AGUIRRE CON GONZALEZ, GRANADOS NO ANDARÍA MUY LEJOS.
“La impunidad del mundo es tan inabarcable, tan antigua y larga y ancha que hasta cierto punto nos da lo mismo que se le añada un milímetro más”. Así lo dejó escrito Javier Marías en Los enamoramientos, pero al Ojo, tan admirador del gran novelista, le parece justa y cierta la primera parte de la frase, pero no se resigna a aceptar la segunda. No, nos da lo mismo ese añadido al general conjunto, por muy mínimo que sea. Por eso, por ejemplo, no deben quedar impunes las matanzas rusas de Buchan o Izium. O los bombardeos sobre ciudades ucranianas, o cualesquiera otros actos atroces de una guerra estúpida y brutal.
La impunidad pública o privada es, además de injusta, cruel, y se convierte en una de las tragedias que más pesar causan a quienes añaden a su sufrimiento ver cómo se libran del justo castigo los culpables del crimen por la incuria, la colaboración culpable o el desistimiento de quienes debían intervenir para restaurar, al menos en parte, el dolor con la justicia. De ahí que aplaudamos la nueva Ley de Memoria Democrática, una posible vía para paliar, en lo que se pueda, el dolor causado por la feroz dictadura franquista. Como es de obligado cumplimiento investigar los 864 asesinatos de ETA: los familiares de las víctimas se merecen el esfuerzo de que no queden impunes. Tampoco se deben olvidar los más de 600 muertos causados por las fuerzas de orden público durante la Transición. Los padres, esposos o esposas, hijos o nietos de los vilmente arrebatados a sus familias quieren saber qué pasó con ellos, por qué murieron y, en algunos casos, dónde están sus cuerpos. ¿No es justicia atender su llamamiento?
Y si avanzamos en el tiempo hablando de fallecimientos y de impunidad, llegaremos a la pandemia de covid de 2020, y concretamente a la situación aterradora que se vivió en la Comunidad de Madrid. Ya puede negar Isabel Díaz Ayuso la iniquidad de su Gobierno por activa y por pasiva, pero la realidad, documentos, actas, declaraciones de los interesados, etcétera, etcétera, demuestran que la reina del vermú y sus consejeros implementaron en marzo y abril de aquel año los llamados “protocolos de la vergüenza”, por los que los ancianos que estaban en las residencias no fueron trasladados a los centros hospitalarios y allí se los condenó a muerte sin posibilidad ninguna de salvación. Difícil, muy difícil, saber cuántas defunciones se debieron a aquella crueldad innecesaria, pero existe una investigación de Envejecimiento en la Red que revela, que la incidencia de defunciones en las residencias de ancianos de Madrid, comparándolo con el número de residentes, es casi un 53% superior a la media de muertos registrados en los geriátricos del resto de España. Terrible la prohibición de hospitalizar y terrible la desvergüenza de los dirigentes de la Comunidad, encabezados por la inefable Díaz Ayuso, pero aún sería más terrible si la Fiscalía y los jueces dejan impunes aquellas muertes inhumanas y dolorosas. Hay que investigar qué pasó, por qué se dictaron aquellos protocolos y, obviamente, quién es el último o última responsable de aquel desastre. Esta salvajada no puede quedar impune.
Claro que de la Comunidad de Madrid y el reinado del PP puede esperarse cualquier cosa. Admirémonos de cómo la expresidenta, la desvergonzada Esperanza Aguirre, rodeada de delincuentes por el este, el oeste, el norte y el sur, varios de ellos en la cárcel, sigue tan telenda, que el juez García Castellón dice que sí, que indicios hay de que algo sabía, pero que no puede probarlo. Así que carpetazo, para qué vamos a investigar más, y el que venga detrás que arree. Silba Aguirre y canturrea pío, pío, que yo no he sido ni nada he sabido, presidenta que de nada se enteraba, vaya galardón. A no ser que se dé otra circunstancia en los casos en los que está inmersa la expresidenta: que tengamos algunos jueces con los ojos y los oídos tapados por algún extraño motivo, que todo puede ser, un gremio del que mejor no hablemos.
Y ya puestos a pedir que no haya impunidad para los culpables de delitos execrables, el Ojo está ansioso por saber cómo acaba la investigación del Defensor del Pueblo, de la emprendida por la Iglesia y sus asalariados nada espera, y nos desvele los resultados sobre los miserables abusos de religiosos a niñas y niños indefensos. ¡Qué vergüenza, décadas y décadas! No ya repugnan las sucias manos de esos curas, sino la impunidad -sí, absoluta impunidad- con la que delinquieron durante años, mientras los otros religiosos, los obispos, los arzobispos, los cardenales y hasta el mismísimo Papa de Roma, coronado con la mitra y calzado con las borladas zapatillas rojas, buscaban refugios y retiros dorados para los repugnantes pederastas.
Adenda. ¿Y qué tal si al final, tras esa guerra entre Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior español la Justicia averigua qué ocurrió en la verja de Melilla el nefasto 24 de junio de este año? ¿Quedarán impunes aquellas muertes, aquellas devoluciones en caliente? Siempre, siempre, estaremos en contra de la impunidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario