FELIPE ESTÁ MUY MAL ACONSEJADO
El rey que no amaba a la monarquía
Con su soberbia, sus inclinaciones derechistas y sus ataques al Gobierno, Felipe VI está haciendo más que nadie para acabar con la institución que representa
ME HAN EDUCADO CON UNA NORMA: TÚ EN TU SITIO, VER OIR Y CALLAR.
FELIPE VI DESDE EL DISCURSO DE OCTUBRE DE 2017 TENÍA QUE HABER APRENDIDO QUE ES MEJOR ESTAR CALLADO QUE DECIR INCONVENIENCIAS
EL PODER JUDICIAL "HABLA POR SUS SENTENCIAS" COMO LA DEL SUPREMO QUE EXPULSÓ A BALTASAR GARZÓN POR METERSE CON EL FRANQUISMO.
En la toma de posesión de los nuevos jueces, a Felipe VI se le impidió que fuera. Felipe VI se ha portado con Cataluña como Felipe V. Si hubo la llamada a Lesmes para decir alguna inconveniencia sobre su ausencia se le recuerda a Felipe VI que el está a las ordenes del Gobierno y que si no le gusta y tiene tentaciones como su antecesor Alfonso XIII, se le recuerda que tuvo que abandonar España y que él es el heredero del designado por el asesino general Franco .Nadie le ha pedido que esté donde está.
A Lesmes, presidente del T.S. y del CGPJ, recordarle que lleva dos años de interino por prescripción de su tiempo legal. Que no es de recibo seguir nombrando cargos cuando se esta caducado. Esto es lo más elemental de una democracia: en la prorroga solo se tratan asuntos de tramita que no tengan trascendencia. A algunos jueces hay que explicarles lo obvio porque están tan su mundo de superpoder que ven como normal lo que es anormal.
Llevamos dos años de bloqueo del Poder Judicial por culpa de Pablo Casado al que le interesa tener a estos jueces, los jueces no deben ser de nadie pero lo son. Sí señores del Poder Judicial, no engañan a nadie, son afines al PP. Siempre lo han sido. Recuerdo los años del franquismo y las sentencias bochornosas, como las actuaciones de la Fiscalia al servicio del poder de Franco y de las oligarquías del momento.
El pueblo español no confía en la justicia y, esto que es la mayor tragedia los señores del Poder Judicial se lo toman a chanza. Un escandalo.
El pueblo español no confía en la justicia y no quiere al rey Felipe VI. Ambos se apoyan el uno en el otro para seguir en el poder. ¡estamos buenos!
Jurídicamente, el rey es un no-poder. No tiene voluntad propia, más allá de la gestión de su casa y su patrimonio. Políticamente su única función es dejarse hacer. En nuestra norma suprema tiene un estatus de símbolo; parecido al de la bandera. Su papel público no es muy diferente al de una imagen de madera que se paseara para invocar a la lluvia o agradecer el final de un terremoto. Eso es lo que dice la Constitución.
Sociológicamente, sin embargo, el rey es la conexión con los poderes fácticos que controlaban el país a finales del franquismo. Al rey se le mete en la Constitución como garantía de continuidad que tranquiliza a los poderes económicos tanto como a la Iglesia o el Ejército. En el proceso constituyente, esos poderes lucharon por otorgarle unas facultades de mediación que le hubieran permitido tener control sobre el Gobierno y el Parlamento. Afortunadamente, se impuso la razón y en el texto final de la Constitución aparece desprovisto absolutamente de cualquier facultad de decisión. Sin embargo, la carga simbólica como representante de la constitución material del país nunca la pierde.
No se sabe si ese día decidió que ya se había quitado la careta o, tras aquello, las presiones de “los suyos” han ido en aumento, pero lo cierto es que desde entonces los actos del rey parecen guiados por una voluntad irredenta de acabar con la monarquía.
La pésima gestión de los escándalos de corrupción del rey honorario, ahora huido en el golfo Pérsico, se ha combinado con los continuos desplantes al Gobierno progresista de una Casa Real que se siente cómoda en manos de la ultraderecha. Hace poco, con ocasión del homenaje a las víctimas de la covid, no tuvo reparos en atacar al Gobierno por su homenaje civil y apostar con descaro por la ceremonia organizada por el sector más radical de la Iglesia católica.
Estos días el entorno del rey vuelve a cargar contra una decisión del Gobierno: no se ha cortado en transmitir a la opinión pública el deseo del monarca de asistir a una entrega de despachos judiciales en Cataluña a la que el Gobierno había decidido que no fuera.
Constitucionalmente, el rey no tiene más voluntad que la del gobierno democráticamente elegido en cada momento. Es el gobierno, que encarna la voluntad popular, quien tiene la facultad de dirigir políticamente a la sociedad. Solamente el gobierno salido de las urnas puede valorar la oportunidad o no de la presencia del rey en uno u otro acto. Para garantizarlo, la Constitución establece en su artículo 56 la nulidad de cualquier acto del rey que no cuente con el refrendo gubernamental.
Felipe VI parece que no está contento con este sometimiento a los poderes democráticos electos. Maniobra con descaro en apoyo de las tesis más conservadoras minando deliberadamente la autoridad del Gobierno.
En una actuación inédita en cualquier monarquía parlamentaria, el propio monarca ha azuzado a la judicatura y la derecha política contra el Gobierno. Reivindica con ellos que su papel está en Cataluña, apoyando a un poder judicial cada vez menos imparcial en su lucha contra el independentismo. Así, nuevamente, quiere imponer su posición política conservadora sobre las decisiones del Gobierno progresista.
Es absurdo pensar que nadie haya advertido al monarca de los peligros para su institución que conlleva este desafío. Al confrontar al Gobierno, Felipe VI no sólo se echa en manos de la España más reaccionaria, sino que rompe brutalmente con el papel constitucional del rey. Si lo hace es porque está convencido de que ya se ha roto la baraja. La única explicación lógica es que actúa pensando ya en una ruptura constitucional en la que la izquierda plantee la solución republicana. Parece creer que le conviene más recabar nuevamente los apoyos del Ejército, la Iglesia, los jueces y la ultraderecha agresiva para imponer de nuevo la corona en un escenario de conflicto. Así que se salta las reglas del juego.
Se equivoca. La monarquía parlamentaria es un sistema democráticamente aceptable, pero sólo si quien la ejerce se somete a los poderes democráticamente elegidos. Con su soberbia, sus inclinaciones derechistas y sus ataques al Gobierno, Felipe VI está haciendo más que nadie para acabar con la monarquía. Tal vez sea un irresponsable o tal vez simplemente añore el exilio.
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