EL TC LE PEGA UN VARAPALO AL TS Y A SU PRESIDENTE MANUEL MARCHENA

 

El Constitucional da la razón a Alberto Rodríguez y anula la condena de cárcel que le dejó sin escaño

• La mayoría del pleno considera que la pena de prisión que acarreó su expulsión del Congreso fue excesiva y vulneró el principio de legalidad, lo que abre la puerta a la nulidad de la retirada del escaño y una petición de indemnización

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  EL DIPUTADO  ALBERTO RODRIGUEZ   DE PODEMOS CONSIGUE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE LE CORRIJAN LA SENTENCIA DEL TS Y LE INDEMNICEN POR LA RETIRADA DEL ESCAÑO.
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• En este caso se produjo la intromisión del Poder Judicial, Manuel Marchena, en el Poder Legislativo, en la persona de la presidenta del Congreso Meritchel Battet; que un principio se negó a retirar el escaño a Rodriguez, en base al los informes de los Letrados del Congreso, pero el presidente del TS en desmesurada actuación de prepotencia amenazó a la presidenta del congreso y esta se arrugó y le quitó el escaño a Rodriguez.
• Ya es sospechoso que un policia reconociera a una persona siete años más tarde de ser la autora de haberle dado una patada. Esto suena a venganza; la persona reconocida era de Podemos y, contra podemos hemos visto todo tipo de actuaciones, incluidas las de jueces descarados y groseros en su diligencias que no han sido llamados al orden por el caducado CGDPJ.
• Que con la sola presunción de veracidad de lo denunciado por el policia siete años más tarde, se condene por el TS a una pena, que ahora le ha corregido el TC que era desmesurada. denota una "parcialidad" desmesurada.
•  Que Manuel Marchena pusiera todo el interes en que Rodriguez perdiera su escaño amenazando a la presidenta del Congreso, en una clara injerencia que le esta prohibida, denota una postura que no tiene sitio en un estado democratico. Como tampoco tiene sitio presionar para que a su hija la asignen un puesto de trabajo.
• Nada es raro en un sistema judicial que lleva cinco años caducado su organo más importante el CGPJ. Y todo porque lo dijo un senador del PP, Cosidó. 

  El portavoz del PP en el Senado, a sus compañeros: "Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás"

   
  
  
  
• Ahora escucharemos opiniones de todo tipo, como las dichas por IDA Ayuso sobre la trama corrupta de policias dirigida por el corrupto Jorge Fernadez Díaz, que se queja "qué porqué se saca ahora eso". Hace falta ser golfa y chula para decir eso.
• El TS ya se cubrió de oprobio cuando el Tribunal Europeo le corrigió en sus planteamientos legales sin tener en cuenta la Justicia Europea, vamos como si estuvieramos con Franco. Más de uno del TS provinó de los tribunales de Orden Publico del franquismo y eso se nota. Y si no que se lo pregunten al juez Garzón al que la ONU le ha dado la razón en la reclamación a su sentencia que lo retiró de la carrera judicial. Pero que no la han corregido. Eso ya es chuleria.

• AAlberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos por Canarias, fue condenado en el TTribunal Supremo por su participación en una movilización social en la que hubo incidentes leleves con la policía, nada que no ocurra a menudo en cualquier rincón de nuestra geografía. Lla acusación se ha sostenido sin pruebas materiales y con testimonios muy pobres. Hasta aaquí una evidencia más de la criminalización de la protesta social. Nada nuevo. La parcialidad dde los tribunales y la demagogia de las derechas a las que estamos acostumbrados.

  LLo sorprendente que hemos vivido en estos días es la manipulación informativa sin pprecedentes y el intento burdo de destituir ilegalmente a un representante de la cicudadanía. La sentencia del Tribunal Supremo no establece el cese de Alberto Rodríguez en su ccondición de diputado. La redacción de la condena no genera dudas: 45 días de prisión sssustituibles por multa y una pena accesoria de inhabilitación al sufragio pasivo, la iiimposibilidad de ser elegido en el futuro. Existen tipos penales que pudieran haberse aplicado, ccomo inhabilitación o suspensión en cargo público, que si los hubiera querido utilizar el trtribunal lo habría hecho, pero no ha sido el caso. Prestigiosos juristas como José Antonio MMartín Pallín y Javier Pérez Royo se han pronunciado públicamente con total claridad en este sentido, con una argumentación que no ha sido rebatida.

  EEn coherencia con el carácter de la condena, la Mesa del Congreso, previo informe del cuerpo dde letrados de la institución, aprobó el martes 19 de octubre constatar que no cabía más que totomar nota de la misma. Pero como el objetivo real de toda la operación era bien distinto, el juJuez Manuel Marchena (candidato del PP en diversas ocasiones para dirigir el CGPJ) insistió anante la Mesa del Congreso de una manera descarada y al margen de cualquier procedimiento esestablecido sobre “cuando iba a dar comienzo la pena de inhabilitación para el sufragio ppasivo”, una maniobra bien acompañada por la gesticulación de los portavoces parlamentarios dde la derecha y los altavoces de la caverna mediática.

  EEn este punto es donde la presidenta del Congreso cometió el error de dejarse impresionar y ppresionar, accediendo a una convocatoria extraordinaria de la Mesa en un asunto que no tetendría que haberse abordado de esa forma y dando pie a un aluvión de especulaciones en los mmedios de comunicación. En todo caso el debate en la Mesa ha sido clarificador, emplazar al juJuez Marchena a que se aclare, a que explicite lo que pretende, algo que no ha hecho hasta el mmomento porque es muy consciente de la ausencia de base legal de su aspiración, confiando en qque la labor de las derechas bastaría para alcanzar el objetivo de la maniobra.

  NNos enfrentamos a un peligroso desafío, a un auténtico asalto a la democracia. Se hace en cacada sesión, deslegitimando al gobierno y a la representación mayoritaria en el Congreso. Cceder a las presiones no es la vía. Quien alimenta a la fiera corre el serio riesgo de ser devorado ppor ella.