Ayuso y Aguirre ponen en pie de guerra a los desalojados por la línea 7B: “Mienten porque están acorraladas”
Una intervención televisiva de la expresidenta y otra de la actual líder en la que culpan a los Ayuntamientos de Coslada y San Fernando soliviantan a las más 150 personas que han perdido sus casas
Esperanza Aguirre habla de “la niña” para referirse a una profesional del programa Todo es mentira. Está en directo y recuerda que le ha enviado una foto a la productora porque quiere que la emitan. Es martes y acaba de arrancar un giro en la estrategia con la que el PP afronta el desastre causado por la línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares (40.000 habitantes), donde la llegada del suburbano, impulsada en 2007 por la expresidenta, ha derivado en que más de 150 vecinos hayan tenido que abandonar sus hogares.
“Fue la alcaldesa de entonces, Montserrat Muñoz, de IU, la que decidió y exigió (...) que se cambiara el trazado (...) ¡Y me echan la culpa a mí!”, dice Aguirre, mientras se emite la foto de la corporación municipal de la época celebrando la llegada de la tuneladora del metro. “Fueron los ayuntamientos de la izquierda quienes insistieron en la ampliación”, repite un día después sobre Coslada y San Fernando Isabel Díaz Ayuso. El intento coordinado de las dos baronesas para diluir la responsabilidad de la Comunidad pone en pie de guerra a los afectados y también a los expolíticos a los que ahora el PP quiere poner en la diana.
“Hay una sentencia de 2019 que dice que la Comunidad es la responsable. ¿Qué más quieren?”, se queja por teléfono la exalcadesa de San Fernando. “En el año 2006, la Comunidad plantea la ampliación del metro desde la estación de Jarama hasta el hospital del Henares, ya en Coslada. Esta ampliación ni la pide, ni la conoce, ni la comparte, ni la quiere, San Fernando”, recuerda. “En todo caso, el Ayuntamiento no tiene competencia ni para decidir el trazado, ni hace el proyecto, ni los estudios [previos del terreno], ni lícita la obra, ni contrata a la empresa”, añade.
“Que Aguirre y Ayuso hagan referencia a la responsabilidad de los ayuntamientos, cuando saben que es ninguna, pretende enfangar el asunto y distraer la atención sobre el problema que sufren muchos vecinos, que no están siendo atendidos como merecen por la Comunidad, y que siguen sin ver resuelto el problema de haberse quedado sin casa”, denuncia. Y afirma: “Lo que dice Aguirre es mentira, se inventa que enviamos aquella foto como felicitación de Navidad, porque está acorralada y echa balones fuera. Es para desviar la atención sobre su ineficacia”.
La sentencia de 2019 a la que hace referencia Muñoz es taxativa. “La causa del problema radicó, efectivamente, en el diseño de la permeabilidad del pozo, cuya responsabilidad no puede atribuirse a Dragados, S.A. [la ejecutora de la obra] sino a Mintra [acrónimo de Madrid Infraestructuras de Transporte, una empresa pública dependiente de la Comunidad] que supervisó y aprobó el modificado del proyecto que incluía la ejecución del pozo de bombeo como permeable, lo que se reveló como el defecto de proyecto determinante de la inundación del túnel”, se lee sobre el origen de las filtraciones de agua que acabaron por diluir parte del terreno, desestabilizando los edificios levantados sobre él. “La causa de la ruina producida fue el defecto del proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades del terreno que exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó y ejecutó conforme al proyecto de la obra”.
El problema nace en 2007 cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, celebra la inauguración de la línea 7B, hecha a toda prisa para que se estrene justo antes de las elecciones. Desde el primer día, las obras provocan algo parecido a un terremoto en el subsuelo: facilitan que el agua entre en contacto con la sal que entrevera el terreno, disolviéndola y causando un corrimiento de tierras que hace que los cimientos de los edificios pierdan pie. Las consecuencias han sido dramáticas y se conjugan aún en presente: como una mancha de aceite, el agua avanza bajo suelo afectando hoy a este edificio y mañana a otro, lo que sume a todos los vecinos del municipio en la incertidumbre.
Más de 150 vecinos de más de 80 familias han tenido que abandonar sus hogares en algún momento desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus viviendas. Quince años después de la inauguración del Metro, ya se han derribado 27 viviendas y otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, según anunció en diciembre la Comunidad, para un total de 54, según cifras de la Administración regional, que no concuerdan con las de la local (que dice tener constancia de 53). La línea 7b ha sido cerrada nueve veces por reparaciones, lo que ha resultado en un total de más de tres años sin dar servicio. Y muchas familias siguen viviendo entre grietas, ruidos tenebrosos y el miedo permanente a que se les caiga el techo encima.
“Todo es intentar tapar las cosas”
“Lo de Esperanza Aguirre es patético”, se queja en rueda de prensa Eloy Rodríguez, miembro de la plataforma de afectados señalado directamente en televisión por la expresidenta, debido a su pasado como concejal de IU en el municipio. “Está en una lucha de desprestigio, y al que pillan por medio lo quieren crujir”, lamenta. “Todo es intentar tapar las cosas. No quieren hablar de la barbaridad, de la salvajada que cometieron con la administración del agua”, denuncia Rodríguez.
Con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo ya en el horizonte, el enfrentamiento es total. El PP ha virado: no está dispuesto a sufrir en exclusiva el desgaste electoral del drama, que se tradujo en una manifestación improvisada y llena de gritos (”menos propaganda y más soluciones”) cuando Díaz Ayuso visitó la zona. Los vecinos no ceden: no están dispuestos a que se diluyan las responsabilidades, ni a que se retire el foco de sus desalojos para ponerlo en la lucha política.
Porque para los que ya no tienen casa, llega un momento clave. Tienen apenas 15 días para decidir si aceptan la indemnización patrimonial que les ha propuesto la Comunidad: de 136.000 a 355.000 euros por sus viviendas (lo que supone valorar el metro cuadrado en 2.682 euros) y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. La alternativa es acudir a los juzgados y prolongar el sufrimiento para lograr una mayor compensación porque el metro les haya dejado sin los recuerdos de su pasado, sin alegría en el presente, y sin esperanza en el futuro.
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