La inspectora que detectó el fraude del novio de Ayuso ratifica que este declaró gastos inexistentes y defraudó 350.000 euros
El informe que redactó el equipo de delito fiscal de Madrid acredita facturas falsas por 1,7 millones de euros que Alberto González Amador empleó para deducirse gastos inexistentes y ahorrarse
Mercedes Urbano López, la jefa de los inspectores del equipo regional de delito fiscal de Madrid, ha ratificado este viernes ante los juzgados de Plaza de Castilla su informe sobre Alberto González Amador ―pareja de Isabel Díaz Ayuso―, donde concluye que este creó facturas falsas para eludir el pago de impuestos y defraudar 350.910 euros a Hacienda, según han avanzado a este periódico fuentes presentes en la declaración. Del mismo modo, la inspectora ha subrayado que la imputación de esos gastos tenía una clara intención de minorar la cuota tributaria.
Urbano ha acudido a declarar como testigo ante la jueza María Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, para ratificar y aclarar el informe que firmó sobre los indicios de fraude fiscal de González Amador, imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Junto a Urbano también ha sido citada como testigo este viernes otra de las inspectoras del equipo regional.
Ese documento acredita la existencia de hasta 15 facturas falsas por 1,7 millones de euros que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid empleó para deducirse gastos inexistentes. El informe señala, además, que González Amador tuvo una “conducta defraudatoria” y un “comportamiento mendaz”. Para probar el delito de fraude fiscal son clave dos requisitos: que la cuantía defraudada supere los 120.000 euros y que se haya actuado con dolo o voluntad de delinquir.
La investigación tributaria, dirigida por Urban y basada la denuncia de la Fiscalía de delitos económicos contra la pareja de la presidenta madrileña, refleja que la consultora de sellos de calidad de González Amador Maxwell Cremona registró entre 2020 y 2021 un incremento de sus ingresos gracias a la “intermediación en una operación de venta de material sanitario [dos millones de euros en comisiones], y, en 2021, la percepción de unos ingresos cuantiosos [1,3 millones] facturados a su principal cliente desde hace años Quirón Prevención” con “ánimo de minorar su tributación debida”.
Para ello elaboró facturas amañadas. Una de ellas falseaba un gasto de 620.000 euros con una empresa mexicana para deducir menos impuestos. Maxwell Cremona reconoció que el pagó se anuló y nunca se abonó. Otra era de casi un millón de euros por la presunta venta de vacunas a la sociedad de Costa de Marfil GAYANI LTD para las autoridades del país africano, que nunca se ejecutó y nunca se pagó, salvo en la cantidad de 27.000 euros. La empresa de González Amador contabilizó el gasto cuando ya sabía que la operación de venta no se iba a producir.
El informe analiza otras 13 facturas sospechosas por 178.000 euros que “de forma improcedente se dedujo fiscalmente” como gasto. Como consecuencia, apuntan los inspectores en el documento, el empresario dejó de ingresar a la Hacienda Pública “cuotas impositivas por encima de 120.000 euros”, lo que supera el umbral de punibilidad previsto en el Código Penal. El informe detalla que González Amador intentó reparar el fraude en la declaración del año siguiente, un movimiento que prohíbe expresamente la ley.
El Gobierno de Díaz Ayuso, pese a las numerosas pruebas recabadas contra González Amador durante dos años, cuestionó la independencia de los inspectores de la Agencia Tributaria. Es más, denunció públicamente una cacería política y difundió a través del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y sus medios afines un rosario de bulos sobre la situación tributaria del empresario. Uno de ellos, publicado el 13 de marzo, en el que se afirmaba falsamente de que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al González Amador para eludir la cárcel pagando una multa y reconociendo los delitos, cuando en realidad había sido al contrario. Rodríguez escribió en noche en su cuenta de X (antes Twitter) que González Amador no pudo responder a ese pacto porque “la misma Fiscalía “dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.
Esas mentiras obligaron a la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, a informar a la opinión pública sobre la situación real del proceso. Pero esa respuesta del ministerio público ha ocasionado la apertura de una causa penal en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos.
EL MUNDO DEL REVES
Las peritos de Hacienda ratifican ante la jueza que la pareja de Ayuso usó facturas falsas para defraudar 350.000 euros
En un momento de la declaración, el abogado de González Amador ha preguntado a la instructora del expediente si ella y su compañera conocían que su defendido era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Las técnicas han negado que supieran quién era González Amador entonces y han añadido que, en cualquier caso, su relación sentimental con Díaz Ayuso es irrelevante para un inspector de Hacienda si no están casados o son pareja de hecho.
La declaración de la instructora del expediente, que ha explicado el informe de forma pormenorizada, se ha extendido durante casi tres horas. La inspectora ha respondido a las preguntas de todas las partes y la defensa del empresario valora ahora la posibilidad de presentar su propio informe pericial. La otra funcionaria, cuya declaración ha sido más breve, también ha ratificado las conclusiones de la investigación tributaria, de acuerdo a las fuentes consultadas.
El abogado del investigado ha mostrado a las funcionarias fotografías de los viajes que realizó González Amador, según él para cerrar los trabajos correspondientes a las principales facturas falsas que detecta Hacienda. La instructora ha respondido que conoce las fotografías, entre ellas de un viaje a Costa de Marfil y reuniones con sus autoridades. Sin embargo, la perito ha añadido que esas fotos no tienen ninguna relevancia para acreditar que las facturas no sean falsas y respondieran a trabajos reales.
Por su parte, el fiscal del caso ha preguntado a las técnicas de Hacienda si el asesor fiscal de González Amador podía ser conocedor de las irregularidades, presuntamente delitos, que estaba cometiendo el empresario al declarar a Hacienda con facturas falsas. Las peritos de Hacienda han contestado afirmativamente. Se da la circunstancia de que la Fiscalía ha pedido recientemente a la jueza que cite como investigado al asesor fiscal Javier Gómez Fidalgo por su presunta participación en los delitos fiscales de su cliente.
El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía atribuye a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades. Los elevados ingresos de González Amador respondían a que había cobrado casi dos millones de euros por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia.
El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude. La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. En ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.
La declaración de los peritos de la Agencia Tributaria es habitual en las investigaciones por delitos económicos. Las técnicas han ratificado las conclusiones del informe del que dieron traslado a la Fiscalía cuando advirtieron que el fraude de González Amador superaba los 120.000 euros por ejercicio y, por tanto, constituía delito.
El trabajo de las peritos de Hacienda se prolongó 18 meses. El análisis del contenido total de su inspección sirvió para que la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, propusieran la apertura de una pieza separada que investigara nuevos delitos que ellos apreciaban en todos esos documentos recabados por Hacienda. La magistrada rechazó en un primer momento hacerlo, pero tras un recurso presentado ante ella por los partidos, lo reconsideró y abrió una pieza separada, aunque no por todos los delitos que apreciaban las acusaciones populares.
La apertura de esa pieza separada fue recurrida por la defensa de González Amador, pero la Audiencia Provincial de Madrid avaló el pasado 3 de marzo que la investigación contra la pareja de Ayuso se amplíe a su relación comercial con el grupo sanitario Quirón. “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explicaron los jueces. El empresario está citado para comparecer en el marco de esta pieza el próximo 10 de abril.
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