LA JUSTICIA EN ESPAÑA DECIDE MÁS QUE LOS VOTOS DE LO CIUDADANOS
El primer golpe de estado en el sentido más fuerte del término protagonizado por el poder judicial se produjo en los Estados Unidos de América en el año 2000. Ante la evidencia de que el recuento de los votos en el Estado de Florida conducía inexorablemente a la victoria de Al Gore sobre George Bush Jr., la Corte Suprema ordenó la detención del recuento, permitiendo de esta manera que el candidato republicano se convirtiera en presidente de los Estados Unidos.
Nunca podremos saber qué habría pasado si Al Gore hubiera sido presidente. ¿Se hubiera producido el atentado de las Torres Gemelas en 2001 o se hubiera abortado la operación terrorista? ¿Se habría iniciado la guerra de Irak con base en la mentira de las “armas de destrucción masiva” en manos de Sadam Hussein o se habría evitado? No podremos tener nunca respuestas para estos interrogantes, pero tampoco podremos dejar de tener dudas acerca de la posible respuesta que hubieran tenido con un presidente con la formación y la fibra moral de Al Gore.
En todo caso, lo que dejó claro la Corte Suprema de Estados Unidos es que desde el poder judicial se puede dar un golpe de Estado y sustituir la manifestación de voluntad de los ciudadanos expresada mediante el derecho de sufragio por la voluntad de los magistrados designados por Presidentes republicanos. No fue la mayoría demócrata expresada en las urnas la que decidió quién iba a ser presidente, sino la mayoría republicana en la Corte Suprema la que tomó la decisión.
Ese precedente, del que la propia Corte Suprema de los Estados Unidos se avergüenza y no ha vuelto a mencionar en ninguna decisión posterior, no ha vuelto a repetirse con esa contundencia ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Pero ha seguido ocupando un lugar destacado en la estrategia del Partido Republicano. El control de la Corte Suprema, que siempre ha jugado un papel importante en la estrategia política de los dos partidos de gobierno, demócrata y republicano, ha adquirido una nueva dimensión a partir de la sentencia del año 2000 que hizo a George Bush Jr. presidente. De ahí que la mayoría republicana en el Senado impidiera que Barack Obama pudiera proponer un candidato para una vacante en el último año de su mandato y que, sin embargo, Donald Trump pudiera proponer una candidata en los últimos meses del suyo tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg. Ello le ha permitido a la Corte Suprema eliminar el derecho a la interrupción del embarazo reconocido en 1973 en el caso Roe vs. Wade y le permite tener en la cartera la adopción de otras varias decisiones que pueden influir de manera importante en el resultado de las próximas elecciones.
La influencia del precedente del año 2000 se ha hecho notar fuera de los Estados Unidos. En España se haría uso de dicho precedente, no a través del poder judicial en sentido estricto, sino a través del Tribunal Constitucional con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El PP consiguió que una norma aprobada cumpliendo escrupulosamente lo previsto para su reforma tanto en el propio Estatuto de Autonomía como en la Constitución y que había sido el resultado de un pacto entre el Parlament y las Cortes Generales ratificado posteriormente en referéndum, fuera parcialmente anulada por el TC, que impuso además una interpretación vinculante de un buen número de artículos, con lo que dejaba sin sentido la reforma aprobada.
La STC 31/2010, como he subrayado en varias ocasiones, fue un golpe de Estado, en la medida en que el TC quebró los dos pilares en que descansaba el pacto de 1978 sobre la Constitución Territorial: el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y el referéndum de ratificación de dicho pacto. El TC anuló el pacto entre los dos Parlamentos y desconoció el resultado del referéndum. Desde entonces el TC de manera ininterrumpida y, a continuación, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con el aval de un Consejo General del Poder Judicial con mandato prorrogado, han sido los instrumentos de elaboración de política territorial por parte del PP hasta hoy.
El golpe de Estado del 2010 a través del TC, le permitió al PP conseguir en 2011 la mayor acumulación de poder de toda su historia, aunque dicha acumulación la agotaría en una legislatura. En las elecciones del 2015 la derecha pasaría a ser minoritaria, aunque hasta la moción de censura de 2018 no se podrían extraer las consecuencias en la forma de cambio de gobierno.
A esa pérdida del Gobierno ha respondido el PP boicoteando la renovación del CGPJ, con éxito hasta el momento, y también la del TC, aunque esta última no ha podido mantenerla. Pero no sin haber intentado en estas últimas semanas dar un golpe con la finalidad de crear una situación que pudiera poner en cuestión la continuidad de la legislatura.
La derecha española lleva imitando la estrategia del Partido Republicano desde principios de los noventa del siglo pasado. José María Aznar construyó el PP con el partido republicano de Ronald Reagan como punto de referencia. Después se sumó a la estrategia de George Bush Jr. en la guerra de Irak. Y en la misma dirección siguió Mariano Rajoy con la utilización descarada del CGPJ, TC, TS y AN, para llegar al poder primero y para limitar las consecuencias de la pérdida del Gobierno después.
El sistema político español necesita ser desinfectado primero y reformado después, para evitar que el poder judicial pueda ser utilizado políticamente de manera desviada. Hay que intentar poner fin a la utilización del poder judicial y del TC como instrumentos para imponer una determinada política. Hay que convertir en imposible la imitación de la estrategia del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todavía queda mucha tarea por hacer. Espero que nadie lo pierda de vista. 2023 va a ser un año decisivo.
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