A Esperanza Aguirre le toca (otra vez) el Gordo (El gordo es García Castellón)
El juez García Castellón, que cualificados observadores sitúan en la órbita del PP, descarta procesarla porque "no hay evidencias" de que conociera la trama corrupta.
El Gordo de la Lotería de Navidad no es como el cartero, que siempre llama dos veces. Como la muerte, el Gordo solo toca una vez y siempre a los otros; cuando la muerte nos toca a nosotros es porque hemos dejado de ser nosotros para pasar a formar parte de los otros. Cuando, milagrosamente, nos toca el Gordo, nadie sospecha; en cambio, si nos toca dos y no digamos tres veces, nadie tiene duda: ha habido tongo.
Y lo mismo que hay un Gordo de Navidad, hay un Gordo judicial, si bien con la particularidad de que es un Gordo inverso que consiste en que no te toque nada pese a llevar muchas más papeletas que el batallón de subordinados tuyos a los que, en cambio, sí puede que les toque la pedrea de unos cuantos años de cárcel.
Esperanza Aguirre es una mujer con suerte, aunque la suya sea una suerte bajo sospecha de tongo. El último Gordo con que ha sido agraciada por la justicia se ha conocido este viernes pasado: el juez Manuel García Castellón, que cualificados observadores sitúan sin reparos en la órbita del PP, la ha excluido de los ocho procesados en la enésima pieza de la macrocausa Púnica de financiación irregular del Partido Popular.
Las primeras informaciones periodísticas que evidenciaban que algo olía a podrido en las cuentas del PP de Madrid datan de 2009. Las firmaban en el diario Público los periodistas Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez, que accedieron a la documentación sobre la contabilidad de la fundación Fundescam, la herramienta utilizada por el partido para captar fondos ilegalmente y destinarlos, no menos ilegalmente, a financiar campañas electorales. La presidenta del Gobierno de Madrid era Esperanza Aguirre, pero no sabía nada. La presidenta del PP de Madrid era Esperanza Aguirre, pero no sabía nada. La presidenta de Fundescam era la misma Esperanza Aguirre, pero tampoco ella sabía nada.
Pese a haberla imputado en 2019 a petición de la Fiscalía, finalmente el juez la deja fuera de la causa. A raíz de aquella imputación, finalmente desestimada, fue llamada a declarar porque entonces sí había suficientes indicios para considerarla la “supervisora última” de la trama creada para la “búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionada”, algunas de ellas dirigidas a “fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta”.
Todo aquello ha quedado milagrosamente en nada. Tras varios años de instrucción, juez y Ministerio Público –con la discrepancia de dos de las fiscales del caso– entienden que “del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos”. Igualmente, “no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”.
No es la primera vez que jueces y fiscales le son propicios a la expresidenta. Ya ocurrió los casos del bluf de la ciudad de la justicia, del campo de golf del Canal Isabel II o de su fuga de la Policía tras aparcar en un carril bus en pleno centro de Madrid.
Que la justicia dictamine que el máximo responsable de una institución conocía los delitos cometidos por sus subordinados depende mucho del juez y se diría que bastante de la militancia del político. Esperanza Aguirre no es la única política del PP a la que le ha tocado el Gordo de la exculpación con el argumento de que no tenía por qué conocer lo que hacían a sus espaldas las listísimas ranas de la charca gobernada por ella. Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal están teniendo la misma suerte en las investigaciones judiciales de los casos Bárcenas o Kitchen. Y lo mismo le ocurrió a la senadora y exalcaldesa jerezana del PP María José García Pelayo en la pieza sobre Fitur de la trama Gürtel.
Justo todo lo contrario de lo que les ha ocurrido a los políticos socialistas andaluces del caso de los ERE. Pese a no haber ninguna prueba material, al parecer Chaves, Griñán o Vallejo sí tenían que conocer necesariamente –por cohone– que algunos de sus subordinados estaban malversando fondos públicos. Para ellos no ha regido lo de que “no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que eran conocedores” de hechos delictivos cometidos en el seno de la Junta de Andalucía. El 'in dubio pro reo' va por barrios.
Que a alguien le toque el Gordo más de una vez es sospechoso. Que les toque varias veces a los miembros de una misma familia es un escándalo. Habría que vigilar más de cerca a los tipos que manejan el bombo de las bolitas.
GRIÑAN TENÍA QUE CONOCER NECESARIAMENTE --POR POCOHONE-- QUE SUS SUBORDINADOS MALVERSABAN FONDOS PUBLICOS.
AGUIIRRE DESCONOCIA QUE SU CHARCA DE RANAS ERAN UNA PANDA DE GOLFOS QUE TRABAJABAN PARA QUE AGUIRRE SIGUIERA EN LA PRESIDENCIA. --MANDA CHONE--
Aqui esta García Castellón para anular la evidencia. Manda huevos.
Y luego nos piden confiar en la Justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario