El camino del exceso
No valen los atajos, ni los senderos tortuosos, ni las leyes chicle, ni la razón de Estado tantas veces llamada a la mesa de una Justicia que no necesita de tal aderezo.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional ha ordenado la prisión preventiva para los miembros del Gober que han pasado por su juzgado.
La juez Lamela ha llamado a declarar a algunos de los investigados (imputados) en su causa por sedición. Lamela mantiene la competencia sobre tal delito contra viento y marea. Navega contra una resolución adoptada por todos los jueces de la Sala de lo Penal en 2008 y contra otra del Tribunal Supremo que afirman que los delitos de sedición y rebelión no son competencia de la Audiencia Nacional. Navega contra el hecho cierto de que todas las sentencias dictadas hasta ahora por sedición lo han sido por las Audiencias Provinciales de diversas provincias, tras ser investigadas por un juez de instrucción del territorio. Lamela es muy de navegar contra el viento que antaño soplaron en las jarcias de la Audiencia Nacional. Por eso tiene a los jóvenes de Alsasua presos preventivos como peligrosos FIES aplicándoles una norma posterior a ETA y hecha para los yihadistas, por eso persigue a los sediciosos catalanes con un bagaje jurídico trenzado por la fiscalía al calor del Código Penal del franquismo. Manda huevos.
Esperemos que su persistencia en la competencia sea sometida a la revisión de la Sección Segunda de la Audiencia cuyos integrantes participaron en el auto de Pleno que negaba taxativamente tales competencias.
Entiendo que ha habido un exceso por parte de la juez Carmen Lamela. No tengo evidencias que tales excesos sean a petición del gobierno de Rajoy. Pero me lo malicio.
Alega que Puigdemont está <<fugado>>. Lo primero que se aprende en Derecho es que "solo se responde por los hechos cometidos por uno mismo". NADIE DEBE EXPIAR CULPAS QUE LE SON AJENAS. Lo dice el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Después de la sentencia del TC sobre la privatización de Rumana, decidida por el voto de calidad del presidente García Pelayo, un jurista de prestigio, Garrido Falla, Letrado Mayor del Congreso me dijo en directo: "después de esta sentencia, la seguridad jurídica en España es una moneda al aire". A la vista está.
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