En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha rechazado los argumentos del fiscal, que pidió investigar sólo los hechos de un colegio: "Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana".
El juez considera que la investigación deberá determinar si se alteró la convivencia por culpa de los agentes, de los manifestantes o por una combinación de ambos.
"Ante la avalancha de denuncias y partes médicos derivados de la actuación de los agentes del CNP --Policía Nacional-- el día 1 de octubre en esta ciudad, debe rechazarse la petición del fiscal de investigar únicamente los hechos ocurridos en la Escola Infant de Jesús, de la calle Avenir de Barcelona, donde paradójicamente afirma el CNP que no actuó", dice el juez.
Si es cierto que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza", concluye el juez.
Sin embargo, el juez le ha respondido que lo que era ilegal era la convocatoria pero "no es ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por una administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó (...) a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado incluido depositar un papel sin valor legal en una urna". Esto es muy importante : los ciudadanos no estaban cometiendo ningún acto ilícito y, por lo tanto no eran merecedores de ningún tipo de reproche. La orden de la PN era no hacer detenciones.
La Fiscalia como en el caso de la Infanta se pone del lado del Gobierno, natural, está sus ordenes y se pasa el principio de legalidad por el forro de sus caprichos.
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