Una querella y un auto infames

Un Fiscal General que, de acuerdo con la opinión de una mayoría aplastante del Congreso de los Diputados, se ha inhabilitado con su conducta para ejercer la función propia de la Fiscalía; un órgano judicial, la Audiencia Nacional, que carece de competencia en los delitos de rebelión y sedición de acuerdo con la interpretación de la ley del Pleno de los Magistrados que la integran; unas conductas de los querellados que casi nadie en la comunidad científica considera que encajan en el tipo delictivo de la rebelión o de la sedición; unas medidas cautelares que no las entiende nadie...

No hay nada ni en la querella del Fiscal ni en el auto de la Jueza que permita que se los considere como actos de administración de justicia. Y lo que no parece administración de justicia, no es administración de justicia, pues la justicia no solamente tiene que hacerse, sino que tiene además que parecer que se hace.

La querella del Fiscal y el auto de la Jueza pasarán a la historia como dos actos infames, que jamás deberían haberse producido.

Es de esperar y de desear que la Sala de la Audiencia Nacional que tenga que resolver los recursos que se presentarán contra el Auto de la Jueza ponga fin a este incidente vergonzoso, que pone en cuestión el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. De no ser así, nos encontraríamos ante un problema mucho más grave, ya que sería nuestro sistema de administración de justicia en su integridad el que se vería comprometido.

Si el auto de la Jueza Lamela es confirmado, difícilmente podremos seguir hablando de España como un Estado de Derecho.