EL JUEZ PEINADO SE METE EN TERRENO PANTANOSO. NO CEJA EN EL EMPEÑO

EL JUEZ PEINADO VA "A POR TODAS" Y SE HA METIDO EN TERRENO PANTANOSO

El juez alarga su investigación a Begoña Gómez pese a los límites de la Audiencia de Madrid y la Fiscalía Europea

• Peinado vuelve a recurrir al secreto de las actuaciones que ya censuraron los jueces de su instancia superior y sigue adelante una vez la Fiscalía europea se ha hecho cargo de los únicos hechos que la Audiencia Provincial estableció que eran susceptibles de ser analizados

• La mujer del César

  • Un juez al que le tocó la grotesca denuncia contra Begoña Gómez, suponemos que por riguroso turno de reparto, la tomó en consideración con absoluta falta de razonamiento a pesar de sus defectos formales e inconsistencia, sabiendo que la persona afectada era la esposa del presidente del Gobierno

  • La mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino parecerlo. Esta frase, que al parecer pronunció Julio César, se ha convertido en un paremio (perdón por el culteranismo), es decir, dicho o frase hecha; precepto, máxima, refrán o construcción lingüística que puede usarse como modismo o locución adverbial y por cualquier enunciado breve, sentencioso e ingenioso que trasmite un mensaje instructivo, incitando a la reflexión intelectual o moral.

    Algunos paradigmas han cambiado sustancialmente. La enseñanza se ha generalizado y son muchas las personas que tienen acceso a títulos o grados de mayor o menor nivel y la posibilidad de encauzar su vida profesional según sus personales intereses. Sin perjuicio de la inmodificable garantía de igualdad y no discriminación, lo cierto es que las circunstancias de la vida colocan a determinadas personas en un estatus que puede modificar o adaptar su actividad profesional por razón de su acceso a relevantes funciones públicas en su entorno personal o familiar.

    Los sistemas democráticos y la lucha de las mujeres por conquistar la igualdad de derechos civiles y políticos han permitido que algunas hayan alcanzado la más alta representación de un Estado: Indira Gandi, Margaret Thatcher, Dilma Rousseff y muchas otras. Sus esposos o parejas han continuado desarrollando sus actividades profesionales sin mayores objeciones y sin que nadie les exigiese renunciar a su trabajo o modo de vida.

    El ejemplo más cercano a nuestra vida política lo podemos encontrar en Carmen Romero, esposa durante muchos años del presidente del Gobierno Felipe González. Cuando llegó al Palacio de La Moncloa se dio la circunstancia de que por primera vez una mujer con trabajo propio e independiente asumía el papel de “primera dama”. En una entrevista dejó para la posteridad un mensaje de rabiosa actualidad: “No hay un estatuto especial para ser la mujer del presidente, sólo luchar por no dejar de ser tú misma”.

    Begoña Gómez se trasladó en su juventud a Madrid, donde decidió escoger su trayectoria profesional, especializándose en mercadotecnia, y accediendo a algunos títulos como dirección de empresas y otros. Desde 2022 codirige la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 contrajo matrimonio con el actual presidente del Gobierno Pedro Sanchez. Durante muchos años sus actividades profesionales eran absolutamente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno mediante la moción de censura a Mariano Rajoy hasta las elecciones de mayo de 2023, las actividades empresariales de Begoña Gómez pasaron desapercibidas para la opinión pública. Ante el evidente éxito de la derecha y extrema derecha, el presidente del Gobierno reacciona convocando elecciones generales para el 23 de julio siguiente. A la vista de su resultado y su nueva investidura, la maquinaria mediática al servicio de la derecha concentra su foco de atención en  las actividades profesionales de Begoña Gómez, alcanzando un nivel de turbulencia que es difícil encontrar en las hemerotecas.

    Como era de esperar, no tardó en entrar en escena el colectivo de funcionarios de Manos Limpias, cuya única actividad conocida es la de regar los juzgados de denuncias y querellas que merecerían ser rechazadas de plano por su absoluta falta de rigor jurídico. Siempre contra personas o partidos políticos de izquierdas y nunca contra el PP o Vox. Un juez al que le tocó la grotesca denuncia, suponemos que por riguroso turno de reparto, la tomó en consideración con absoluta falta de razonamiento a pesar de sus defectos formales e inconsistencia, sabiendo que la persona afectada era la esposa del presidente del Gobierno y que sus repercusiones políticas sobre las elecciones catalanas y europeas eran inevitables, como así se demostró en la realidad, y puso en marcha la maquinaria judicial sin pararse ni un momento en razonar sobre la admisibilidad de ese engendro procesal que le había  tocado en suerte.

    Algunos jueces, y entre ellos el Sr. Peinado, consideran que el sistema procesal penal es como una caja registradora y, cuando les llega el papel que les envía el Decanato, lo convierten automáticamente en una diligencia penal sin tener en cuenta los efectos que esa decisión conlleva para el denunciado o querellado, ignorando que una admisión a trámite automatizada surte unos efectos demoledores. El sistema no funciona como un robot. El art. 313 de la ley procesal penal exige que la querella se desestime si los hechos no constituyen delito, y algo similar dice el art. 269 en relación con la denuncia.

    La desestimación de la querella, sin realizar diligencias de investigación, cuando los hechos no constituyen delito es perfectamente respetuosa con los derechos del querellante y es una consecuencia del deber del juez de proteger los derechos del querellado. De hecho, debe afirmarse que el instructor, como garante de los derechos del querellado, está obligado a impedir que sus derechos fundamentales y, por supuesto, su seguridad jurídica y su tranquilidad personal se vean afectados por una investigación penal sin fundamento.

    Como ha dicho el Tribunal Supremo, “se trata de aplicar el mismo principio que es exigible cuando se trata de restringir los derechos fundamentales del artículo 18 C.E.”  (es decir su derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen), pues “de lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia”. No se puede perturbar a un ciudadano de un modo tan claro si no es en los casos establecidos por la Ley; y esos casos no abarcan la investigación de una conducta que ya prima facie se revela no delictiva. Ahora bien: esta respuesta ha de ser debidamente fundada en Derecho. Como contrapartida, el querellante tiene derecho a una respuesta suficientemente fundada y motivada cuando ve su pretensión indebidamente desestimada.

    La lectura del panfleto presentado por Manos Limpias, que por lo menos reconoce que puede contener hechos falsos, no puede sustentar una decisión tan gravosa y sobre todo de tanto impacto personal y político. A partir de su indebida toma en consideración, se acumulan una serie de anomalías procesales que denotan una ignorancia inexcusable. En primer lugar, dice que solicita la “declaración testifical de la imputada” (!), expresión incompatible con un mínimo conocimiento del derecho. Declara un inaudito secreto del sumario cuando los hechos son públicos y notorios. Sostiene que concurren “sospechosos indicios”, conceptos incompatibles en el proceso penal. La reproducción del audio en el que se toma declaración al director de El Confidencial revela su total ignorancia sobre lo que es un testimonio. Por si faltaba poco, ha abierto una especie de ventanilla en la que, por el módico precio de 10.000 euros, cualquiera puede ejercitar la acción popular y apuntarse al festejo.

    Permanezcan atentos a la pantalla porque sin duda la comparecencia y declaración de Begoña Gómez puede resultar un espectáculo de dimensiones inesperadas. El Consejo General del Poder Judicial, con la legitimidad que le proporciona su actual estado, ha recordado al presidente del Gobierno que debe haber una cierta “contención” en la crítica a las actuaciones judiciales. Ha perdido la oportunidad de recordar a los jueces que deben ser ellos los que tienen que hacer gala de la virtud de la contención. 

  • MARTIN PALLIN LO HA DICHO

Y sin embargo, Juan Carlos Peinado mantiene secreta una parte de la causa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios mientras emprende con publicidad rocambolescas pesquisas, como averiguar quién puso su firma en el Palacio de la Moncloa al recibí de la citación de Begoña Gómez para declarar como imputada. 

Este martes se conoció un auto dictado el pasado viernes en el que el juez acepta la avocación presentada por la Fiscalía europea y se inhibe en favor de esta para que investigue la parte central de la denuncia contra Gómez, esto es, los contratos adjudicados por una empresa pública al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya oferta incluía una carta firmada por Gómez. La Fiscalía europea es competente para investigar este caso porque el dinero procede de la Unión Europea. 

El juez ha informado a las partes de la entrega de esa parte de la investigación a la Fiscalía europea en un escrito donde únicamente plasma la parte dispositiva del auto, la que recoge la decisión que adopta, pero no su razonamiento. Si a eso se le suma el errático estilo del juez al escribir, la confusión es total. La defensa de Begoña Gómez ha remitido un escrito al juzgado en el que pide al magistrado que le informe de qué investiga en estos momentos. 

Peinado había escrito en la parte dispositiva de su auto que acepta la avocación de la Fiscalía europea por los hechos “relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU [propiedad de Barrabés] y Escuela de Negocios The Valley”. A continuación, añadía: “Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en los que se vieran afectados fondos europeos”. ¿Significa esa última frase que si hay otros indicios de delito los investigará? Si son fondos europeos también sería competencia de la Fiscalía europea.

Además, todo lo que no fueran los contratos procedentes de fondos europeos ya había quedado fuera de la causa. El 16 de abril, Peinado abrió unas diligencias previas a partir de una denuncia de Manos Limpias que incluía siete informaciones de prensa y un bulo de un diario digital. Una parte de esas informaciones aludían a la supuesta mediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa a cambio de supuestas prebendas para una de las organizaciones con las que colabora que luego nunca se materializaron. Pero la Audiencia Provincial, al contestar al recurso de la Fiscalía en contra de la investigación de Peinado, estableció que ni el bulo de una subvención a la mujer del presidente que en realidad era una empresaria cántabra que se llamaba igual, ni nada de lo referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”.

Por tanto, si la Fiscalía europea se ha hecho cargo de revisar los contratos con Barrabés y el resto de la denuncia de Manos Limpias no debe ser investigado, ¿por qué no cierra Peinado la causa? Esta confusión ha llevado al abogado de Gómez a presentar un escrito en el juzgado en el que apela al derecho a la defensa de su representada y, por tanto, a pedir que se “aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado”.

La respuesta reside en el secreto que mantiene sobre una pieza separada el juez. Pero el uso de su facultad de declarar secretas las actuaciones -para todas las partes pero no para la Fiscalía– ya fue cuestionado en esta causa por la Audiencia Provincial de Madrid. En el mismo auto en el que establecía límites a la investigación de Peinado, los jueces de la instancia superior le ordenaban levantar el secreto de las diligencias, si bien el magistrado lo había hecho poco antes tras la publicación del contenido del atestado que había ordenado a la Guardia Civil, y en el que también se descartaba indicios de delito por parte de Begoña Gómez. 

Los jueces de la Audiencia de Madrid explicaban que no tenía sentido el secreto que sobre sus actuaciones decretaba Peinado, toda vez que había informado a Gómez de la investigación que pesaba sobre ella y, por tanto, había reconocido así que no había peligro de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la causa. 

El misterio P.D

De lo que el juez sí ha informado con claridad es de su interés por saber a quién pertenece la firma con la que se dio por recibida en la residencia de Begoña Gómez, en el Palacio de La Moncloa, la notificación del juzgado para citarla como investigada el próximo 5 de julio. Tal y como describe en una providencia el propio juez, alguien escribió “P.D” y a continuación “una firma ilegible”.

Esa expresión alude a “Por Delegación” y la firma, según ha podido saber elDiario.es, es de Antonio Camacho, el abogado de Gómez que se encontraba allí preparando su defensa. El juez Peinado va a hacer comparecer como testigo al jefe de seguridad del Palacio de La Moncloa para aclarar el misterio.

• ¿Qué investiga hoy el juez en la causa contra Begoña Gómez? Solo Juan Carlos Peinado tiene respuesta a esa pregunta, después de que la Audiencia de Madrid descartara dos de los tres bloques en los que indagaba el juez a partir de una denuncia de Manos Limpias y de que el tercero, sobre las adjudicaciones que recibió el empresario Juan Carlos Barrabés, haya pasado a ser competencia de la Fiscalía europea. 

Y sin embargo, Juan Carlos Peinado mantiene secreta una parte de la causa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios mientras emprende con publicidad rocambolescas pesquisas, como averiguar quién puso su firma en el Palacio de la Moncloa al recibí de la citación de Begoña Gómez para declarar como imputada. 

Este martes se conoció un auto dictado el pasado viernes en el que el juez acepta la avocación presentada por la Fiscalía europea y se inhibe en favor de esta para que investigue la parte central de la denuncia contra Gómez, esto es, los contratos adjudicados por una empresa pública al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya oferta incluía una carta firmada por Gómez. La Fiscalía europea es competente para investigar este caso porque el dinero procede de la Unión Europea. 

El juez ha informado a las partes de la entrega de esa parte de la investigación a la Fiscalía europea en un escrito donde únicamente plasma la parte dispositiva del auto, la que recoge la decisión que adopta, pero no su razonamiento. Si a eso se le suma el errático estilo del juez al escribir, la confusión es total. La defensa de Begoña Gómez ha remitido un escrito al juzgado en el que pide al magistrado que le informe de qué investiga en estos momentos. 

Peinado había escrito en la parte dispositiva de su auto que acepta la avocación de la Fiscalía europea por los hechos “relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU [propiedad de Barrabés] y Escuela de Negocios The Valley”. A continuación, añadía: “Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en los que se vieran afectados fondos europeos”. ¿Significa esa última frase que si hay otros indicios de delito los investigará? Si son fondos europeos también sería competencia de la Fiscalía europea.

Además, todo lo que no fueran los contratos procedentes de fondos europeos ya había quedado fuera de la causa. El 16 de abril, Peinado abrió unas diligencias previas a partir de una denuncia de Manos Limpias que incluía siete informaciones de prensa y un bulo de un diario digital. Una parte de esas informaciones aludían a la supuesta mediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa a cambio de supuestas prebendas para una de las organizaciones con las que colabora que luego nunca se materializaron. Pero la Audiencia Provincial, al contestar al recurso de la Fiscalía en contra de la investigación de Peinado, estableció que ni el bulo de una subvención a la mujer del presidente que en realidad era una empresaria cántabra que se llamaba igual, ni nada de lo referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”.

Por tanto, si la Fiscalía europea se ha hecho cargo de revisar los contratos con Barrabés y el resto de la denuncia de Manos Limpias no debe ser investigado, ¿por qué no cierra Peinado la causa? Esta confusión ha llevado al abogado de Gómez a presentar un escrito en el juzgado en el que apela al derecho a la defensa de su representada y, por tanto, a pedir que se “aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado”.

La respuesta reside en el secreto que mantiene sobre una pieza separada el juez. Pero el uso de su facultad de declarar secretas las actuaciones -para todas las partes pero no para la Fiscalía– ya fue cuestionado en esta causa por la Audiencia Provincial de Madrid. En el mismo auto en el que establecía límites a la investigación de Peinado, los jueces de la instancia superior le ordenaban levantar el secreto de las diligencias, si bien el magistrado lo había hecho poco antes tras la publicación del contenido del atestado que había ordenado a la Guardia Civil, y en el que también se descartaba indicios de delito por parte de Begoña Gómez. 

Los jueces de la Audiencia de Madrid explicaban que no tenía sentido el secreto que sobre sus actuaciones decretaba Peinado, toda vez que había informado a Gómez de la investigación que pesaba sobre ella y, por tanto, había reconocido así que no había peligro de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la causa. 

El misterio P.D

De lo que el juez sí ha informado con claridad es de su interés por saber a quién pertenece la firma con la que se dio por recibida en la residencia de Begoña Gómez, en el Palacio de La Moncloa, la notificación del juzgado para citarla como investigada el próximo 5 de julio. Tal y como describe en una providencia el propio juez, alguien escribió “P.D” y a continuación “una firma ilegible”.

Esa expresión alude a “Por Delegación” y la firma, según ha podido saber elDiario.es, es de Antonio Camacho, el abogado de Gómez que se encontraba allí preparando su defensa. El juez Peinado va a hacer comparecer como testigo al jefe de seguridad del Palacio de La Moncloa para aclarar el misterio.

¿QUÉ PERSIGUE PEINADO? ESTA CLARO 'JODER LA MARRANA' LAS CONSECUENCIAS SE LA PELAN. TIENE EDAD PARA RETIRARSE A SU CASOPLÓN-ALMACEN Y ESPERAR A QUE EL PP LE GRATIFIQUE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS.

EL DAÑO YA ESTÁ HECHO QUE ES DE LO QUE SE TRATABA