El jefe de los Mossos, el fiscal superior, empresarios... el Gobierno de Rajoy atacó a quien no seguía sus planes en Catalunya
Desde el año 2012 y hasta 2016, distintas unidades policiales hicieron listas negras y pusieron en marcha cazas de brujas contra todo el que no colaboraba en los ataques que el Ministerio del Interior de la época orquestó contra partidos y políticos nacionalistas catalanes. Con dinero y medios del Estado fueron perseguidos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero también personalidades del mundo de la Justicia y las fuerzas del orden. Los nombres de los objetivos a perseguir estuvieron en el despacho del ministro, Jorge Fernández Díaz, quien lejos de desautorizar esas investigaciones prospectivas, prohibidas por la ley, las alentó y pidió ser el primero en recibir la información.
Toda esa guerra sucia dejó rastro en el Ministerio del Interior y las pruebas de la cacería política están saliendo a la luz a través de una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. Varias de sus víctimas se han enterado de los detalles por los documentos publicados esta semana. Entre ellos, quien fue el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. El que era jefe de los fiscales de Catalunya cometió dos pecados para pasar a ser perseguido por esa brigada política que operó durante toda la legislatura en el primer Gobierno de Rajoy: defendió otras fórmulas distintas del referéndum para “conocer la voluntad de los ciudadanos”, siempre dentro del marco legal. Y abrió unas diligencias para investigar la publicación de una noticia falsa aparecida en la portada de El Mundo que atribuía cuentas en paraísos fiscales al expresident de Catalunya Artur Mas.
Suficiente. A partir de ahí se convirtió en un objetivo para esas unidades policiales que operaron durante al menos un lustro al margen de la ley, sin control judicial, para perseguir a rivales políticos del PP. El hombre de Rodríguez Sol estaba en una nota que remitió al ministro la Dirección Adjunta Operativa, liderada entonces por Eugenio Pino, un policía ya jubilado imputado en la operación Kitchen y condenado por intentar adulterar el caso Pujol. El documento no lleva firma de ningún jefe de Asuntos Internos y tampoco fecha, aunque las fuentes consultadas la sitúan entre finales de 2012 y principios de 2016.
Se titula 'Propuesta de Investigación por informaciones recibidas'. No está ordenada por ningún juez, se trata de una investigación política a partir de rumores o medias verdades. En el último párrafo, el documento desvela qué hay detrás de lo que se pretende investigar: “Nota: las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Internet y no se han podido contrastar hasta el momento”.
La policía reconoce por escrito que no tiene ningún indicio sólido pero pide profundizar en esas investigaciones a objetivos políticos y empresariales al margen del control judicial. El documento lleva este encabezamiento: “Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía”.
Al jefe de los fiscales esas unidades policiales trataron de vincularlo a la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya. Las instrucciones que Jorge Fernández Díaz tuvo entre sus manos pedían bucear en los “vínculos entre el fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido”.
Ni entonces ni ahora hay ninguna prueba de que el fiscal, que años después se presentó en una lista de Unió a unas autonómicas, tuviera relación alguna con mordidas que pudiese recibir algún cargo del partido o comisiones ilegales fruto de la corrupción. Consultado por los informes de aquella mafia policial, Rodríguez Sol, que sigue como fiscal raso en Catalunya, ha preferido guardar silencio.
Su cese como fiscal superior de Catalunya en 2013 estuvo directamente relacionado con aquellas palabras sobre la consulta que causaron gran escándalo en algunos medios de Madrid. La conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y que fue presidida por el propio Rodríguez Sol, dijo sentirse “conmovida” por el expediente abierto por la Fiscalía General del Estado que propició la renuncia de Sol. La mayoría de asociaciones fiscales y judiciales consideraron que las palabras del fiscal debían quedar amparadas por la libertad de expresión, pero el entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce, nombrado por el Gobierno del PP, perdió la confianza en él.
Ninguna asociación de fiscales ha dicho esta semana nada sobre la investigación prospectiva a Rodríguez Sol, ni comunicados de condena, ni notas solidarizándose. Silencio.
CUANDO LOS MALOS SON LOS POLICIAS ¿QUIEN NOS PROTEJE? CUANDO NADIE SABE QUIEN ES M.RAJOY EN LA CALLE GENOVA 13 SEDE DEL PARTIDO POPULAR TE PUEDE ESPERAR CUALQUIER COSA. COMO LA "KIITCHEN" O QUE EL MINISTRO FERNANDEZ DÍAZ LE DIGA AL OTRO GOLFO "ESO TE LO AFINA LA FISCALIA"
No hay comentarios:
Publicar un comentario