La ‘operación Catalunya’, el primer episodio de las maniobras parapoliciales contra la oposición que se desarrolló durante el Gobierno de Mariano Rajoy, será objeto de investigación parlamentaria a partir del martes. Las posibilidades de que los diputados obtengan novedades sobre la “guerra sucia” al independentismo catalán entre 2012 y 2016 se ven limitadas, de nuevo, por dos obstáculos principales: los comparecientes tienen obligación de acudir pero no de contestar, con el añadido de que quienes están inmersos en procesos judiciales, y, por otra parte, el carácter de “secreto” que a buen seguro esgrimirán sobre el trabajo que realizaban.
Este segundo motivo, el del material clasificado secreto, es el escudo tras el que puede refugiarse una de las principales novedades de esta comisión, la exvicepresidenta del Gobierno y máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia durante la época, Soraya Sáenz de Santamaría.
La oposición, con especial protagonismo del PSOE en aquella decisión, evitó llamarla a declarar durante la comisión de investigación del caso Kitchen por su estado de salud. Sáenz de Santamaría es una de las veinte personas llamadas a comparecer. Su testimonio debería poder aclarar cómo es posible que el servicio de Inteligencia no conociera, si es que no participó en ellas, operaciones extrajudiciales para frenar el proceso soberanista.
La operación Catalunya ya fue objeto de una comisión de investigación en el Parlament catalán. Fue en 2017 y ya entonces concluyó que las maniobras parapoliciales contra el procés fueron “una guerra sucia” desde los aparatos del Estado para contrarrestar al independentismo. La comisión de Kitchen responsabilizó a Mariano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno, de la operación. Los reproches, por tanto, ya fueron los mayores pero ni una comisión ni otra aportaron novedades que sirvieran para abrir una causa judicial o fortalecer las ya existentes. El reglamento del Congreso incluye la posibilidad de poner en manos de la Fiscalía las conclusiones de sus comisiones.
El primer convocado esta vez, Francisco Martínez, es ya un veterano de comisiones del Congreso y sedes judiciales. Martínez se enfrenta a quince años de cárcel por su papel en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados del Ministerio del que era número dos, el de Interior. Como secretario de Estado de Seguridad, Martínez tenía el cometido de coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y desde ese puesto habría participado en el ‘caso Kitchen’ y, como poco, debía conocer el desarrollo de la ‘Operación Catalunya’.
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