular del PP y de los pagos de empresarios al partido a cambio de adjudicaciones en el Gobierno de Aznar. Ambos han remitido escritos a la Audiencia Nacional para que se juzgue también al PP, principal beneficiario de las maniobras para ocultar su corrupción.

    Por la publicación de noticias falsas sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales, hipotéticos fraudes a Hacienda o mordidas millonarias que algunas unidades policiales atribuyeron en informes trampa a dirigentes como Artur Mas, al exalcalde de Barcelona Xavier Trias y a otros políticos nacionalistas, nadie ha sido imputado. Ni siquiera ha habido dimisiones relacionadas con estos escándalos pese a las evidencias que apuntan a que de esas prácticas tenía conocimiento, cuando no las auspiciaba directamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, amigo íntimo del entonces presidente, Mariano Rajoy.

    La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese a situarse en el epicentro de muchas de esas maniobras con sus continuos encargos a Villarejo contra el independentismo y para hacer desaparecer pruebas contra el PP también ha salido ilesa. Manuel García Castellón, un controvertido magistrado de la Audiencia Nacional que debe a gobiernos del PP sus años de juez de enlace en París y Roma, dos de las plazas más codiciadas y con mejores sueldos en la judicatura, decidió exonerarla de cualquier responsabilidad, pese a las grabaciones que ha escuchado todo el país en las que Cospedal pedía al comisario hacer desaparecer “la libretita” de Luis Bárcenas donde el tesorero fue registrando a mano durante años la contabilidad en negro del partido. Cuando esas grabaciones se hicieron públicas a través de El País, la fiscalía anticorrupción reprochó al juez en el recurso donde pedía investigar a Cospedal, que hubiese establecido “una ”infranqueable línea roja“ para proteger a la dirección del partido.

    Las operaciones de las cloacas del Estado se intensificaron a partir de una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2012 en el Ministerio del Interior y desvelada hace unos meses por La Vanguardia en la que Jorge Fernández Díaz, con las portadas de la marcha multitudinaria del día anterior todavía frescas, manifiesta su preocupación por la situación en Catalunya y da a entender que combatir al independentismo debe ser una prioridad también para la policía.

    Es ahí donde emerge el comisario Villarejo, un tenebroso e hiperactivo agente que llevaba años mezclando su actividad profesional y sus contactos fruto de varias décadas en el cuerpo para construir un lucrativo negocio de venta de información y encargos mafiosos que le realizaban empresarios en dificultades. Por ellos el pasado julio ha recibido una primera condena de 19 años de cárcel. Villarejo fue siempre un policía oscuro, acostumbrado a manejarse en los márgenes de la ley o directamente fuera de ella, entre supuestas operaciones especiales. A comienzos de 2012 había empezado a tejer relación con la cúpula del Ministerio del Interior en la primera época de Rajoy. Lo introdujo Juan Cotino, exdirector de la policía en el Gobierno de José María Aznar, un dirigente fallecido en 2020 que en aquellos años era todavía influyente en el PP. Fue Cotino quien le recomendó a Fernández Díaz tener de mano al comisario como informador, al margen de la cadena de mando.

    Informes sin firma ni sello contra los independentistas

    El ministro encargó a su entonces jefe de gabinete, Francisco Martínez, hacer de enlace con Villarejo para recopilar esa información, y Martínez dio entonces la orden de que cualquier dato relevante se entregase por escrito. Esa fue la vía de entrada de Villarejo con los mandos más altos de Interior y el modo en que nacieron las “notas informativas”, una especie de informes de inteligencia sin firma ni sello, en los que Villarejo fue mezclando rumores, información averiada y recortes de sumarios que investigaban algunos juzgados, todo camuflado como revelaciones que le hacían llegar supuestos agentes infiltrados durante años en el independentismo.

    A lo largo de esta investigación se ha tenido acceso a más de una docena de notas que recibió Fernández Díaz en su despacho y que hoy elDiario.es y La Vanguardia publican en exclusiva. Son escritos con un lenguaje muy coloquial procedentes de distintas unidades policiales en las que Villarejo llegó a colar también maledicencias sobre otros personajes sin ninguna relación con la causa separatista a los que involucraba en supuestas ilegalidades para cumplir con los encargos que recibía de terceros que pagaban elevadas sumas de dinero a Villarejo para destruir la reputación de sus enemigos.

    Para acceder a los despachos más altos del PP el comisario dispuso de otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, viejo conocido suyo, y marido de la número dos del partido, María Dolores de Cospedal.

    La primera nota de la que hay constancia que llegase al despacho de Fernández Díaz la hizo llegar Villarejo a través de la secretaria del Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, otro miembro destacado de la brigada política también imputado por las mismas prácticas. Bebía de apuntes anteriores realizados por agentes de la UDEF y está fechada el 18 de octubre de 2012, un mes y una semana después de la diada que desbordó las calles de Catalunya y tres semanas más tarde de que Artur Mas convocase elecciones en Catalunya, tras rechazar Rajoy su propuesta de pacto fiscal. Se dirigía contra el propio Mas y estaba escrita para dinamitar su campaña electoral. La elaboración de la nota informativa, la publicación de sus conclusiones en la portada de El Mundo a unas horas de las elecciones catalanas y la forma en que todos los participantes se lavaron las manos cuando semejantes conjeturas se desmoronaron revelan a la perfección la forma de operar del entramado político-policial.

    En noviembre de 2012 se sucedían días frenéticos en la política catalana, con el nacionalismo más movilizado que nunca en las calles y los puentes de CiU y el Gobierno central completamente rotos. Mientras Catalunya se preparaba para una nueva campaña electoral, en Madrid un grupo de políticos y mandos de las fuerzas del orden diseñaban una estrategia parapolicial con el objetivo de desactivar al nacionalismo catalán. Un plan al margen de la ley orquestado en las entrañas del Ministerio del Interior pero que ha dejado mucho rastro.

  • Esa denuncia es la que instruye la juez de Andorra Stephanie García, quien ya ha comunicado al presidente Mariano Rajoy su condición de investigado, junto al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y a quien fue director de la Policía Ignacio Cosidó. El DAO de aquella época Eugenio Pino y el inspector Bonifacio Díez también también fueron citados por la juez andorrana pero no se presentaron. En esa causa los responsables del Banco de Andorra acusan al Gobierno de Rajoy de extorsionarlos para lograr información comprometedora de los Pujol, de remitir información falsa a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos hasta lograr la clausura del banco y de “intimidar” al Gobierno andorrano y a sus ministros durante una visita presidencial al Principado en 2015 para precipitar el cierre del banco.

    La de Andorra es la única causa en la que un juez ha asociado el nombre de Mariano Rajoy a la Operación Cataluña, algo que no ha sucedido en ningún tribunal español. El futuro de esa investigación es incierto.

  • M.RAJOY, MARIANO RAJOY BREY ESTABA AL TANTO DE LA CORRUPCIÓN POLICIAL ORQUESTADA POR EL GOLFO BEATO JORGE FERNANDEZ DÍAZ MINISTRO DEL INTERIOR.

•